MSP analizó estado sanitario de la ciudad, pero IMM no lo sabe

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RAÚL MERNIES

Aunque la Intendencia de Montevideo lo desconoce, el Ministerio de Salud Pública realizó un estudio pormenorizado de la cantidad, ubicación y estado general de la basura en la capital luego del conflicto y la Emergencia Sanitaria de 2010.

Tras afirmar que se trataba de "información confidencial", Gilberto Ríos, director general del Ministerio del Salud Pública, confirmó la existencia del estudio que realizó su cartera, pero se negó a brindar los resultados.

El trabajo de campo se realizó en Montevideo durante los meses de diciembre, enero y febrero pasados y analizó en detalle el estado sanitario de la capital, luego de la declaración de Emergencia Sanitaria y la intervención de las Fuerzas Armadas, que salieron a la calle a levantar la basura en medio de un conflicto sindical.

El director de Salud de la Intendencia Pablo Anzalone y el responsable de Desarrollo Ambiental, Juan Canessa, afirmaron a El País que desconocían la existencia del trabajo realizado por el MSP.

"Lo único que sabemos es que durante el conflicto sindical, como no había recolección y la cosa se estaba complicando, ellos (funcionarios del MSP) salieron a la calle a ver cómo estaba la cosa y si realmente era necesario decretar la esencialidad. Para determinarlo relevaron los contenedores de la ciudad, pero fue solo por esos días", afirmó Anzalone.

Sin embargo, desde el MSP Gilberto Ríos sí accedió a informar cuáles habían sido los "indicadores" sobre los cuales se había trabajado una vez levantada la esencialidad.

En un documento oficial, la secretaría de Estado informó que la división de Salud Ambiental y Ocupacional tenía identificada la dirección en la que se ubica cada contenedor, su aspecto (en referencia a si está desbordado o no), si hay presencia de residuos rodeándolo, el volumen de los residuos en comparación con la capacidad del contenedor, las condiciones en las que se encontraba la basura (dispersa o embolsada), las características de estos residuos (orgánicos, electrónicos, etc.), la presencia de "vectores" (moscas, ratas, cucarachas, perros, etc.) y finalmente su cercanía con centros de salud, locales educativos u otros centros sociales.

"Los responsables de la recolección de estos datos fueron técnicos de Disao (División Salud Ambiental y Ocupacional) (del MSP) de Montevideo, con frecuencia semanal, durante diciembre, enero, febrero", establece el comunicado del MSP.

Fuentes del departamento de Salud Ambiental también confirmaron a El País que el estudio se realizó en ese período, pero no brindaron más detalles asegurando que "hay lineamientos puntuales sobre la información que se le da a la prensa y el único autorizado es Ríos".

El mismo documento establece también que el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) fue responsable, durante el mismo período, de relevar información respecto de los basurales.

Se detalló la cantidad y ubicación de los focos, el volumen de residuos que acumula cada uno y sus características, la presencia de "vectores" y la cercanía de estos "puntos críticos" a centros poblados, escuelas, liceos o centros asistenciales.

Gustavo Leal, titular del Sinae, afirmó que actualmente no cuenta con esa información y agregó que no le consta que haya registros de un estudio de esas características.

Entre otros reclamos, el sindicato de municipales (Adeom) reclama por más personal para el sector Limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo y asegura que este año se jubilarán unos 200 funcionarios, cuya labor es indispensable para completar, por ejemplo, la recolección de residuos. Según el gremio, si se compara la plantilla municipal de 2005 con la actual faltan unos 200 funcionarios.

Además, el sindicato pretende que algunos servicios de limpieza zonales que actualmente están tercerizados (como los de Ciudad Vieja, Centro y Cordón, a cargo de la firma CAP), sean "remunicipalizados". Pero la IMM extendió el contrato con esa firma el mes pasado. Desde que Ana Olivera asumió, hace un año, el gremio pide un salario mínimo de $ 20.000 para los funcionarios (aspecto principal de la discusión que ocasionó el conflicto), es decir, un aumento de un 30%. Este eventual incremento afectará al alza, además, en los beneficios que tienen los municipales. La manera en que se ajusta el salario también forma parte de los reclamos. Además del ajuste anual por IPC, pretenden un 2.5% extra.