Millones que no se usan

En medio de la crisis que ha sacudido a las naciones más desarrolladas, el Uruguay hace ocho años que no para de crecer gracias a una coyuntura externa especialmente favorable para los países emergentes. Se da la paradoja que han sido los productores de materias primas los más invulnerables frente a la debacle sufrida por el mundo a la vanguardia en ciencia, tecnología, producción industrial. En el continente, por esos mismos motivos, América del Sur ha tenido mejores resultados que la zona del Caribe y la del norte y nuestro país, acompañado felizmente por una política macroeconómica atinada, muestra un nivel de crecimiento que lo destaca en la región.

Junto a esta mayor dinámica, aumentaron los puestos de trabajo, con la consiguiente disminución del desempleo. Pero junto a esta realidad auspiciosa comenzó la percepción de otro fenómeno. Al mismo tiempo que crecía la demanda de trabajadores en todos los sectores, la falta de personal calificado empezó a evidenciarse en las más diversas actividades. La escasez de recursos humanos con suficiente preparación se convirtió en un talón de Aquiles para el proceso de expansión de negocios e inversiones que se genera al son de las buenas condiciones foráneas. Quedó rápidamente en claro la necesidad de crear oportunidades para que los trabajadores pudieran prepararse y así responder a nuevas exigencias, por lo que no sólo las empresas mismas empezaron a organizarse para capacitar a personas interesadas, sino que el Estado también consideró que debía ser responsable de este desafío.

En el 2008 fue creado por la ley 18.406, el Instituto de Empleo y Formación Profesional como persona de derecho público no estatal, de carácter tripartito, sustituyendo a la Junta Nacional de Empleo que se encontraba en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Su objetivo es la formación de los trabajadores del sector privado. Dicho Instituto tiene varios cometidos relacionados con el empleo y la instrucción profesional, a cumplirse por medio de programas, talleres, cursos, apoyo a iniciativas del sector privado o investigaciones. Una de sus misiones es administrar el Fondo de Reconversión Laboral que recibe aportes tanto del Estado, como de los empresarios y los trabajadores, por medio de un porcentaje sobre los salarios.

Sin embargo, a pesar de que se viene hablando hace tiempo de que hay un cuello de botella que entorpece la búsqueda de mano de obra calificada y aumentan las voces de alerta ante este problema que opera en contra del interés, entre otros del gobierno, por promover las inversiones productivas, se nota una gran contradicción entre lo declamado y lo realizado. La diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa hace ya varios meses hizo un pedido de informes, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta, respecto de lo que se ha hecho con el dinero volcado a dicho fondo: qué clase de programas se han llevado a cabo, con qué resultados y a cuánta gente le ha servido.

De acuerdo a uno de los 7 integrantes del directorio del Instituto, el fondo actualmente llega a unos 60 millones de dólares, pero ello no significa una buena noticia, sino que estaría indicando que el Fondo de Reconversión Laboral no cumple con el fin para el que fue creado, que no es el de acumular capital, sino el de ser activo en la capacitación de personal. Además de esta anomalía, se teme que el propio Estado no esté efectuando los aportes que le corresponden.

A no ser que el Inefop conteste de manera amplia y convincente las preguntas sobre lo realizado en estos años, da la impresión que los recientes diplomas entregados a 1.800 personas que terminaron sus cursos en 2010, con la presencia del Presidente de la República, no es suficiente. Más bien parece otra demostración de cómo la actual administración, que recibe mucho dinero gracias al repunte económico experimentado en estos tiempos o lo subutiliza o lo usa mal. Algo que se observa y se repite en ámbitos que van desde la enseñanza, hasta la salud y la infraestructura tanto carretera, edilicia o energética.