La fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero planteó en el Parlamento la necesidad de establecer, en una norma legal, un mecanismo para que los equipos informáticos incautados en casos de redes de pedófilos o de trata de personas puedan ser confiscados y donados a instituciones públicas como escuelas u hogares del INAU.
Ferrero se pronunció a favor de crear una vía similar a la que prevé la legislación sobre delitos marcarios, que habilita a que los productos requisados sean entregados "a instituciones de beneficencia pública o privada".
La fiscal dijo que otra opción es que algunos de los implementos confiscados sean destinados a las unidades policiales encargadas de investigar los casos, "lo que sería un incentivo para los equipos policiales que trabajan en el ilícito", indicó Ferrero cuando asistió hace pocos días a la comisión sobre lavado de activos de la Cámara de Diputados.
La representante del Ministerio Público aclaró a los legisladores que se refiere a los equipos a los que "pueda retirársele el material" vinculado al delito, como el caso de las computadoras, a las que se les extrae "el material pornográfico o lo que tenga que ver con el ilícito del disco duro".
EXTRANJEROS. Por otro lado, Ferrero planteó que se ha generado un "problema" en torno a los extranjeros procesados (principalmente por narcotráfico) que no pueden regresar a su país hasta que no termine el juicio a pesar de haber sido excarcelados. La fiscal dijo que sería positivo que esas personas puedan terminar de cumplir la pena en su país.