Con votos de todos los partidos, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó hoy convocar al ministro de Salud Pública, Daniel Olesker —junto al directorio de ASSE— por las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA).
El llamado, a instancias de los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Antonio Chiesa, tendrá como objetivo echar luz sobre varias de las polémicas surgidas en las últimas semanas respecto al funcionamiento económico e institucional del organismo estatal.
Los problemas en el INCA —creado en 2009— se han multiplicado en los últimos meses: médicos que se declaran en "crisis institucional", denuncias de purgas y "política de terror", compras irregulares, malas condiciones laborales y pérdidas económicas de hasta US$ 800 mil por errores en la conservación de medicamentos.
IRREGULARIDADES. En febrero de este año, el diario El Observador informó que una heladera que guardaba medicamentos quedó con una temperatura inadecuada, lo que rompió la cadena de frío.
Se perdieron medicamentos destinados a pacientes por un valor estimado en US$ 800 mil. Mario Varangot, entonces director del INCA, explicó a la prensa que cuando una medicación no cumple la cadena de frío "ya no es confiable". Tres funcionarios fueron sometidos a una investigación administrativa.
En mayo, El País publicó tres notas sobre los problemas que tenía el instituto.
Uno de los casos saltó a la luz tras una maniobra del director de ASSE, Alfredo Silva, quien destituyó sin fundamentos formales a Carmen Vallejo, jerarca del INCA que trabaja allí hacía 32 años, y en su lugar designó a un administrativo de la Federación de Funcionarios ( ver nota relacionada ).
Los médicos se declararon en "crisis institucional" por los cambios y las dificultades de funcionamiento. Inclusive, una semana antes de los movimientos laborales, Varangot renunció a su cargo "por motivos personales".
El ahora exjerarca no respondió a las llamadas de El País, pero extraoficialmente los funcionarios dijeron que "no soportó la presión" y que "se vio sobrecargado por los conflictos. En su lugar quedó la entonces subdirectora Lilián Aristimuño.
Esta mujer fue denunciada como responsable —junto a la adjunta de dirección y ordenadora de gastos, Andrea Valles— de "enormes irregularidades administrativas", afirmó una fuente médica a El País.
Este médico denunció el gasto de $ 80.000 en "remodelar los escritorios" de ambas funcionarias. "Compraron nuevo material cuando el INCA ya tenía una enorme cantidad de muebles de oficina, que están almacenados en el subsuelo", agregó la fuente ( ver nota relacionada ).