Fatal lentitud

El reciente estudio de Latinobarómetro publicado en este diario el domingo pasado, muestra al Uruguay a la cabeza de un ranking que no da para enorgullecerse en absoluto. Somos líderes en sensación de inseguridad, de acuerdo a un trabajo realizado en abril, respecto de los demás países de América Latina, Portugal y Estados Unidos. Con quien nos podemos tutear es con Venezuela, (ningún consuelo), pues allí esa misma preocupación figuró también en el primer lugar. Podrá decirse que hay muchas naciones en nuestro continente que tienen elevados índices de criminalidad, pero ello no quita el impresionante deterioro ocurrido en nuestra seguridad ciudadana, agravada en sentido inverso al de la actividad económica, la cual se ve reflejada en un mayor bienestar de la población, en la baja del desempleo, en el aumento de las oportunidades y del poder adquisitivo, gracias a lo favorable que han sido las condiciones externas y las consecuencias positivas que producen las políticas de Estado, como se hizo con el sector forestal. Basta circular por las calles para notarlo, a pesar de que al menos por ahora, no han desaparecido ni los cuida-coches, ni los carros de basura.

No hay una sola causa para explicar el desenfreno de la delincuencia local, pero los sucesivos gobiernos del F.A. son grandes responsables. Desde el primer momento, con su mensaje de tolerancia al delito y su evidente rechazo o incapacidad para la represión, a pesar de que con esa actitud se castiga al resto de la sociedad. En el anterior período esa actitud se transmitió no sólo hacia el ámbito delictivo, sino hacia las propias fuerzas del orden, con el consiguiente desestímulo y desmoralización, mientras no se promueve el valor del trabajo, del estudio y del esfuerzo con la aplicación de políticas sociales de corte más clientelistas que formadoras.

Sin embargo, es tan grande la ola de rapiñas, hurtos, copamientos, además de muertes y lesiones, a veces tan graves que arruinan la vida de la víctima, que actualmente el ministro del Interior intenta dar señales de mayor rigor. Por fin se ha aumentado el número de plazas en dos prisiones, en lugar de soltar presos como manera de descongestionar las vergonzosas cárceles uruguayas que fueran denunciadas por su violación a los derechos humanos, en un informe internacional.

Pero la inoperancia de las autoridades es desesperante, al igual que la lentitud de los tiempos en el sector ejecutivo como entre sus legisladores. Han pasado tres meses desde que la bancada del Frente Amplio que acostumbra imponer sus mayorías desde que llegó al poder en el 2005, decidió finalmente hacerle algún caso a la oposición que desde hace años viene planteando medidas para combatir la inseguridad, sin que ni siquiera se hayan tenido en cuenta las 130.000 firmas recogidas por el Partido Nacional, acompañadas por un oportuno proyecto de ley como el de guardar los antecedentes de los menores presentado en tres ocasiones por Luis Lacalle Pou.

En verano se formó una comisión multipartidaria, pero pasaron unos noventa días sin acuerdo. Se han comprometido a presentar en Diputados algunos proyectos antes de fin de mes, pero ni siquiera hay consenso para una ley de mantenimiento del legajo de los infanto-juveniles. Es entonces muy factible que se siga como hasta ahora. Un menor podrá tener una frondosa historia delictiva, cuyo historial se anota o no, en papelitos que quedan esparcidos por los diversos juzgados y al cumplir los 18, quedará "limpio", aun cuando los jóvenes figuran en el 50% de las rapiñas y se escapan de los lugares de internación a razón de dos por día. Inclusive de un centro recién estrenado de supuesta máxima seguridad, luego de serruchar rejas fabricadas con "hierro dulce". A su vez, en el mes de marzo aseguraron que colocarían cercos perimetrales para disminuir las fugas y la instalación llevaría menos de 60 días pero, ¡oh sorpresa!, acaban de informar que habrá que esperar otros 60 más. Y quién sabe. Mientras tanto, los muchachos seguirán huyendo fácilmente y continuarán con su modus operandi.