En el Parlamento

La larga jornada parlamentaria que acaba de finalizar ha sido una dura prueba para nuestra democracia. Felizmente, ha servido para confirmar que en el Uruguay la separación de los poderes, el respeto por el pueblo soberano y los principios republicanos, se mantienen firmes a pesar de todo. Más allá de los persistentes embates que desde hace demasiado tiempo han llevado a cabo dirigentes y representantes del oficialismo, digitados por un poderoso órgano partidario poco transparente. Si bien está clara la intención de aquellos que propugnaron una ley institucionalmente aberrante, la obscuridad respecto de quien o quienes imparten las órdenes a los representantes en el legislativo, es completamente inaceptable en un régimen republicano, donde la legitimidad la tienen los legisladores democráticamente electos. Confusión aumentada a su vez, por la gravedad que encierra el errático comportamiento de quien tiene la responsabilidad máxima pero interpreta que es del partido. Además de que el Presidente Mujica, hasta el mismo día de la sesión en la Cámara Baja, continuó haciendo honor a su inaceptable consigna; la del "como te digo una cosa, te digo la otra".

Después de dos consultas populares, la primera impulsada mientras estaban todavía en el poder los militares, los cuales aceptaron honorablemente el resultado aun cuando les fue adverso, al igual que al Frente Amplio y a las organizaciones civiles que la promovieron en el año 2009, se entendía que registradas ambas respuestas ciudadanas, indicativas de que la sociedad prefería mirar hacia adelante y no hacia atrás, por más trágico que hubiera sido el proceso, era hora de todos aceptar el mandato de las urnas.

Sin embargo no fue así y el temor es que los uruguayos sigan obligados a seguir empantanados con este asunto de la ley de Caducidad, que nació aunque imperfecta, como un pacto social, un elemento de transición hacia la democracia y no es ningún muro inexpugnable. Por algo hay 27 personas presas en la actualidad, aun en edad sumamente avanzada. Y podrán haberlos más en el futuro, por actos reprobables cometidos en tiempos de la represión, justificadamente de seguro algunos e injustificadamente, es posible, otros como el ex canciller Juan Carlos Blanco. Cuando hay tantas otras cosas por hacer para que nuestra nación progrese, aumenten las posibilidades de la gente y sus habitantes se eduquen adecuadamente para poder trabajar y mejorar su nivel de vida, en especial los que están más abajo en la escala social, lo importante es dedicar tiempo, estudio, recursos y esfuerzo, de manera eficaz, cada uno en su sector, incluido el político y el gubernamental, para resolver problemas y necesidades de la realidad actual y no la de hace treinta años. La cual no es cuestión de olvidarla, pero sí de darle su lugar en el pasado.

La preocupación tiene su razón de ser al conocerse las presiones al Presidente de Cámara para convocar a Asamblea General, en lugar de enviar una comunicación a ambos recintos como finalmente se hizo . Más fundado el reclamo, en aquello de que "suele hacerse", que en el contenido de la propia Constitución. También inquieta pensar en el berenjenal y lo negativo que sería para el país, si tal como lo manifestara el diputado Trobo, la oposición resolviera cuestionar la ley de amnistía para los integrantes de los movimientos guerrilleros. Porque no todos purgaron debidamente sus penas por los crímenes cometidos durante el gobierno democrático de la época, con manifiestas intenciones de alcanzar el poder. Y no en un levantamiento contra una dictadura, como se le ha hecho creer a mucha gente y se enseña a los estudiantes con falacias en el aula, en una sesgada tergiversación de la historia.

Es tiempo de encarar el futuro en forma positiva y de que el gobierno sea más eficaz. No se puede continuar en la inoperancia, armando comisiones, anunciando proyectos que quedan en eso o se demoran interminablemente. Falta hace, más seguridad, mejor educación, carreteras y ferrocarril, más vivienda para los indigentes, escuelas, liceos, políticas de estado...