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El liderazgo del presidente Mujica debilitado, el Frente Amplio dividido y malherido, y la imagen institucional del Uruguay dañada, son tres de las consecuencias que dejó el debate en el oficialismo sobre la anulación de la ley de Caducidad.

Así coincidieron cuatro analistas consultados por El País -Jorge Lanzaro, Rosario Queirolo, Eduardo Bottinelli y Juan Carlos Doyenart-, que además no dudan en ubicar al presidente José Mujica como el primer responsable de la crisis que el tema de la ley de Caducidad desató en la interna del partido de gobierno.

Para Jorge Lanzaro, doctor en Ciencias Políticas y fundador del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, el presidente Mujica cometió "un grave error de enfoque" al alegar que la ley de Caducidad era un tema solo del Parlamento y del Frente Amplio. "Grave error de enfoque, sobre todo cuando el tema no estaba en la agenda y tanto Mujica como (el vicepresidente Danilo) Astori habían declarado que no iban a ir en contra de la ley ratificada por referéndum", dijo Lanzaro en referencia al compromiso de la fórmula presidencial del Frente Amplio en la última campaña electoral.

En opinión de Lanzaro, este asunto "entró por la ventana" a partir de la participación del canciller Luis Almagro luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que condenó al Estado uruguayo a eliminar los obstáculos de ley de Caducidad que impiden investigar las denuncias contra represores. Lanzaro agregó que "hay que creer" que este paso dado por Almagro fue "con conocimiento y autorización" del presidente.

"Ha sido una experiencia poco afortunada que muestra las debilidades del liderazgo presidencial, como jefe del Gobierno y como jefe del partido de gobierno, en condiciones muy distintas a las de Tabaré Vázquez y en competencia con las opciones que Vázquez adoptó en la Presidencia. Lo que dicho sea de paso, indujo a Vázquez a incurrir en tropiezos serios, volviendo sobre sus pasos para apoyar el proyecto de ley (de anulación), y volviendo nuevamente sobre sus pasos para apoyar la marcha atrás de Mujica", concluyó Lanzaro.

Una vez aprobado en el Senado el proyecto interpretativo que anula tres artículos clave de la ley de Caducidad, el presidente Mujica pidió a los diputados del Frente Amplio que no lo voten, argumentando que se estaba "pasando por arriba" a dos consultas populares, en 1989 y 2009, que ratificaron la norma. Esta posición de Mujica es compartida por el vicepresidente Danilo Astori, que a su vez dijo que habló con el ex presidente Vázquez e informó a la bancada que éste también estaba en la misma línea.

En el Senado Jorge Saravia votó en contra -ahora se expone a ser expulsado del Frente Amplio-, en tanto el ex tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro votó a favor por disciplina partidaria pero anunció que renuncia a la banca.

Rosario Queirolo, politóloga y docente e investigadora en la Universidad de Montevideo, dijo que esta es la primera vez que el Frente Amplio aparece "con claras divisiones" en torno a la ley de Caducidad. "Ahora hay puntos encontrados visibles que ponen a todos en una situación muy incomoda. Se juega otra cosa, el tema no es Caducidad sí o no, es si podemos desconocer dos pronunciamientos populares", acotó.

Queirolo opinó que además de las consecuencias electorales que este asunto puede traer para el Frente Amplio, el costo mayor es que "las instituciones en algunos casos pueden no ser respetadas; en este caso sería no respetar un pronunciamiento popular".

"Es abrir la puerta de por qué si no las respetamos una vez, no podemos volver a hacerlo, y esto es más importante que el costo electoral", afirmó.

Queirolo coincide con Lanzaro en que el presidente Mujica no pudo controlar la situación, pero insiste en que "el tema más profundo es el respeto a las instituciones".

"Uruguay es un país líder en este tema en América Latina. Para muchos frentistas, tanto políticos como votantes es así, más allá de que seguramente a la mayoría de ellos la ley de Caducidad no les hace ninguna gracia. Es un valor de la democracia uruguaya y una encrucijada para el partido", sostuvo.

Queirolo no prevé que este asunto "dañe" la marcha del gobierno en función de que los indicadores socioeconómicos "están bien". Tampoco observa un "panorama negro" para el Frente Amplio, si bien la coalición de izquierda está ante una "fractura, una crisis" de la que hay que ver "cómo se resuelve".

Esta crisis, según Queirolo, demuestra que Mujica "no es el articulador" que era Vázquez. "El control que ejercía Vázquez, de manejar todos los componentes de un partido tan complejo, con tantas divisiones, Mujica no lo cumple. Y esta quizás es la primera crisis que demuestra eso", dijo.

Para Eduardo Bottinelli, de la consultora Factum, la polémica en torno a la ley de Caducidad "no es un enfrentamiento entre el presidente y el Frente Amplio", sino entre sectores de la coalición de izquierda y Mujica. "Realmente fue muy desprolijo todo", afirmó.

Bottinelli, al igual que Lanzaro y Queirolo, considera que el punto de partida está en el planteo del canciller Almagro a partir del fallo de la CIDH.

"No es la primera vez que pasa, como que dos ministros hacen anuncios contradictorios o por lo menos que no se complementan. En este caso puntual es mucho más notorio", dijo. Y agregó que más allá de que se busque "la salida más decorosa", la imagen del Frente Amplio "está dañada".

Juan Carlos Doyenart, director de la consultora Interconsult, dijo que "el principal responsable del cortocircuito" en el Frente Amplio es el presidente Mujica. "Del Poder Ejecutivo salió la ley interpretativa, o por lo menos así lo expresó públicamente el canciller", explicó.

"Desde el momento que Mujica presenta el proyecto a través del canciller y admite que se siga adelante, se desencadenó un proceso que él mismo fue incapaz de parar cuando se dio cuenta de las consecuencias -políticas y jurídicas- que eso podía tener", sostuvo Doyenart.

El director de Interconsult también compara la actitud de Mujica con la del ex presidente Vázquez. "El gobierno -indicó- terminó haciendo lo que nunca permitió hacer Vázquez y es que la Mesa Política gobernara el país. Vázquez aun antes de ganar el gobierno se preocupó mucho de limitar la potestad de la Mesa Política; lo hizo cuando fue intendente, candidato y presidente. Mujica en esta se equivocó de punta a punta. Si uno permite que la dinámica de la Mesa Política sea la que lleve adelante esos temas y no prevé que pueden pasar estas cosas, se equivoca. Porque la Mesa Política no representa la realidad interna electoral del FA, sino el viejo concepto que la prioridad la tiene la militancia y no los resultados electorales, lo cual hace que los sectores más radicales y con menos peso electoral terminen con más peso político en estos organismos", analizó Doyenart.

"Mujica queda muy mal parado, sale a frenarlo totalmente a destiempo, cuando era un proceso infrenable. Además del error inicial le suma éste, de quedar expuesto públicamente como una persona que no tiene capacidad de control sobre la Mesa Política y que es ésta la que está gobernando y no él", agregó.

"El FA queda malherido y con su división interna más expuesta. Además queda un presidente maltrecho, con un índice de popularidad que seguramente baje", afirmó el director de Interconsult.

"Seguramente nos encontramos ante el tema más difícil de resolver en los últimos 25 años", dijo a El País Ruben Villaverde, sobre las idas y venidas en el gobierno y el Frente Amplio (FA) respecto a la ley de Caducidad.

Villaverde es frenteamplista independiente, dirigió el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, fue fundador de Articulación y en las últimas elecciones internas apoyó la candidatura de José Mujica.

"Lo más cómodo sería una declaración diplomática, tirar la pelota para más adelante. Creo que tengo las mismas dudas que la mayoría de la población frenteamplista. Escucho a unos y otros y encuentro argumentos muy sólidos. Tenemos dos partes que están pugnando por encontrar una fórmula", comentó.

Villaverde señaló que en ese debate, "si le haces caso a principios de carácter general que hacen a la ética, te inclinas de un modo; y hay otros que colocan por delante un argumento muy potente, que son dos decisiones ciudadanas que merecen respeto, que también hacen a la ética y la justicia y que parecen muy difíciles de desconocer".

Consideró que "ante un lío de tamaña amplitud, lo más sabio sería tomarse un poco más de tiempo para ponerse de acuerdo sobre el mejor camino, si continuar por el que veníamos o mandar parar, y no que nos atropellemos por la urgencia de una fecha". Más aún, advirtió, cuando Mujica, Vázquez y Astori ("que son la palabra de más de un 90% de los frenteamplistas") marcaron una posición al respecto.

"Estamos en una situación de riesgo que veo con mucha preocupación. Si no administramos estas tensiones correctamente, más que sufrir el revés del gran elector, vamos a tener una difícil convivencia entre quienes acordaron una fuerza política con las características del FA", advirtió.

En ese sentido, Villaverde dijo que si bien desea "que este proyecto del FA se mantenga en el tiempo", no tiene "esa gran preocupación electoral" que algunos manifiestan sobre las consecuencias que puede tener la anulación de la Caducidad.

"Porque transferiríamos las decisiones a un campo peligroso, para eso en lugar de hacer política contratamos a dos empresas independientes que hagan encuestas permanentes de voto, y dependiendo de lo que alternativamente vaya diciendo la opinión pública, vamos cambiando las decisiones para eternamente estar en mayoría", señaló.