ANDRÉS LÓPEZ REILLY
La propuesta que maneja el gobierno para una patente única es rechazada por Montevideo, que dice que los negociadores están "errando el bizcochazo". La IMM entiende que perdería recaudación y que el subsidio del Ejecutivo no alcanza.
A Montevideo no solo le corresponde la mitad de la población y la principal infraestructura vial del país, sino también la mitad de una torta de casi US$ 200 millones que se recauda cada año por Patente de Rodados. En base a esta situación, con la condicionante del abultado presupuesto que tiene que sostener -entre otras cosas por sus gastos de funcionamiento- la administración de la intendenta Ana Olivera está decidida a defender sus recursos.
La propuesta que viene manejando el gobierno nacional con la Mesa del Congreso de Intendentes (integrada por Tacuarembó, Canelones y Salto) se basa en ajustar los valores de recaudación dejando de lado los máximos y mínimos actuales. Y en establecer un sistema de franjas en el que los automóviles que tengan un valor inferior a los US$ 10.000 tributarían menos. Luego, se pasaría a una segunda franja de US$ 10.000 a US$ 20.000, y a una tercera de US$ 20.000 en adelante. Lo que pierdan las Intendencias sería subsidiado por el gobierno, que dispondría para ello de un fondo de unos US$ 20 millones.
Fuentes de la Intendencia de Montevideo señalaron a El País que los negociadores están "errando el bizcochazo" con esta propuesta. Según las fuentes, no se puede rebajar el porcentaje de cobro porque disminuiría la recaudación. Y el fondo compensatorio dispuesto por el gobierno es "insuficiente". La intención de la IMM es que todos equiparen con Montevideo y que el gobierno subsidie a Colonia y Flores, por ejemplo, que manejan "recursos ajenos" por el "robo" de patentes a otros departamentos.
Montevideo asegura que no se opone a equiparar la patente a nivel nacional, aunque no comparte la fórmula que se viene manejando.
En las negociaciones están participando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría de la Presidencia de la República, en conjunto con la Mesa del Congreso de Intendentes, integrada por el nacionalista Wilson Ezquerra (Tacuarembó), el frenteamplista Marcos Carámbula (Canelones) y el colorado Germán Coutinho (Salto). No están representados, en este grupo de trabajo, dos de los principales protagonistas de la "guerra de las patentes": Colonia y Montevideo.
"Hay una lógica general que dice: tanto tenés y tanto hay para repartir. Después de esa lógica general, sobre cuánto se dispone, hay que ver cómo participa uno del reparto. El gobierno quiere adicionar US$ 20 millones para que esto cierre. Es totalmente insuficiente: US$ 24 millones le están robando por año a Montevideo", dijeron las fuentes municipales.
Como diera cuenta El País, Montevideo pretende que se tome como base la resolución del Congreso de Intendentes de fijar la patente en base al 4,5% del valor del vehículo sin IVA. La propuesta sería la misma para los cero kilómetro y para los usados (sobre los cuales hay más inconvenientes por existir diferentes aforos).
"La propuesta que se está manejando es un error; están escudándose en temas de cuidados de la ciudadanía cuando se esconde lo que hay atrás: una `guerra`; por eso se habla de `guerra de patentes`. Acá lo que todos queremos es más ingreso. Queremos hacer obras, calles, avenidas y plazas. Y no tenemos la plata para hacerlo. Si en vez del 4,5% ponemos el 2,5%, en el conjunto de patentes del país se va a recoger la mitad. Lo mejor para todas las intendencias, es que ese valor sea lo más alto posible, porque si no, la plata que hay para repartir no alcanza", indicaron las fuentes.
"INJUSTICIA". Según la Intendencia de Montevideo, cobrar la patente en base a tres franjas "rígidas" daría lugar a situaciones de injusticia tributaria.
"Si se pone una franja única hasta US$ 10.000, un Volkswagen Gol de 2001 puede pagar lo mismo que un `fusca` de US$ 3.000 que tiene 25 años", se indicó.
"La segunda franja es entre US$ 10.000 y US$ 20.000. Y en ella se va a encontrar un Volkswagen Gol de 2002, que sale US$ 10.500, con un cero kilómetro que sale US$ 20.000. ¿Los dos van a pagar lo mismo? No tiene gollete. ¿Y cuando pasás de US$ 20.000 qué pasa? Un KIA, que vale US$ 23.000 va a pagar lo mismo que un Mercedes Benz que vale US$ 80.000?", se preguntaron las fuentes consultadas.
EL PUNTO MEDIO. En tanto, fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por El País relativizaron la importancia de las franjas para el cobro del tributo, las cuales fueron manejadas públicamente por el presidente de la Mesa del Congreso de Intendentes, Wilson Ezquerra.
"La conversación es con la Mesa y punto; no hemos hablado ni con Montevideo ni con nadie. Se llevará la propuesta y se aceptará o no se aceptará", dijeron las fuentes de gobierno, aclarando que las ideas que se manejan hasta ahora son solamente "simulaciones".
"La filosofía es no trabajar sobre el valor máximo ni el mínimo, sino sobre un término intermedio. Tiene que ser algo sostenible desde el punto de vista político y económico", añadieron las fuentes. Según las cifras que maneja el Poder Ejecutivo, "los máximos, pese a lo que piensa la gente, no necesariamente están en Montevideo". Esto indicaría que algunas intendencias cobran más de patente por determinados modelos que lo que éstos tributan en la capital.
injerencia MUNICIPAL. Desde que el presidente José Mujica aceptó interceder en un tema netamente municipal, como lo es la Patente de Rodados -para intentar echar luz sobre un problema que lleva décadas sin solución- se habló de "perdida de autonomía" por parte de las intendencias. En general, los intendentes aceptaron relegar parte de su independencia en pro de una solución a la que ellos nunca pudieron arribar; pero para Montevideo, el hecho de que el gobierno subsidie sus pérdidas- por más mínima que sea la ayuda- es contraproducente.
"Si en lugar de recaudar US$ 80 millones, paso a recaudar US$ 75 millones, el gobierno me tiene que dar US$ 5 millones. Prefiero que el gobierno no me dé nada; recaudo US$ 80 de la gente y (al Poder Ejecutivo) le pido otra cosa. Ahí está la pérdida de autonomía", explicaron las fuentes de la IMM.
Desde este punto de vista, Colonia, Flores San José y Lavalleja perderían -además de patentes- autonomía, porque casi seguramente deberán ser subsidiadas por el Ejecutivo.
"Lo único que tiene de malo la propuesta de Montevideo, desde el punto de vista de ellos (y desde el punto de vista político), es que quedaría demostrado que estuvieron utilizando recursos que no les pertenecen. Pero desde el punto de vista económico, salen mejor parados con la propuesta de Montevideo", concluyeron las fuentes.
Equiparación de aforos junto con iniciativa para una patente única
Según la "hoja de ruta" que presentó el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, al Congreso de Intendentes, junto con el proyecto de patente única se presentará otra iniciativa para equiparar los aforos a nivel nacional.
"Actualmente, en el país hay 19 aforos diferentes y se aplican porcentajes distintos a cada auto. Para revertir esa situación se establecerá un mecanismo de cálculo de un aforo único nacional, una sola tabla de valores de cada auto, de alícuotas y de descuentos por pronto pago o buen pagador, para evitar descuentos diferenciales como forma `oculta` de bajar la patente", indicó el prosecretario.
A su vez, el gobierno propone la creación de una entidad nueva, central, con un contrato fiduciario de administración. En ese organismo, que será el que cobre la patente, participarán las 19 intendencias, el gobierno nacional (a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y el Ministerio de Economía.
La recaudación será distribuida entre las 19 intendencias, dependiendo del empadronamiento.
CLAVES
Montevideo entiende que no se puede bajar la recaudación, porque el subsidio del gobierno no es suficiente para solventar las pérdidas. También sostiene que una "dependencia" financiera con el Poder Ejecutivo le haría perder autonomía y que la propuesta de hacer franjas para cobrar los tributos es demasiado "rígida".
La propuesta que viene manejando el gobierno con la Mesa del Congreso de Intendentes se basa en ajustar los valores de recaudación dejando de lado los máximos y mínimos actuales (buscando un "punto medio"). Y en establecer un sistema de franjas en el que los automóviles con valor inferior a US$ 10.000 tributarían menos. Luego, una segunda franja de US$ 10.000 a US$ 20.000. Y una tercera de US$ 20.000 en adelante. Lo que pierdan las Intendencias sería subsidiado por el gobierno nacional, que dispondría para ello de un fondo de unos US$ 20 millones.