Aníbal Durán Hontou
Si desde hace décadas se habla sobre la reforma del Estado y sustancialmente el tema no ha variado, se debería colegir que la sociedad uruguaya no quiere reforma alguna. En este contexto, Tabaré Vázquez dijo cuando era Presidente, que la reforma que nos ocupa sería la madre de todas las reformas… Puro voluntarismo. También el Presidente Mujica ha hecho hincapié en el tema; en este caso, la cuota de crédito no se ha terminado y hay indicios de que se quieren hacer cosas, pero …
Vamos a apoyarnos en gente versada. Alberto Sayagués ha expresado que en torno a la reforma hay muchos mitos: uno refiere a que si bien sobran funcionarios, no son tantos como se cree (se hablan de 100.000); sobran sí malos funcionarios y éste es un punto a abordar.
Respecto a la inamovilidad de los funcionarios públicos, se sabe que la misma no es tal. Y además, los funcionarios que requieren venia del Senado para ser destituidos, están en el entorno de los 32.000; el resto no la requiere. El tema es cultural: el funcionario sabe que muchas veces no se aplican sanciones y entonces lo invade una suerte de desidia en el ejercicio de su función que repercute en un mal servicio al ciudadano. El sistema de incentivos y desincentivos en la administración pública tiene como objetivo minimizar los conflictos humanos, lo que lleva a la desmotivación del funcionario.
Dice el citado Sayagués, que en el año 2009, el Senado aprobó 41 venias de destitución enviadas por el Poder Ejecutivo y solamente una de ellas refiere a la omisión de los deberes funcionales. En buen romance, no se despide a los malos funcionarios públicos.
Además, la fuerza laboral quiere ser premiada solo por sus esfuerzos, no por sus logros. Eso determina que se pierda el valor de la excelencia, acicate vital para el progreso. En la administración pública no están acostumbrados a guiarse por indicadores.
Yendo de la mano de otro especialista en la materia, Conrado Ramos, puntualizamos que es pertinente hablar de la modernización de la gestión pública. Es menester diseñar políticas efectivas, implementarlas a un costo razonable y evaluarlas con periodicidad para corregir lo pertinente, todo ello dando cuenta a la ciudadanía.
Los funcionarios públicos son parte de un sistema de gestión y su rendimiento no mejorará porque se los intitule "servidores públicos" o porque controlemos mejor su asistencia al trabajo.
El sistema de incentivos de los funcionarios es más complejo y es el deterioro de dicho sistema lo que afecta el rendimiento.
Existe ausencia de evaluaciones individuales pero además y peor, hay ausencia de evaluaciones a nivel de la organización. Esto se subsana con gestión profesional y gestores públicos profesionales que lideren la modernización.
Planes estratégicos, sistemas de información estratégica, indicadores de gestión sectoriales e individuales, definición de tareas individuales de los funcionarios y competencias de los mismos, son herramientas de gestión imprescindibles a la hora de hablar de reformas.
Es menester realizar gerencia para mejorar la gestión. Los responsables políticos a cargo de Ministerios y servicios públicos no suelen tener preparación en gestión y debajo de ellos en el escalafón, sucede lo mismo.
Con sistemas de gestión adecuados, no solo evaluamos con justicia a los funcionarios, con los debidos incentivos, sino que además los versados en el tema estarían reclamando desde hace mucho tiempo, sistemas contables confiables (miren los problemas en la Armada), personas adecuadas en los lugares adecuados… Los gerentes a su vez, deben responsabilizarse ante sus superiores, a través de compromisos de gestión y si fallan, deberían alejarse de su cargo. ¿Tenemos cultura de eso en nuestro país…?
Yendo a otro aspecto: las empresas públicas. En cualquier reforma del Estado es un tema medular: en primer lugar y respecto a nuestro país, por su tamaño relativo respecto a la economía; además, porque están ubicadas en áreas esenciales, determinantes para el crecimiento.
Sin duda, su asociación con empresas privadas creando sociedades anónimas es un camino idóneo para mejorar la eficiencia y captar inversión. Aunque hay que propender a su conversión total en sociedades anónimas con mayoría accionaria de propiedad pública.
En definitiva, hay una gran responsabilidad de la clase política por no haber invertido en profesionalizar la gestión. Es hora de que el tema lo aborden eruditos y se examine con el rigor de la sapiencia; se opina de la reforma del Estado en forma laxa, donde todos hablamos y todos entendemos cosas distintas…