Tribunal observó compras directas

El 1° de diciembre, el Tribunal de Cuentas observó una contratación directa por excepción al Ministerio del Interior, al entender que debió llamar a licitación pública antes de concretar la permuta y que la cartera no puede invocar la "urgencia impropia" porque esta se aplica en aquellos casos en que los trámites de licitación perjudicarían gravemente a la Administración.

La Asesoría Técnica en Transporte del Ministerio del Interior alegó que dicha transacción "no tiene costo para el Estado y beneficiaría el servicio, dotando a las Unidades Ejecutoras (diferentes reparticiones policiales) con vehículos nuevos y con mejores prestaciones. Asimismo se hace constar que esta operación no genera un aumento, en el número de la flota ministerial; todas las unidades serán destinadas a las tareas de prevención y represión del delito. Las nuevas unidades con motorización diesel estarían afectadas exclusivamente a tareas de patrullaje intensivo".

Según el Ministerio del Interior, la realización del procedimiento de licitación pública provocaría un resentimiento del servicio porque la flota vehicular policial "está sometida a un uso constante y operatividad permanente".

En un procedimiento de licitación, agregó, los vehículos "deberían ser desafectados del servicio por un período de tiempo para que los posibles oferentes puedan ver sus condiciones y valorarlos". Ello, señaló, motivaría el traslado de la flota a cambiar a un lugar de exhibición con "evidente perjuicio" del servicio policial. Por ello, el Ministerio del Interior planteó que la contratación directa de las firmas Bloommy`s, Sadar, Nanvel S.A., BOR S.A. y Santa Rosa Motors se enmarquen dentro de "las causales de excepción" dispuestas por la normativa que regula los actos administrativos del Estado (Tocaf) y que "los precios y condiciones corresponden al mercado".

El Tribunal de Cuentas señala que el gobierno autorizó al Ministerio del Interior a efectuar las permutas de 617 vehículos con varias firmas, las cuales representan el equivalente a US$ 6.882.392. El monto se dispuso para registrarlo contablemente pero la permuta no tuvo costo para el Estado.