La gente exige unidad política para erradicar la inseguridad

DANIEL HERRERA LUSSICH

No hay duda que la iniciativa de recolección de firmas para promover un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores (de 18 a 16 años) ha sido una alerta roja para el espectro político y obró como un "ábrete sésamo" para otros proyectos que dormían la "paz de los justos". Cuando el senador Pedro Bordaberry impulsó el proyecto, otros presentados por el Herrerismo y la serie de iniciativas elaboradas por la comisión multipartidaria creada por este gobierno, que estaban congeladas en los despachos legislativos, volvieron al primer plano.

Pero la gente, amenazada por la delincuencia, que esperaba observar la unidad del mundo político para reducir la inseguridad pública, se encontró que se desataba el divisionismo.

El Frente Amplio (con conocidos matices) y Alianza Nacional saltaron como resorte por la negativa. "Es una maniobra política", marcó Jorge Larrañaga; Francisco Gallinal, con Correntada Wilsonista, tomó su propio camino y presentó un proyecto modificativo, los independientes levantaron la voz en contra; el Herrerismo, con Luis Alberto Lacalle, se sumó (en una vieja posición del sector), a la idea de rebajar la edad. Los colorados en pleno recogen firmas. Desde las propias tiendas publicitan cerca de 140 mil adhesiones para el plebiscito, que necesita un mínimo de 250 mil firmas. Y los mismos colorados contrataron una encuesta (Radar) de la cual surge que más del 60% y hasta 80% de la opinión pública apoya la baja de la imputabilidad de los menores infractores.

Pero mientras se buscan soluciones en el gobierno y oposición, el mundo del delito crece y reafirma señales de peligrosidad. Y lo más increíble e indignante surge de la dura realidad de que gran parte de los delitos se ordenan desde las penitenciarías.

HOMBRE PELIGROSO. "La orden partió del jefe de una de las bandas que asuelan Montevideo. Exigía más centros de distribución de pasta base en Cerro Norte, ordenaba una paliza a un rival en la `mafia` del narcotráfico y armas de largo alcance".

El mensaje no había nacido en un oculto y alejado rincón de la ciudad.

Para asombro de los que escuchábamos, el relato aludía a uno o el principal cabecilla de Libertad, que planificaba movimientos delictivos en La Teja y el Cerro. El mensaje llegaría a sus subalternos, los "perros" que de inmediato se pondrían en acción.

"Betito", Luis Alberto Suárez, 44 años, un peligroso cabecilla del narcotráfico, desde hace un buen tiempo en la cárcel, es el que orquesta las acciones delictivas. Hoy el "Betito" está procesado con mayores penas que se sumaron a las que lo tenían en la prisión. También su familia (madre, padrastro, esposa y medio hermano) cayó cuando la Brigada de Narcóticos llevó adelante la "Operación Puerto Rico", donde la Policía en diferentes allanamientos, se incautó de pasta base, armas, balas, celulares, autos, radios de autos, etc.

Se estima que actúan alrededor de 20 "cabecillas", la mayoría con largos años de prisión, que dirigen riesgosos operativos desde el interior de Libertad. Un gesto de cualquiera de ellos puede implicar la muerte de otro recluso o materializar una venganza sangrienta en cualquier lugar de la ciudad.

"Le puedo asegurar que la mayoría de las figuras que les denominan `los pesados`, están presos, pero se mueven con el exterior como si caminaran por 18 de Julio, dirigiendo operativos", fue uno de los comentarios que llegaron a nuestros oídos. Y la calle ha quedado en general en manos de delincuentes sin tanta experiencia y de menores (alrededor de 300 en actividad, otros 350 detenidos en organismos del INAU). Estos últimos "más peligrosos porque delinquen, en general, bajo los efectos de la pasta base y sin límite en la violencia".

También en el campo de los menores infractores se vive una realidad parecida o más grave. El menor apodado "el Talibán", hace pocos días cuando era trasladado de una dependencia del INAU hacia otra, fue rescatado por dos compinches armados. Se comenta que el operativo estuvo a cargo de otros dos menores, que suman profusos antecedentes delictivos. "Ricky" y "Prandon" (ambos de 17 años), el primero con 88 ingresos por robo, intento de homicidio, rapiñas, y el segundo por homicidio, tentativa de homicidio, rapiñas y desacato, serían seguramente los que interceptaron a balazos la camioneta que transportaba al "Talibán". Los tres habían compartido la misma celda del hogar donde fueron alojados por orden judicial. "Ricky" y "Prandon" se fugaron el 13 del mes de abril, y seis días después se cumplía el operativo que devolvía a la calle al "Talibán".

El menor fugado, calificado de "muy peligroso", tiene a su padre preso en el Comcar, su madre en la Cárcel de Cabildo y su hermano y primo también tras las rejas.

LUCHA DIFÍCIL. ¿Qué fuerzas tiene la ley para combatir este tipo de delincuentes?

Se estima que hay aproximadamente 28 mil efectivos en la nómina del Ministerio del Interior. Son 8 mil administrativos y 20 mil ejecutivos en todo el país. Han sido mejorados en la retribución, aún baja. Un agente de 2ª, el grado inferior, tiene un salario de 12.102 pesos nominales por 48 horas de trabajo, un subayudante, con personal a su cargo, 18.804 pesos. Hasta hace poco el "discutido" 222 les permitía engrosar sus haberes con vigilancias particulares. Se decidió disminuir paulatinamente este servicio, que los obligaba a trabajar 16 horas diarias. Cerca de 900 de los ejecutivos han quedado sin la retribución del 222, más del 50% de su ingreso familiar. Pero, aún con mayor salario, pocos aceptan ingresar en la carrera policial. Hay 3.000 vacantes que no se llenan por falta de aspirantes. La caída del desempleo da oportunidad de dedicarse a otra tarea donde no pongan en riesgo sus vidas. Uno de los casos nace del auge de la construcción. Un obrero tiene riesgos menores y pagas que redondean los 19 mil pesos por 8 horas.

La iniciativa de la recolección de firmas, agitó el ambiente político y "sacudió el polvo" a viejas iniciativas o a proyectos de ley nacidos durante el principio de este gobierno de la comisión multipartidaria.

Son medidas lentas pero que hay que aplaudirlas. La realidad actual exige otras urgencias, existe poco control en las calles por falta de personal, en algunas seccionales del entorno de la ciudad la flotilla de automotores está en mal estado y se carece de combustible.

En tanto el delito sigue creciendo, las estadísticas lo confirman. En cada barrio, en cada cuadra o en cada familia, alguno ha sido víctima de los delincuentes, en casos hasta 4, 5 y 6 veces. En la actualidad la gente se atemoriza frente a una rapiña más o un simple robo, pero al mismo tiempo se alegra de "haber salido con vida". Las cifras oficiales son aplastantes: en un paralelo entre el 2009 y el 2010 los hurtos subieron de 94.508 a 95.269, un 0,8%, mientras que las rapiñas saltaron de 11.391 a 13.829, un alarmante crecimiento del 21,4%.

La recolección de firmas, si se alcanza el medio millón, es una demostración del fuerte sentir popular frente a la delincuencia que obligará a todos los uruguayos (especialmente al gobierno y partidos políticos) a unirse y poner el hombro para erradicar lo que está aterrorizando a la sociedad. No se pueden esgrimir razones políticas, viejas divisiones partidarias o ideas perimidas de partidos internacionales en decadencia. La gente, sin excepciones, pide, clama, que se deje de lado la obsesiva y desgastada idea de que se ganan o pierden votos. La voz unánimemente exige unidad de acción. Basta una recorrida por Montevideo, ver un mundo de rejas, etiquetas de servicios privados de seguridad, calles desiertas por temor durante las noches y leer los titulares de la prensa sobre los delitos del día anterior para saber cuál es la principal angustia del pueblo uruguayo.