Corrigiendo sus dichos anteriores, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advierte que la estadística policial refleja "más perjuicios que beneficios para los vecinos armados".
Seis meses atrás, sus ambiguas palabras -"no me animo a recomendarle a la gente que se arme ni que no lo haga"- suscitaron una ola de críticas, algunas de ellas procedentes de las filas del oficialismo.
Su antecesora en el cargo, Daisy Tourné, las vinculó a una política de "gatillo fácil". Otro exministro frentista, José Díaz, dijo que "el discurso oficial debe ser contrario al uso de armas por parte de los particulares".
Esa censura de sus correligionarios así como la seguidilla de episodios en donde varios ciudadanos repelieron armas en mano la agresión de criminales, indujeron al ministro a revisar aquella llamativa postura de neutralidad en la materia. Hoy, el titular de Interior procura desalentar el uso de las armas, una prueba de que el tema sigue en el candelero y que aumenta la preocupación de las autoridades.
No es para menos. Las frecuentes noticias de personas que se defienden por su cuenta de las acciones delictivas indican que la sociedad uruguaya desconfía de la capacidad del Estado en materia de prevención y represión de la criminalidad. Precisamente, si hay una función esencial e indelegable del Estado esa es la de darle seguridad a la gente. Su defección en ese terreno impulsa a los ciudadanos a obrar por su cuenta lo que conlleva esos riesgos sobre los cuales alerta hoy Bonomi con un talante distinto al que mostró hace algunos meses.
Son opiniones y rectificaciones que valen de poco. Lo que se espera del Ministerio del Interior es una gestión más eficiente.