Frente apoya operativos de saturación

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VALERIA GIL

El Frente Amplio apoyó los operativos de saturación que el Ministerio del Interior ordenó en tres zonas rojas de Montevideo al considerar que el Estado "tiene que estar presente" en todos los barrios de la capital. La oposición sostiene que se trata de "razzias".

En los últimos 17 días, la Jefatura de Policía de Montevideo realizó tres operativos de saturación en barrios considerados problemáticos de la capital utilizando un total de 170 efectivos. El primero se desarrolló el jueves 7 en el asentamiento Chacarita de los Padres (Punta de Rieles) y a la semana siguientes, jueves 14, se efectuó otro en la Cruz de Carrasco. En esos dos operativos fueron detenidas 100 personas y cuatro fueron procesados. El tercer operativo de saturación ocurrió el martes 19 en el barrio Aquiles Lanza (Malvín Norte). La Policía detuvo a 45 personas y la Justicia los liberó a todos.

El diputado José Bayardi (VA) dijo a El País que "los operativos son adecuados, porque no se puede admitir la existencia de zonas en que el Estado y las fuerzas policiales no estén presentes". En ese sentido, el legislador remarcó que este tipo de acciones policiales cumplen una función preventiva y represora del delito para evitar lo que sucede en las favelas de Río de Janeiro. Además, Bayardi indicó que "las directivas son claras y lo que se está haciendo es la prevención a través de la eliminación de armas, tratando de identificar los eventuales lugares donde se concentran pertenencias robadas".

Según dijo, los operativos se realizan en el marco del Código del Proceso Policial y ofrecen todas las garantías para los residentes de los barrios en los que se ingresa. "No se puede hablar de `razzias` si hay una orden judicial de realizar un operativo determinado", dijo.

En la misma línea, Aníbal Pereyra (MPP) dijo a El País que el ingreso a los barrios que realiza el Ministerio del Interior constituye "una forma diferente de disuasión", similar a la que utilizan otros países en la lucha contra el narcotráfico.

Para Pereyra, el sector colorado liderado por el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) se dedicó a criticar al gobierno en materia de seguridad porque "no tiene otra propuesta que agitar las sábanas y echar mano al miedo".

"¿Ninguna medida que toma el gobierno en materia de seguridad sirve? ¿Es tan así? Yo creo que en realidad se está adoptando un discurso sobre seguridad pública porque no quedan otros temas para marcar las debilidades de gobierno y me preocupa que esto que están haciendo sea para sacar partido electoralmente", sentenció Pereyra.

Por otra parte, el diputado Carlos Varela (FLS) dijo a El País que "el ingreso de la Policía a los barrios es acertada y lo que se quiere, es que no hayan zonas vedadas para el ingreso".

AL BARRER. En tanto, la diputada Daisy Tourné (PS) cuestionó las medidas adoptadas por el oficialismo para combatir la minoridad infractora.

"Francamente, no es dable pensar que ni la baja de la edad de imputabilidad, ni conservar los antecedentes, ni aumentar las penas, vayan a amedrentar o disuadir a nadie que sienta lo que la murga canta. En todo caso reforzará el estigma y el espiral de violencias seguirá creciendo", señaló la legisladora en la última edición del semanario Participando del MPP.

El párroco de la Cruz de Carrasco, Pablo Bonavía expresó que estos operativos generan "miedo" en la población. "La sensación es que pagan aquellas personas dedicadas al trabajo porque las que están vinculadas al delito son advertidas antes", dijo.

La oposición cuestiona la efectividad de los operativos que se realizan "al barrer". El senador del Partido Nacional, Carlos Moreira (Alianza Nacional) dijo que los operativos "son razzias" y adelantó que convocará a Bonomi al Parlamento para que explique los objetivos de los mismos.

Los operativos también recibieron cuestionamientos de jueces. El juez Roberto Timbal dijo a El País que la Policía no le informó de 57 detenciones en la Cruz de Carrasco. "A mí me dieron cuenta de unos 30. Yo no mandé detener a nadie. Di una orden de allanamiento y la cumplieron para detener a un requerido del interior del país", indicó el magistrado.

Un juez penal dijo que "no sé por qué se hacen estos procedimientos; no sé cuál es el objetivo". Mientras tanto, otro magistrado consideró que el resultado de los procedimientos "dependerá de la coordinación que la Policía haga con la Justicia, si es que se hace".