Sin datos sobre el número de casos

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La anulación de tres artículos de la ley de Caducidad -que completará su trámite parlamentario a principios de mayo cuando el tema sea votado en Diputados- permitirá que las causas archivadas en su momento por haber sido amparadas en la norma sea reabiertas de oficio por los jueces o a pedido de los denunciantes.

A su vez, con la ley interpretativa, se podrán denunciar hechos que, hasta el momento, nunca se pusieron a consideración de la Justicia. Según abogados que trabajan en causas de derechos humanos, eso permitirá la presentación de denuncias de ex presos que sufrieron torturas.

Pero, en los hechos, nadie tiene claro cuál será el efecto real que tendrá la derogación por la vía parlamentaria de parte de la ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos consultas populares: en 1989 y en 2009.

"No tengo elementos concretos como para decir cuántos casos se podrían reabrir", indicó el abogado y senador suplente por el Frente Amplio, Óscar López Goldaracena.

En tanto, desde el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que en 1985 fue una de las organizaciones que impulsó las primeras denuncias, tampoco hay un panorama demasiado claro.

Según el abogado Jorge Pan, miembro de Ielsur, la organización patrocinó en su momento unas 20 denuncias, las cuales en su mayoría fueron amparadas dentro de la ley de Caducidad por lo que esos casos "estarían en condiciones de reabrirse".

Entre los casos que en su momento impulsó Ielsur, se encuentra el violento operativo policial en el que fueron asesinadas Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanick en 1974. También denunció varias desapariciones, como las de Eduardo González González y Óscar Tassino.

En tanto, Madelón Aguerre, coordinadora del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que también ha impulsado varias denuncias, estimó que pueden ser 40 los casos que podrían reabrirse.

"Van a haber muchas más causas de las que tenemos ahora. Pero eso no quiere decir que todas procedan porque se requieren los elementos probatorios suficientes", dijo Aguerre.

Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia, dijo que es difícil estimar cuántos expedientes se podrán reabrir. Ya en 2010, Chargoñia adelantó que prevé pedir que se reabra el caso de Elena Quinteros en relación a militares.