El 62% del presupuesto de alcaldías irá para gastos de funcionamiento

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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Pese a ser uno de los tres pilares de la administración de Ana Olivera, los ocho municipios de Montevideo cuentan con reducidos recursos. En el mejor de los casos, acceden al 1,9% del Presupuesto. El 62% corresponde a gastos de funcionamiento.

El Presupuesto Quinquenal que acaba de aprobar la Junta Departamental de Montevideo incluyó, por primera vez, un capítulo especial para el tercer nivel de gobierno (que se sumó al Ejecutivo y al Legislativo municipal y creó un nuevo modelo de descentralización).

Las competencias que han sido transferidas a los alcaldes tienen como sustento formal la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana y -fundamentalmente- el decreto marco aprobado por la Junta, que dio forma a los ocho municipios.

Según la administración municipal, los tres pilares de la Ley de Presupuesto (o de la gestión para el quinquenio) son los municipios, la calidad ambiental -residuos y saneamiento- y la movilidad urbana.

AMBIENTE Y MOVILIDAD. Al margen de las discusiones sobre la suficiencia, o no, de los montos disponibles para cada área, los principales recursos están enfocados a la calidad ambiental y la movilidad urbana, en ambos casos con una importante participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de sus líneas de crédito.

Según informó ante la Junta Departamental el edil colorado Mario Barbato, en conjunto los ocho municipios representan menos del 12% del presupuesto de gastos del presente año, incluyendo el dinero necesario para costear el funcionamiento y las inversiones.

Del total de erogaciones previstas para todos los municipios, que ascienden a la suma de $ 1.244.572.526 a diciembre 2009 (cuando se crean las ocho demarcaciones territoriales), más del 62% corresponden a gastos de funcionamiento. Son unos $ 771 millones, equivalentes a US$ 40 millones.

De ese porcentaje, las retribuciones personales se llevan más del 41%, (US$ 26,8 millones) y casi el 21% está destinado a bienes y servicios.

La incidencia de las transferencias a diferentes instituciones sin fines de lucro y becas asciende al 17%. Y el 38% se vuelca a inversiones: esto comprende adquisición de equipos, edificaciones y trabajos en vías de tránsito. En el caso de los pavimentos de hormigón se coordinan a nivel central por existir contratos para su ejecución.

DISTRIBUCIÓN. La distribución de fondos prevista para los ocho territorios -que intenta atender diferentes realidades espaciales y sociales- es la siguiente: Municipio A, 1,9%; Municipio B, 1%; Municipio C, 1,7%; Municipio CH, 1,2%; Municipio D, 1,3%; Municipio E, 1,7%; Municipio F, 1,3% y Municipio G, 1,7%.

En promedio, cada municipio dispone de unos $ 150 millones anuales; el Municipio A es el que recibe más: $ 192 millones. En su jurisdicción están los barrios Casabó, Pajas Blancas, Santa Catalina, Villa del Cerro, Jardines de las Torres, Jardines de Paso de la Arena, Maracaná, Parque Lecocq, Paso de la Arena, Santiago Vázquez, Prado Norte, Paso Molino, Belvedere, La Teja, Pueblo Victoria, Nuevo París y Villa Teresa.

Por otra parte, de acuerdo a la Ley de Presupuesto, a cada uno de los 89 municipios del país le corresponde una partida mensual de $ 40.000 por cuenta de la caja del Estado. Como diera cuenta El País en su edición del 3 de abril, esta cantidad que se otorga a todos por igual -sin distinción de realidades socioeconómicas o extensiones territoriales- aún no ha sido recibida por los municipios.

Algunas intendencias, empero, han venido otorgando "a cuenta" ese dinero. El artículo 760 del Presupuesto Nacional establece "asígnese al Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (…) una partida anual de $ 49.840.000". Según la norma, los gobiernos departamentales deberían estar recibiendo ese fondo desde enero.

COMPARATIVO. El 12% que reciben de la Intendencia los ocho municipios es comparable al presupuesto general de la Junta Departamental, siendo ésta un órgano legislativo y de sede única.

La totalidad de los funcionarios distribuidos en los ocho municipios alcanza a 1.087: el 57% corresponde al sector obrero y el 43%, a administrativos, profesionales, especialistas y cargos de conducción.

Para la oposición, los números de los municipios son una prueba más a sortear en una reforma municipal que -según han señalado los ediles- se votó "entre gallos y mediasnoches". Y a la que la ciudadanía dio la espalda en las urnas.

"En principio -existen antecedentes a la vista-, aguardamos con prudente paréntesis el optimismo de la administración en cuanto a la maduración de la gestión de estos municipios, con dudas razonables acerca de que estemos enfrentando otra nueva experiencia infructuosa y se trate de la consolidación de nuevos estamentos burocráticos, más vinculados a móviles con intereses políticos que a la capacidad de atender de manera eficiente las demandas de la ciudadanía", declaró el edil Barbato.

La edila colorada Viviana Pesce fue más lejos: "Las únicas potestades reales que tienen los municipios hoy, como independientes, son el arbolado, el bacheado y el barrido; todo lo demás debe hacerse en consonancia, en coordinación y dependiendo de la Intendencia de Montevideo. No se pueden despegar de la centralidad", indicó.

Todos los municipios heredaron un importante atraso en las podas, una tarea que encabeza los reclamos de los contribuyentes en la Intendencia y en la oficina del Defensor del Vecino. Y cada alcaldía deberá participar con sus recursos en la compra de las barredoras que la administración pretende incorporar para poner "a punto" a la ciudad, según surge del tratamiento del tema que se hizo en la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental.

Esto provocó la reacción de la oposición, que fustigó la política ambiental de la comuna.

"Que del escaso presupuesto asignado a los municipios se les haya obligado a disminuir sus recursos para participar en la compra central de barredoras mecánicas para maquillar las avenidas y dar sensación de que algo pasa en las vías de mayor tránsito de personas, no sólo es un despropósito sino que raya la desconsideración", opinó el edil nacionalista Edison Casulo.

En cuanto a la poda, Casulo dijo que "la Intendencia le pasa al Municipio C el 26% del total de los atrasos de todo el departamento: unos 3.000 árboles que necesitan intervención, ya que dificultan el tránsito por la acera o la calzada, sus raíces rompen la vereda o caños de los servicios públicos, o sus ramas deterioran la fachada de las casas; pero con el presupuesto asignado sólo podrán resolver una sexta parte de los reclamos de los vecinos".

El edil agregó que solo se podrá solucionar el 50% del atraso en la poda en el Municipio CH y que "otro tanto le ocurre al Municipio E, que solo podrá resolver los 1.300 reclamos por árboles al finalizar el quinquenio".

"El Municipio F tiene 700 atrasos de reclamos por arbolado. Suponen que en dos años y medio podrán afrontar ese conjunto de acciones con el dinero destinado a ese fin", añadió el legislador departamental.

Para el municipio A fueron presupuestados $ 192 millones y es el que más dinero recibirá. Esta cifra equivale al 1,9% del dinero que proyecta emplear la Intendencia de Montevideo hasta el año 2015

El resto de los municipios recibirán un promedio de $ 150 millones. En cuanto a porcentajes del presupuesto total del departamento se distribuyen de la siguiente forma: municipio B, 1%; Municipio C, 1,7%; Municipio CH, 1,2%; Municipio D, 1,3%; Municipio E, 1,7%; Municipio F, 1,3% y Municipio G, 1,7%.

Además de los recursos que recibe de la Intendencia, el sistema de municipios tiene un componente financiero del gobierno central, que debe entregar cada mes $ 40.000 a cada uno de los 89 municipios del país.

Arbolado, barrido y bacheado son las actividades para las que tienen autonomía y capacidad de ejecución las alcaldías.