Negociación salarial bajo riesgo de alza inflacionaria

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DIEGO FERREIRA

En momentos en que el gobierno intenta controlar la inflación, el impacto de los ajustes salariales sobre los precios aún es incierto. Mientras los trabajadores y el gobierno descartan una afectación, los empresarios siguen haciendo cuentas.

"El chantaje de los empresarios es que si suben el salario lo trasladan al precio. Nosotros decimos que eso no tiene que ser necesariamente así", cuestionó Ismael Fuentes, presidente de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

Precisamente, el rubro del comercio que atañe a trabajadores y empresarios de los supermercados y tiendas, es uno de los que aún está negociando en los Consejos de Salarios. Esta etapa de la ronda que terminará en un par de semanas, encuentra al gobierno aplicando medidas para frenar la inflación que en tres meses de 2011 alcanzó un registro del 3,6%.

Ante ello, el gobierno dispuso algunas acciones (como el aumento de la Tasa de Política Monetaria de 6,5% a 7,5% y la postergación de un nuevo ajuste de combustibles) a efectos de cumplir con la meta de mantener la inflación en el rango del 3%-7% (4%-6% desde junio).

La negociación en los supermercados gira en torno a una propuesta del MTSS que establece un convenio a 30 meses, con ajustes semestrales y que fija el salario mínimo en $ 9.600 a partir del 1° de julio próximo.

Esta base implicaría un aumento significativo para una de las ramas de actividad con el salario más sumergido. Actualmente, el laudo de un cajero de supermercado es de $ 7.038.

Los trabajadores, que han protagonizado varios conflictos en reclamo de los $ 9.600 (pero retroactivos al 1° de enero pasado), dicen que las cadenas están en condiciones de pagar esa cifra gracias al crecimiento de su facturación.

Los empresarios responden que la facturación no fue de tal magnitud y que se ubicó en 1,5% de incremento real en 2009 y 2010.

El presidente de la Asociación de Supermercados (ASU), Fernando Vieites, dijo que "en principio" no hay una decisión de aumentar precios para financiar los ajustes, aunque matizó que ese punto "queda a libertad de las empresas; no es un tema que maneja ASU".

El gobierno, por su parte, asegura que la inflación no afectará la negociación. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que los convenios cuentan con ajustes por IPC, lo que "otorga tranquilidad en el marco de una inflación que se manejará dentro del rango" y agregó que "están resguardadas las cláusulas que dan garantías". Los convenios incluyen una cláusula de salvaguarda que lleva a renegociar los ajustes salariales ante un cambio drástico del escenario económico.

Los aumentos salariales en el supergás también podrían llevar a un ajuste del precio de ese combustible.

Los trabajadores del envasado y los fleteros (que acordaron el viernes) suscribieron convenios a dos años, con ajustes del 100% del IPC más un 3%. Además, en el caso de los trabajadores de envasado lograron reducir su jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

Raúl Ferrando, dirigente de Fuecys, gremio que también representa a los trabajadores del supergás, descartó una suba a causa de los aumentos salariales. "Ahí se manejan los parámetros de Ancap y las envasadoras", dijo. En cambio, atribuyó un posible aumento del supergás a los vaivenes del precio internacional del petróleo.

Para las empresas aún es "prematuro" sentenciar si habrá un encarecimiento del supergás. Eso lo define Ancap, dijeron fuentes del sector. Al respecto, el director de Ancap Germán Riet, señaló que el aumento salarial para los trabajadores del supergás "no impacta directamente en la paramétrica que rige el precio" de este combustible. Es el Índice Medio de Salarios el dato en materia de retribuciones que se utiliza para fijar el precio al público.

Pero hay otros costos a considerar. Las empresas manejaron durante la negociación que la rebaja de la jornada laboral provocaría un sobrecosto anual de US$ 17 millones.

El director de Trabajo, Luis Romero, replicó que "si se pudiera trasladar el aumento a los precios, lo hubiéramos arreglado hace rato y ni siquiera habría un minuto de paro", pero "no es el consumidor final el que tiene que pagar el precio de estas cosas".