Hartos de palabras

Alos ciudadanos los roban o los rapiñan, y a los policías los matan. ¿Por qué? Porque sí. Porque ese es el panorama que en materia de inseguridad vive el país desde hace años y cuya única respuesta desde el gobierno son altisonantes declaraciones, repetidos rostros que buscan exhibir preocupación, proyectos progresistas para combatir el crimen y recuperar al delincuente. Palabras. Pero de hacer algo, nada. Y eso es cada vez más peligroso. Cuando los episodios se repiten -así sean de violencia- se corre el riesgo del acostumbramiento o las soluciones extremas. La sociedad puede quedar anestesiada ante la reiteración de noticias de asaltos, robos, copamientos en cualquier ciudad y a cualquier hora del día, resignada a convivir con la delincuencia. La segunda posibilidad tiene visos del far west: el ciudadano se arma y dispara ante la menor sospecha. Decide defenderse él mismo porque no cree en la autoridad. Considera que es inútil el botón de pánico o el 911 y apela al gatillo para proteger a su familia. Y eso ya lo estamos viendo, y nos estremece.

Esta semana estuvo plagada de sucesos alarmantes, que acentuaron la sensación de inseguridad: el desconcierto que provoca la falta de respuesta de las autoridades y la incertidumbre sobre los criterios judiciales a la hora de aplicar la ley. Un policía -de excelente foja de servicios- alevosamente asesinado por el único motivo de llevar un uniforme; el reconocimiento del ministro Bonomi de que entre 1995 y 2006 el número de menores internados por rapiña creció 234% frente a un 87% de mayores procesados por el mismo delito; las críticas policiales a la Justicia por la firma fácil para no sancionar a presuntos delincuentes o hacerlo de manera leve; el repetido argumento de que si no se procesa, es por falta de pruebas; la disparidad de criterios cuando el acusado es un policía, al que se le da con un garrote aunque el daño ante el desacato sea un raspón; el reconocimiento ministerial de que hay barrios en que las fuerzas del orden no pueden entrar; y, el remate: un preso asesinado en la cárcel de diez balazos.

Hay fallas por todos lados.

En materia judicial, hay jueces buenos y hay jueces malos. Como en todos los órdenes de la vida. El corporativismo de la Suprema Corte de Justicia no ayuda en nada, mezclan los naipes como si todos fueran iguales y ni se inmutan -si se inmutaron no trascendió- cuando una jueza (Mariana Mota) desconoce, por ejemplo, el art. 20 de la Constitución ("Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hechos propios") y la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Toda persona inculpada de delito tiene derecho (…) a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable"), lo considera obsoleto, injusto y arcaico y pretende obligar a un militar (obviamente) acusado a que declare contra sí mismo. Un pésimo antecedente de sesgar el Derecho a las opiniones o el capricho personal. ¿Es la única? ¿Sigue en el cargo?

Y en cuanto a la acción del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de los ciudadanos, las confesiones del ministro Bonomi son patéticas. Es impresionante cómo se disparó la presencia de menores en la ola delictiva y es aterrador de que existan barrios donde la autoridad no entra. Esa "feudalización" es el reconocimiento de que la política de anuncios y proyectos es un mísero camino para la cómoda inacción, como ocurría en las favelas brasileñas controladas por el narcotráfico. No se trata de reclamar una disminución de la edad de imputabilidad o el mantenimiento de los antecedentes de los menores. Eso pueden ser complementos para el futuro.

Se trata de poner la casa en orden. Y guste o no guste, hasta el momento solo dos iniciativas se han presentado para ello: la Guardia Nacional que propuso el senador Larrañaga (o aumentar el número de efectivos de la Guardia Republicana y asignarle jurisdicción nacional, que es más o menos lo mismo) y la presencia del Ejército en las zonas rojas que planteó el senador Saravia.

Porque si no hay plan A, el plan B será la creación de la "Sociedad de Amigos del Revólver", becas (¿que hacen unas más?) en el Polígono de Tiro y los ciudadanos asumirán cada día más la defensa de sí mismos y de sus familias. Un horror.