MPP planteará disminuir exoneraciones a inversión

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VALERIA GIL

El MPP propone que se disminuyan las exoneraciones tributarias previstas en la ley de Inversiones. Además plantea que esos recursos se utilicen en obras de infraestructura

En un documento entregado esta semana al Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) por una comisión del Espacio 609 se plantea una revisión de la ley de Inversiones.

El Estado renuncia todos los años a US$ 1.200 millones en tributos para beneficiar la instalación de nuevas empresas en el país, sin embargo desde el MPP se entiende que "la crisis ya pasó y deben replantearse las exoneraciones", según se explica en el documento.

Dentro del MPP se plantea que las exoneraciones tributarias a nuevas empresas que se instalan en el país se mantengan solo para aquellos casos en que redunden en un beneficio productivo y añadan valor agregado de mano de obra al producto, dijeron a El País fuentes del sector.

Para proponer esta postura, el MPP parte de la base de que tres cuarta parte de las exoneraciones no son necesarias para asegurar la inversión, es decir que las empresas igual se instalarían en Uruguay si no existieran los beneficios fiscales.

De este modo, dentro del sector se llega a la conclusión que se puede usar el dinero para financiar obras de infraestructura vial y portuaria.

El documento del MPP trabaja sobre la base de los impuestos que representan el 80% de los ingresos al Estado, como lo son el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El diputado Gonzalo Mujica (Espacio 609) dijo a El País que a nivel del IRAE se propone subir de 25% a 30% para las empresas que ganen más de US$ 200.000 al año. La medida afecta al 10% de las empresas que ganan más y no implica la creación de un impuesto sectorial dirigido al agro, explicó el legislador.

En tanto, adelantó que el documento plantea una devolución del IVA que puede ser de hasta el 5 puntos a través del uso de una tarjeta magnética especial. La misma alcanzará a unos 300.000 hogares, es decir que incluirá a más de un millón de personas.

Se estima que la devolución de IVA se hará efectiva para los hogares de menores ingresos que perciben entre $ 12.000 y $ 13.000 mensuales.

Además, desde el MPP se plantea la suba del mínimo no imponible del IRPF a $ 20.000. Según explicó el diputado Mujica, esta medida supone un efecto redistributivo real, mientras que la suba de un nuevo escalón del impuesto a una franja por encima de $ 150.000 no genera ningún aporte al Estado desde el punto de vista fiscal, ya que lo recaudado es una suma ínfima que no permite la aplicación de ninguna política redistributiva.

Dentro del documento elaborado por los senadores Alberto Couriel, Héctor Tajam y los diputados Mujica y Alejandro Sánchez se plantean una serie de fundamentos en los que se enmarca la propuesta. En ese marco se declara que el MPP "comparte la política fiscal que aplica el actual gobierno". Además se añade que "el sistema tributario debe manejarse en un marco de cautela por estar regido por un equilibrio y no puede alterarse".

Más allá de eso se expresa que la política tributaria aplicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe ajustarse en base a una política evolutiva.

El Ejecutivo del MPP ya tiene una valoración primaria del texto que se le remitió y en las próximas horas aprobará el documento, indicó Gonzalo Mujica. En tanto, el próximo lunes se realizarán reuniones bilaterales entre el MPP con el Frente Líber Seregni (FLS) y el Partido Socialista (PS) para acordar un texto común de toda la coalición de izquierda, que será entregado al ministro de Economía, Fernando Lorenzo.

La bancada de Diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) resolvió apoyar el proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP) que permanece a estudio en el Parlamento.

El MPP acordará con el Frente Líber Seregni (FLS) y el Partido Socialista (PS) la inclusión de una serie de modificaciones al proyecto. Según dijo a El País el diputado Esteban Pérez, en la reunión de ayer se decidieron una serie de "salvaguardas" que brindan garantías al Estado. Antes de aprobarse la realización de una obra, se pedirá un control del Parlamento o del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para ofrecer mayores garantías al Estado, contó el diputado Óscar Groba a El País. Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez dijo que se modificará el artículo primero del proyecto por el cual se garantiza que los servicios sociales que se brindan en el caso de la construcción de cárceles queden en manos del Estado. Además, se ajustará la redacción del texto de PPP para que deje en claro que no esconde ninguna privatización, como se sugirió desde el Partido Comunista del Uruguay (PCU).

A su vez se incluirá un ar- tículo que permita que las asociaciones con privados se realicen a iniciativa del Estado, sin previo pasaje del proyecto por la Corporación Nacional para el Desarrollo.