Negocian mayores garantías a Estado e inversionistas

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VALERIA GIL

El FA negocia tres modificaciones al proyecto de Participación Público Privada (PPP): mayores garantías al Estado y a los inversores, el tipo de obras que se pueden hacer y las funciones de privados que quedan excluidas de la concesión.

Si bien el Poder Ejecutivo ya dejó en claro que está dispuesto a realizar modificaciones en el proyecto de Participación Público Privada, los legisladores del Frente Amplio (FA) aún no acordaron el texto de los cambios que se incluirán dentro de la iniciativa.

La Comisión de Hacienda de Diputados continuará hoy miércoles el análisis del proyecto enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y discutirá los cambios que se introducirán en el mismo.

El diputado Gonzalo Mujica (Espacio 609) dijo a El País que se identificaron tres puntos de acción dentro del proyecto de PPP sobre los que se irán acordando las modificaciones.

La búsqueda de mayores garantías, tanto para el Estado como para los financistas y los inversores es una de las principales preocupaciones que tiene el FA, indicó Mujica.

Según dijo el senador Rafael Michelini a El País, se pretende aclarar que cuando finaliza la etapa de concesión, la obra queda en comisión y pasa a manos del Estado. Por su parte, Mujica señaló que se deben determinar las condiciones en la que debe encontrarse la obra al momento de la entrega.

Desde el oficialismo hay una propuesta para incluir un sistema de controles y penalizaciones en los contratos de obras. Además se prevé incorporar garantías en el caso de que el contratista abandone la obra.

En tanto, para el contratista se debe definir en qué condiciones se renegociará el contrato, de forma de asegurar que sus derechos van a ser respetados por parte del Estado.

A su vez para el financista es necesario tener garantías desde el comienzo hasta el final del pago de la inversión. "Tiene que tener la tranquilidad de tener repago en el sentido doble por parte del contratista hacia él y del Estado al contratista, todas esas cosas hay que prever", añadió Mujica.

Pero, además de ofrecer más garantías, el proyecto de PPP debe definir el tipo de infraestructura que se puede realizar a través de la cooperación de privados con el Estado.

Esa información está contenida en el artículo primero de la incitativa pero de una forma vaga, ya que no contiene detalles sobre la clase de edificaciones permitidas.

Desde el punto de vista legal lo que no nombra la ley está incluido, de ahí la necesidad de especificar a qué clase de infraestructura se hace referencia, indicó Mujica.

En este punto hay quienes opinan que la inclusión o exclusión tácita mejora la previsión. Pero, también hay quienes entienden que las especificaciones se deben hacer en los contratos de obra.

También en el FA se quiere incluir un nuevo artículo que especifique si las infraestructuras son en general o están referidas a alguna área en particular. En ese plano, se discute si las obras educativas y sanitarias quedan incluidas o no dentro de la norma.

Por otra parte, el proyecto debe determinar cuáles son las actividades que las empresa contratistas quedan autorizadas a realizar.

En el caso de los establecimientos carcelarios se tiene que definir cuáles son los servicios comprendidos dentro de la concesión. De lo contrario, según explicó Mujica, se tiene que indicar que tanto las actividades socioeducativas como la seguridad de las cárceles quedan en manos del Estado.

Mujica expresó que sobre estos aspectos hay inquietudes dentro del FA, al tiempo que aseguró que "hay interés en alcanzar un acuerdo sobre estos tres puntos para hacer los acuerdos mayoritarios".

Para definir una posición común, la bancada de diputados y senadores del Frente Amplio se reunirá la próxima semana.

La bancada del Movimiento de Participación Popular (MPP) se reunirá mañana jueves para tomar posición respecto a las modificaciones propuestas por el Frente Líber Seregni (FLS) al proyecto de ley sobre Participación Público Privada (PPP), dijo a El País el diputado Álvaro Vega. Por su parte, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) solicitará una reunión con el equipo económico para estudiar los cambios planteados.