Experto en contratos de públicos y privados se suma a críticas a ley

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La ley de participación público privado encuentra nuevos rechazos, además de las resistencias de sectores del FA. Un experto internacional que participó en la elaboración del proyecto advierte que hay falta de garantías para el financiamiento y posibles inconstitucionalidades.

El abogado Ignacio Aragone -director de la división de PwC (ex PricewaterhouseCoopers) especializada en análisis y estructura de proyectos- tiene credenciales para hablar del proyecto de ley de participación público privada (PPP). Aragone participó en la elaboración de recientes leyes de PPP en México y Guatemala y fue consultado por el Poder Ejecutivo para la elaboración de este proyecto, junto al ingeniero Eduardo Bitrán, ex ministro chileno de Obras Públicas y actual asesor del BID.

Pero la redacción final del proyecto de ley del oficialismo toma en cuenta solo algunos aspectos planteados por Aragone. Consultado por El País, el abogado analizó el texto presentado y admitió que tiene "diferencias de concepto o enfoque" en temas como la calificación de contratos de PPP y su ámbito de aplicación, la renegociación de contratos y la financiación de proyectos.

El actual proyecto "tiene algunos desbalances que deberían ser ajustados", afirmó. Uno de ellos es que no "considera ni armoniza" los intereses de los financiadores, que -a su juicio- son una pieza fundamental. Aragone propuso al gobierno crear en la ley un capítulo sobre los régimenes de financiamiento, lo cual no fue tenido en cuenta en el proyecto final.

El abogado indicó que es vital incluir garantías para quienes financian los proyectos, si el privado incumple. "Si la obra es en un muelle, por ejemplo, el concesionario no le podrá dar una hipoteca (al financiador) porque el muelle es del Estado. Lo único que le puede dar al financiador es una garantía sobre el flujo de fondos a cobrar en 20 o 30 años", explicó.

¿Y qué pasa si el Estado rescinde el contrato? Aragone sugirió que, en ese caso, "el Estado informe al banco o la Afap que financió que se rescindirá el contrato por incumplimiento y el financiador tendría 90 días para instalar otro concesionario u operador que le permita cobrar". Lo mismo si el concesionario no le paga al que financia: en ese caso Aragone sugirió que "el financiador sustituirá al concesionario, pondrá otro".

El abogado agregó que si la ley no cubre las "expectativas mínimas, no van a financiar los proyectos o los financiarán a tasas más altas ante los mayores riesgos". Y preguntó: "¿Quién se perjudica? Los que necesitan de las infraestructuras para mejorar su calidad de vida".

ALERTA. El abogado también aconsejó al gobierno "revisar posibles inconstitucionalidades" con expertos, lo cual parece no haberse realizado.

De hecho, el proyecto de asociación público privado recibió observaciones del catedrático en derecho administrativo Carlos Delpiazzo y del ex catedrático Juan Pablo Cajarville en la comisión de Hacienda en diciembre pasado: hablaron de inconstitucionalidades y que se permite al gobierno elegir a "dedo" con quién asociarse, lo que "se presta a la corrupción". Afirmaron que se le otorga a la OPP y al Ministerio de Economía un "poder de veto".

Aragone también criticó el ámbito de aplicación de los contratos. Dijo que en la mayoría de los países, cuando se habla de contratos de PPP, se engloban "contratos de concesión, leasing, arrendamiento, obra pública y joint venture". Pero el proyecto uruguayo no engloba todos esos contratos, sino que establece una categoría contractual específica, "copia de ley española, lo que está descolocado".

Aragone también sugirió ajustes al mecanismo de diálogo competitivo (cuando el Estado "no sabe bien qué quiere" y pide a los privados "que presente sugerencias"). Eso puede generar "serias distorsiones al sistema" si se usa en forma inadecuada: si se pide al privado que haga el estudio y luego al Estado no le interesa el negocio.

Asimismo, planteó modificar el marco de asignación de riesgos "ante situaciones extraordinarias" que afecten a los proyectos. Respecto al contralor, Aragone indicó que un representante del TCR podría participar en las comisiones de estudio y preparación de proyectos para hacer un seguimiento a lo largo del proceso "y no arrancar desde cero". Aragone admitió que "la rueda ya fue inventada" pero no hay que "copiar por copiar" del exterior. Hay que conocer "los resultados derivados de las medidas que se quieren adoptar".

Ignacio Aragone

Ignacio Aragone ha asesorado a muchos países de la región sobre leyes de PPP. Los casos más recientes son las leyes de México y de Guatemala. Aragone explicó que la mayoría de los países latinoamericanos "cuentan con regulaciones para proyectos de infraestructura" y que Uruguay "presenta rezagos". Pero, de todos modos, indicó que casi todas las modalidades usuales de PPP "podrían ser utilizadas en Uruguay bajo el actual marco normativo vigente".