Empresarios critican la futura ley: así "nadie se asociará" con el Estado

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La Cámara de la Construcción alertó ayer que, tal como está redactada la ley de participación público-privada, las empresas privadas "no se asociarán con el Estado" porque este podrá modificar en forma unilateral todos los contratos.

El Frente Amplio (FA) iniciará en los próximos días una discusión que seguro terminará con modificaciones al proyecto de ley de participación público- privada, mientras que los empresarios de la construcción consideraron ayer en la comisión de Hacienda de Diputados que es "imprescindible" una ley de asociación para evitar "un cuello de botella" en las inversiones y "no estrangular" el crecimiento económico.

Pero, al mismo tiempo, plantearon serios reparos sobre un proyecto que, a su juicio, "no es del todo equilibrado" y favorece al Estado. Así, el presidente José Ignacio Otegui y otros directivos de la Cámara de la Construcción dijeron que el Estado no puede modificar en forma unilateral los contratos a lo largo del proceso de asociación.

Otegui dijo a El País que las modificaciones deben ser por acuerdo de partes para que "no se le dé una potestad muy fuerte a una de las dos alas", ya que -si eso sucede- "nadie se asociará" con el Estado.

"En el mundo de los negocios, en Uruguay y en el resto del globo, no existe que una de las partes pueda hacer una modificación unilateral cuando le parezca razonable", afirmó Otegui. Y explicó que esa es una de las "rigideces que atentan contra la posibilidad de que las asociaciones se concreten".

Los empresarios también reclamaron plazos "más breves y específicos" desde que el proceso arranca hasta la selección. La cámara dejó a los legisladores un documento de diez puntos, donde también se critica "la ejecución automática de las garantías" y piden un "debido proceso previo".

Además, solicitan que el contratista pueda "disponer" de los ingresos del contrato para "poder financiarse" e incluso debería poder "prendar la concesión". Y piden que uno de los tres integrantes de la comisión técnica que asesorará en las etapas de contratación sea un representante de las cámaras.

De todos modos, Otegui explicó a El País que la ley de asociación es vital porque el gobierno relegó en el Presupuesto las inversiones en infraestructura. El empresario agregó que "el país verá hipotecado su crecimiento si no hay una fuerte inversión en infraestructura", desde la red vial hasta la energía". Y también consideran fundamental la formación de recursos humanos y la mejora de la educación pública "en dos o tres años".

El diputado Gonzalo Mujica (Espacio 609) planteó ayer a los empresarios la posibilidad de establecer una "discriminación positiva" para las empresas nacionales en los contratos.

La comisión de Hacienda está en la etapa final de recepción de opiniones y se iniciará la discusión en el FA. El Partido Comunista pretende llevar el debate a los organismos de la coalición (donde tiene más peso) y no limitarlo a la bancada, dijo a El País el senador Eduardo Lorier. Y remarcó que "así como está", no votarán el proyecto porque "el país se mete en líos como Pluna".

Otros sectores del FA tienen reparos más formales y no con la filosofía ni el fondo de la iniciativa. Entre otros puntos, el MPP pretende ajustar el tema de los plazos, para que los contratos "no sean a perpetuidad".

El Partido Socialista quiere precisar cuáles serán las obras de infraestructura que serán construidas a través de este mecanismo. Y aspira a controles más estrictos.

Hasta el Frente Líber Seregni (FLS), el sector más afín a la iniciativa, admite que habrá cambios. El diputado Alfredo Asti dijo que "se mejorará la aplicabilidad" del proyecto, dejando "la misma base".

Debate: Comunistas rechazan el proyecto y quieren llevar el tema a organismos del FA.