Investigan el origen de la ocupación

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F.CASTILLO / P. MELENDREZ

En un día agitado en el barrio Capra, la Policía terminó desalojando a los ocupantes del predio de cuatro hectáreas. En el medio hubo personas detenidas que luego fueron liberadas. Inteligencia investiga ahora cuál fue el origen de la ocupación.

Fue una jornada confusa, cambiante. Con tantas marchas y contramarchas que lograron sacudir el ánimo de los ocupantes. Hubo órdenes judiciales que después fueron anuladas y 18 personas detenidas -que debían ser hoy conducidas al juez- que terminaron en libertad a último momento precipitando la retirada. Un día donde se pasó de la firme voluntad de resistir pase lo que pase hasta el abandono pacífico de las tierras ocupadas.

Lo cierto es que las centenares de personas que hasta ayer estaban instaladas en un predio de cuatro hectáreas en el barrio Capra, desarmaron sus carpas, desmontaron los precarios refugios de madera y chapa y abandonaron el terreno ante la mirada atenta y vigilante de las fuerzas policiales.

El predio quedó anoche bajo su custodia y será hoy devuelto a su dueño, confiaron a El País fuentes del Ministerio del Interior. Hoy también concurrirán las primeras 20 familias de ocupantes al Ministerio de Vivienda, que les prometió ayuda y buscará la manera de que todos de alguna u otra manera puedan acceder al techo que estaban reclamando.

Las autoridades les comunicaron a los ocupantes que aunque el dueño les quisiera vender el predio, en esos terrenos no se puede edificar porque tiene un costo muy alto para el Estado llevar el saneamiento y cableado necesario para que el lugar sea habitable.

Investigación. En tanto, el Ministerio del Interior ordenó ayer a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia el inicio de una investigación para determinar si la ocupación del predio tiene algún trasfondo que exceda el reclamo de las familias de tener un lugar donde vivir.

"Es raro", dijo a El País una fuente del Ministerio del Interior sobre el proceso que derivó en la ocupación del predio en el mediodía del lunes 17. Días antes, en el terreno se desató un importante incendio que quemó los pastizales.

Ayer los ocupantes se apuraban a aclarar que no los movía ningún otro interés más que el de "tener un pedacito de tierra" para construir sus casas. A ellos también les llamaba la atención que cuando el campo se incendió, el dueño nunca haya aparecido. Incluso afirmaron que fueron ellos mismos los que tuvieron que ayudar a apagar el fuego. Esa situación anormal fue la que empujó a muchos a ocupar esos terrenos, aseguraron. "Nosotros apagamos esto cuando se quemó. Somos conscientes que estamos parados en tierras que no son nuestras, pero queremos negociar, ver la manera de ir pagando en cuotas", dijo Jorge, uno de los voceros de los ocupantes.

También hubo quienes quisieron dejar en claro que atrás de esta ocupación no había un interés político. "Este es el gobierno que nosotros votamos, pero no nos interesa la política, queremos un espacio donde vivir", se escuchó en una improvisada asamblea previa al desalojo. Más allá de esta declaración de principios, también hubo reclamos al gobierno. En un cartel rojo ubicado en una de las porteras del predio se podía leer: "¿Dónde están los políticos que ayer nos pidieron sus votos? ¿En sus casas?".

Desalojo. A las cinco de la tarde, la hora fijada por la Justicia para el desalojo del predio, la mayoría aguardaba con cierta tensión la llegada de los policías. "No nos vamos a poner revoltosos, acá hay gurises, vamos a dialogar", decía la mayoría de los ocupantes. Muchos especulaban con que iban a ser corridos "a palazos".

Una llovizna incesante caía sobre los pastizales quemados y había quienes permanecían ajenos a lo que estaba por ocurrir: mujeres con sus pequeños hijos protegiéndose del agua bajo improvisadas construcciones de lona y chapa; gente durmiendo adentro de sus carpas, y otros que seguían delimitando el terreno o acondicionando los refugios en donde estaban. Todo como si el desalojo no fuera inminente.

La Policía, puntual, llegó hasta el lugar y sorprendió al solicitar que 20 delegados de los ocupantes fueran voluntariamente hasta la seccional para recibir instrucciones y evacuar dudas sobre la resolución judicial. El subcomisario Márquez pidió que los 20 voluntarios fueran todos del sexo masculino - "sin hacer diferencias ni discriminación de ningún tipo, que no lo malinterpreten las damas", aclaró-. Fueron 18 los hombres que se subieron a las camionetas policiales. Minutos más tarde todos quedaron detenidos en la seccional por orden del juez penal Ricardo Míguez.

El abogado defensor de los ocupantes, Gustavo Salle, criticó en ese mismo momento la decisión judicial. "Es aberrante. No hay ninguna necesidad que estos compatriotas estén privados de su libertad", dijo ante los medios de prensa en la propia vereda de la jefatura.

Además, advirtió: "Cuidado, no son 20 personas las que están cometiendo el eventual delito que ve el doctor Míguez acá. Si hay delito los están constituyendo todas estas personas. Tendrán que llevar a las 250 personas que están ocupando a los campos de concentración que son las cárceles uruguayas".

Cuando las personas que quedaron aguantando la ocupación se enteraron de que sus compañeros habían quedado detenidos, se sintieron estafados, y también reaccionaron con dureza e indignación. Se pudo escuchar toda clase de comentarios. "Después quieren que el pueblo crea en la ley. Nos engañaron", protestó uno de los ocupantes. "Vamos todos a la Policía, que nos metan presos a todos", dijo otro. Muchos querían ir a quemar cubiertas frente a la propia seccional.

Los ánimos estaban exaltados y el asunto se complicó aún más cuando la Policía volvió al lugar con la orden de detener a unas 20 personas más. Según dijeron fuentes policiales, la orden judicial en ese momento era que al menos 30 o 35 de los ocupantes quedasen detenidos y fueran a declarar hoy ante la Justicia. Al final, los ocupantes negociaron su retirada contra la libertad de los 18 compañeros que estaban detenidos.

Lucha de Clases. Salle planteó esta ocupación en términos de lucha de clase. "Lo saben perfectamente bien los gobernantes. Es el desposeído, el que no tiene un techo que busca tener algo", señaló y recordó cuando el presidente José Mujica dijo que iba a Brasil a buscar "palos y chapas para construir viviendas". Salle se preguntó si eso justamente "no era para solucionar este tipo de situación".

La Intendencia de Montevideo (IM) tiene previsto, a través del trabajo de su cartera de tierras, realojar a unas 200 familias durante el año 2011, según informó a El País la directora de Acondicionamiento Urbano de la comuna, Eleonora Bianchi.

Actualmente, la IM tiene en marcha dos licitaciones para comprar predios en distintas zonas de la ciudad, que serán asignados a familias que residen en asentamientos irregulares. Además, a través de la cartera de tierras, la IM también asigna terrenos a cooperativas de ahorro o por ayuda mutua, explicó Bianchi.

La jerarca indicó que la IM no está en condiciones de atender reclamos como el de las familias que ocuparon el terreno en el barrio Capra, porque las tierras con las cuales está trabajando "ya tienen adjudicación" para futuros beneficiarios. Agregó que la labor está centralizada en el realojo de asentamientos que en algunos casos, tienen entre 20 y 30 años de antigüedad.

En tanto, Sebastián Olivera, dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (Fucvam) dijo a El País que la organización está conforme con el trabajo que está realizando la actual administración de la IM, y destacó que existe "una muy buena" relación con las autoridades comunales.

El vicepresidente Danilo Astori aseguró ayer, tras el Consejo de Ministros, que el gobierno "no tiene nada que hacer" en el caso de la ocupación del predio en el barrio Capra, porque la Justicia ya tomó cartas en el asunto a pedido del propietario del terreno tomado.

"Hay que dejar actuar a la Justicia", señaló Astori, quien informó a la prensa que el asunto no fue analizado en la primera reunión de ministros del año, que encabezó el presidente José Mujica.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que "el fenómeno de ocupación de predios para luego solicitar al gobierno de turno la posibilidad de adquirirlos para la construcción de viviendas, es algo que viene de larga data".

Si bien Breccia prefirió no pronunciarse sobre el caso concreto del barrio Capra, remarcó que los reclamos de acceso a vivienda "tienen que buscar su solución por el lado del plan de vivienda del gobierno".El gobierno tiene como prioridad la problemática de la vivienda. En 2010 se entregaron 10 mil soluciones habitacionales, mientras que para este año se prevé triplicar esa cifra, según estimaciones oficiales.Hablando en términos generales y en base a su experiencia como abogado, Breccia sostuvo que hubo situaciones en las que "privados instan a la ocupación de los predios para lograr que el Estado le compre los terrenos".