Borrón y cuenta nueva parece ser la decisión del Presidente Mujica en torno a las posibilidades de explotación minera (hierro, en el caso concreto) en el país. Y esa cuenta nueva empieza como debía haber empezado la anterior que, por no hacerse, estaba condenada al fracaso y fracasó: dada la importancia del tema, crear una comisión multipartidaria que asegure la transparencia del tema y analice la nueva realidad que plantea transformar el perfil tradicional del país, esencialmente agropecuario, en otro que dé cabida -o no- a la presencia agresiva que significa la extracción de metales.

Las cosas claras y arriba de la mesa debió haber sido el principio, pero lamentablemente no fue así. Primero la administración Vázquez mantuvo en secreto los contactos con la minera (su origen anda por el año 2007) y luego el Presidente Mujica intentó impulsar a tambor batiente, sin adoptar garantías mínimas y al amparo de sus mayorías automáticas y dóciles en el Parlamento, un proyecto de ley que modificaba el Código de Minería (aprobado por la Cámara de Diputados) pero que parecía responder a las exigencias de la empresa india. Y que cuando aparecieron las primeras críticas complicó aún más el panorama con su habitual cambio de discurso, una práctica que no ha abandonado y que es extremadamente peligrosa en temas que afectan -y mucho- el futuro del país: habló de someter el tema a un plebiscito consultivo, luego de que lo iba a decidir directamente el gobierno, más tarde sobre su intención de consultar al pueblo sobre qué quiere hacer con el dinero, y a las pocas horas de su decisión de guardarlo para cuando cambien los vientos económicos favorables.

La oposición respondió a través del Partido Nacional de la única manera que correspondía hacerlo ante tanta desinformación: planteó un llamado a sala de tres ministros cuyas carteras están vinculadas con el tema, a efectos de conocer los contenidos de la propuesta de Aratirí y sus efectos.

Eso no es poner palos en la rueda ni cacarear. Es un mecanismo republicano que la Constitución establece en defensa de los derechos de las minorías y les permite obtener información fehaciente sobre determinados hechos que hacen a la marcha del país. Aunque a algunos o algunas no les parezca así, porque esos principios les molestan y añoran más los autoritarismos, donde el que cacarea no existe al otro día. La triple interpelación permitió comprobar que, más allá de la historia de la minería en el Uruguay que narró con su aburrimiento habitual el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, no tenían mucha idea sobre lo que significaba la instalación de Aratirí en el país, porque no había ningún estudio realizado por el gobierno.

Si Aratirí, o los bancos que estaban dispuestos a financiar las obras, relegan al cuarto puesto la prioridad de instalarse en Uruguay, no es problema de nuestra democracia. ¿Acaso puede sorprender que el Parlamento (o un sector de él, que representa al 50% de la ciudadanía) pida informes a los ministros en determinados asuntos? Parece más bien una cuestión de orden y que habla de la seriedad de las instituciones nacionales. El palo en la rueda, la bobada o el cacareo se produce cuando se habla de plebiscitos consultivos para decidir o se propone "arreglar un fifty-fifty" (50-50) con la empresa, porque el primer caso supone actuar al margen de la Constitución y el segundo hace que el negocio no sea atractivo para el inversor. Y ante estas alternativas el camino más adecuado parece ser emprender la retirada, siempre se puede volver.

Más todavía con el proyecto de reforma del Código de Minería, que venía embalado desde Diputados y, afortunadamente, la oposición lo detuvo en el Senado. Entre las modificaciones frenadas está la duplicación de los plazos de exclusividad de derechos sobre las áreas reservadas que los lleva a 12 (doce) años, con simples permisos de prospección y exploración (no hablamos de explotación), aunque el concesionario (o aquel a quien le cedió su derecho) haga muy poco y se limite a algunos estudios sobre el territorio. Hoy es la mitad.

Pensamos que, a la larga, el proyecto va a salir. Pero lo que no puede continuar es esa costumbre de explicar los horrores y fracasos del gobierno echando las culpas a otros. La senadora Topolansky es una experta en la materia: la culpa de todos los males para ella son los medios de comunicación, la prensa o la oposición. Nunca mira al gobierno parlanchín, pero de andar enyesado, que ella integra. ¡Y vaya si tiene culpa!