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PABLO MELGAR

A partir del caso Aratirí, expertos en asesoramiento empresarial advirtieron que los cambios en las reglas de juego y los debates políticos pueden terminan frenando inversiones productivas ya comprometidas.

Cuando a fines de junio pasado el presidente José Mujica lanzó la idea de realizar un plebiscito consultivo sobre el proyecto Aratirí, algunos inversores mostraron su desinterés por el emprendimiento. Así lo confirmó el abogado Nicolás Piaggio, miembro del estudio Guyer & Regules, experto en asesoramiento a firmas extranjeras.

"Alguna gente que nosotros asesoramos, cercanos a Aratirí, que están en otros países, ya sabían sobre la idea del plebiscito, no tuvimos que avisarles. Se mostraron preocupados y se vieron desinteresados (en el proyecto)", dijo el abogado.

Para Piaggio el tema Aratirí "se politizó" y adquirió una mayor complejidad porque se convirtió en un tema de discusión sobre qué se hacía con el dinero que se iba a obtener en el negocio minero.

Advirtió que no es buena la politización de los proyectos porque "se discute en ámbitos en los que no se tienen todos los elementos para poder opinar". "Discutir esto en un plebiscito, algo que no está previsto en la Constitución, es exactamente lo contrario, de esa forma se compromete el avance del proyecto", dijo el experto.

Piaggio aseveró que no le sorprendió el anuncio de Aratirí. "Creo que tomaron la decisión antes cuando vieron que la situación se complicaba, esto obedeció a que se generó expectativas y resistencias en la oposición por lo que terminó politizándose" el plan, señaló.

Los expertos consultados tienen claro que las inversiones no paran de ingresar al país; al mismo tiempo persiste en los empresarios extranjeros la preocupación por los cambios en las reglas de juego. Además, remarcaron que la politización ha provocado la caída de planes de inversión.

Vueltas. El abogado Andrés Cerisola, socio del estudio jurídico CPA Ferrere, asesor de firmas extranjeras en Uruguay, dijo que los cambios en las reglas de juego y "las vueltas" del sistema político han provocado el "desaliento" de algunos de inversiones en Uruguay.

En tal sentido, puso como ejemplo algunos casos particulares que se dieron en la agricultura, tras los anuncios referidos al incremento de impuestos. Además, recordó el retraso en la licitación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Cuando se comenzó a hablar del asunto "había muchos interesados", después se terminó haciendo el llamado en medio de la crisis financiera internacional.

El abogado también mencionó que los aspectos relacionados con la legislación laboral provocaron que algunos empresarios "percibieran que el gobierno no los valoraba" por lo que "han achicado o reorientado su inversión a otros mercados".

Cerisola destacó que las inversiones siguen llegando a Uruguay como consecuencia de "méritos" propios, en el comparativo con la región y por la coyuntura internacional.

"Aratirí es una megainversión para Uruguay a quien no le debería ser indiferente si se instala o no. Debería haber una política de Estado para manejar estos proyectos para que se cumpla con lo que corresponda y no se pierda la oportunidad de inversión", afirmó Cerisola.

El asesor señaló que tiene la impresión que en lo referente a Aratirí se produjo un enfrentamiento político en que el proyecto "es la excusa y no el objeto de la discusión en sí".

"Eso no es deseable para la imagen del país ni para los intereses de los uruguayos que benefician de estas inversiones", dijo Cerisola.

El también abogado de CPA Ferrere, Pablo Metre, elaboró un ranking con las preguntas más frecuentes de los inversores. Allí se destacan las consultas sobre seguridad jurídica, estabilidad política, infraestructura, costos fiscales y las trabas al movimiento de capitales.

La no concreción del proyecto de Aratirí hace más difícil al gobierno el cumplimiento de la meta anual de contar con inversiones equivalentes al 25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde la campaña electoral y una vez asumido el gobierno, las autoridades se plantearon como objetivo que la inversión pública y privada alcance hacia el fin de la administración de José Mujica el 25% del PIB al año. Es que es en ese guarismo que consideran que se permitiría alcanzar un crecimiento sostenible de la economía en el largo plazo.

En 2010 la inversión, pública como privada, totalizó el equivalente al 20% del PIB.

Es por esto que el hecho de que no se concrete el desembolso de unos US$ 3.000 millones como se preveía, cifra que hoy equivale al entorno del 7,5% del PIB, hace más difícil cumplir con la meta. El 25% del PIB actualmente serían unos US$ 10.000 millones.

n A la situación de Aratirí, se suma la de la empresa portuguesa de papel y celulosa Portucel, que si bien ratificó el interés por desarrollar un proyecto en Uruguay, advirtió que la concreción "depende de los desarrollos en el campo logístico, y de la construcción de un puerto de aguas profundas, "aspectos en los cuales "no ha habido desarrollos a lo largo del primer trimestre del año", dijo la empresa a principios de julio.

En el reporte de la empresa Portucel también se informa de los problemas legales que encontraron en el desarrollo de un proyecto similar en Brasil al no poder adquirir 200.000 hectáreas de tierra dadas las restricciones a la compra por parte de extranjeros que introdujo ese gobierno.