Una delegación del gobierno sin poder de decisión recibió ayer en la Dirección de Trabajo (Dinatra) a los funcionarios de la Banca Oficial en la primera reunión para negociar el convenio colectivo que caducó el domingo pasado.
Si bien se firmó un acta en la que constan las posiciones iniciales de las partes, no surgieron definiciones sobre la solicitud de AEBU de prorrogar por 180 días el convenio colectivo. Los funcionarios que asumieron el diálogo fueron el director general de secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apesteguía, y el negociador jefe del Ministerio de Trabajo, Fernando Delgado. Según voceros del sindicato, los funcionarios señalaron que consultarían a sus respectivas jerarquías sobre el planteo gremial.
Según fuentes políticas y sindicales se trata de un rápido movimiento de ambos ministerios en medio de una discusión interna en el gobierno sobre si otorgar o no la prórroga.
El ministro Eduardo Brenta señaló días atrás que el Poder Ejecutivo había resuelto no aceptar el planteo de AEBU.
Desde el martes se maneja que senadores del MPP manifestaron a los sindicalistas de Banca Oficial en conversaciones reservadas su buena disposición a aceptar la prórroga en la medida que no se generaran nuevas movilizaciones.
Los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina de Servicio Civil (ONSC) señalaron su voluntad de iniciar las conversaciones lo antes posible.
El sindicato planteó que para "crear el ámbito de negociación adecuado" se requiere una prórroga del convenio por 180 días y la instalación de una mesa de conversación sobre "los temas pendientes de la plataforma" del conflicto, señaló el dirigente Darío Mendiondo.
Según varios sindicalistas la dimensión de la prórroga solicitada se vincula directamente con las elecciones de Banca Oficial en abril próximo.
"No podemos estar negociando un convenio en medio de una campaña electoral", aseveró uno de los dirigentes consultados. No se acordó una fecha para volver a reunirse.
Varios dirigentes del sector señalaron que una negativa a la prórroga implicaría una escalada de medidas en plena temporada estival que afectaría los servicios financieros en los balnearios. Esa posición cuenta con el rechazo de la lista oficialista 98 en Banca Oficial y de la mayoría de los dirigentes del Consejo Central de AEBU.