Militares

El gobierno debería reflexionar sobre el contenido de la carta abierta que seis ex comandantes en jefe del Ejército le enviaron al Presidente de la República en donde revelan su inquietud respecto a hechos que afectan a las Fuerzas Armadas.

Así, citan las "manifestaciones agraviantes", las "demandas judiciales por el pasado", la "transformación de instalaciones docentes en cárceles o Museo de la Memoria", la "supresión del símbolo fotográfico emblemático" (se refieren a la foto de los cuatro soldados asesinados por los tupamaros) y el "reiterado intento de desconocer la ley de caducidad".

Esa carta se suma a los dichos del jefe del Ejército, Jorge Rosales, sobre la inconveniencia de anular la ley de caducidad, y a las agrias expresiones de quien fuera presidente del Centro Militar. Sin olvidar las críticas vertidas de viva voz contra el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, en un reciente acto de protesta de los usuarios del hospital Militar. Todo lo cual refleja una situación de disconformidad, acentuada por un presupuesto juzgado insuficiente para las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Esta situación contradice la buena relación inicial de José Mujica con los militares tras una primera reunión celebrada en Santa Bernardina (Durazno), una cita para aventar recelos y establecer una relación funcional correcta y eficiente entre el Poder Ejecutivo y los mandos castrenses.

Retomar esa línea de conducta es indispensable.

Las Fuerzas Armadas, subordinadas como están al Poder Ejecutivo, deben terminar con este tipo de mensajes. Y el gobierno, a través del ministro de Defensa, debe imponer disciplina, pero con apertura y sensibilidad ante las inquietudes y necesidades que plantean sus subordinados.