Retomar el rumbo

Desde hace siglos, el pensamiento occidental ha basado su desarrollo sobre principios racionales y, en especial, sobre el principio de causalidad. Según éste, todo cuanto ocurre tiene su origen no en agentes que obedecen al capricho al azar sino en factores causales. No hay causa sin consecuencias acordes a ella ni, tampoco, hay consecuencias sin causas que las produzcan.

Con este criterio en mente -que no excluye, por cierto, el multicausalismo característico de sociedades muy complejas como las actuales- resulta inevitable asociar el elevado grado de conflictividad laboral existente en nuestro país a la adopción de medidas equivocadas adoptadas por el primer gobierno frenteamplista, reveladoras de una complacencia evidente hacia el punto de vista sindical.

En efecto, el gobierno del Dr. T. Vázquez implantó la tesis de que una de las derivaciones del derecho de huelga es la ocupación de los lugares de trabajo. En buen romance, ello quiere decir que un grupo puede impedir que el empresario de una fábrica, por ejemplo, ingrese al local ocupado, a su propiedad. Los dueños de la situación pasan a ser los obreros o empleados de la fábrica u oficina o del servicio de que se trate. La policía, por su parte, debe abstenerse de participar en el conflicto (el presidente Mujica arregló parcialmente este desaguisado: ahora la policía puede desalojar a los ocupantes de un servicio público).

Ahora bien, ¿quiénes son, a quién representan los protagonistas de estas medidas de fuerza? Probablemente, ellos crean que obran en nombre de principios democráticos porque integran una entidad gremial que tiene Comisión Directiva, que funciona con un Plenario, que se reúne en Asambleas y Congresos y que, finalmente para tomar una decisión, acude a una votación. O que constituye el brazo sindical de un partido político con Presidente, Mesa política, Congreso y Bases. Todo ello muy democrático... Claro está que la realidad es muy otra: en los sindicatos no es de uso el voto secreto sino la mano levantada y están integrados por una minoría del total de trabajadores del ramo; exigen que se reconozcan sus derechos a parar y ocupar pero ellos mismos no reconocen el derecho a trabajar de los que no quieren suspender sus actividades. Tampoco sus autoridades se eligen mediante el voto obligatorio de los integrantes del gremio. Obviamente, son sindicatos falsamente democráticos tanto por los procedimientos que emplean como por su integración y por su absoluto desinterés en la incidencia que sus acciones tendrán en la vida cotidiana del hombre común y corriente, el único que, como bien expresó el senador Abreu, no tiene sindicato.

Pero, además, de la sinceridad democrática del sindicalismo uruguayo habla muy claramente el hecho de que en él tenga una gravitación especial -decisiva, diríamos- el Partido Comunista. Porque a nadie escapa que el P.C.U. es un fiel y sumiso reflejo del que se encarnó en la ex URSS durante más de 70 años, sinónimo de conculcación de los más elementales derechos humanos. Esta es una situación que felizmente, ya colapsó. En la actualidad, en Rusia, el pueblo denomina a los comunistas "conservadores" y "reaccionarios", porque pretenden volver al pasado.

Pero la ideología y su nefasta aplicación todavía continúan imperando en Corea del Norte y tienen seguidores en América Latina, sobre todo en Cuba cuya oprobiosa dictadura sigue siendo la "niña mimada" de nuestro arcaico izquierdismo. No queremos convertirnos en un país que, como el feudo de los hermanos Castro, cercena toda clase de libertades pero, por ineficiencia propia, tiene que importar el 80% de los alimentos que consume, aunque ha transcurrido medio siglo de revolución marxista leninista y a pesar de que en la isla no hay huelgas de ningún tipo.

El pueblo uruguayo no merece ser acosado por un desbordado sindicalismo que equivocó su camino y que no es consciente de los daños que puede ocasionar. Corresponde al Estado y a la clase política -oposición y gobierno-, a la cultura nacional en toda su amplitud, retomar el rumbo que les fuera usurpado.