Nuevo Código del Proceso Penal

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El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP), que propone instaurar un sistema oral, acusatorio (donde el fiscal será el responsable de dirigir las investigaciones) y que se sustanciará a través de audiencias públicas.

En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que "es imperioso encarar un proceso de transformación integral del actual sistema de persecución penal y juzgamiento de los delitos que hoy se encuentra vigente, la que se vuelve ineludible, frente a la obligación de adaptar nuestra legislación a los estándares mínimos que rigen en la materia".

El actual CPP, vigente desde el año 1980, fue "sancionado durante el gobierno de facto y se afilia a un sistema inquisitivo reformado que no se adecua a la previsión del ar- tículo 22 de la Constitución de la República", se explica en la exposición de motivos.

La Carta Magna señala que todo juicio penal se iniciará con una acusación del fiscal, a la vez que prohíbe las "pesquisas secretas".

El gobierno también resalta la relevancia que, en el último tiempo, ha cobrado la actuación de la justicia penal en la sociedad.

"En las últimas dos décadas, la sensibilidad ciudadana frente a los problemas de seguridad ha trasladado una legítima atención hacia el servicio de justicia penal y su capacidad para brindar respuestas", se explica.

"No se trata, entonces, de que el sistema de justicia penal supla las actividades que en el área le son exigibles a otras instituciones, pero es importante que se asuma la necesidad de un adecuado instrumento para la resolución de los conflictos penales", subraya el Poder Ejecutivo.

En lo estrictamente operativo, si se aprueba el proyecto de reforma del CPP, los juicios penales pasarán a ser orales, públicos y serán los fiscales quienes tendrán la responsabilidad de coordinar y dirigir a la Policía en las indagatorias.

Otra novedad que plantea el proyecto es que el procesado permanecerá en libertad hasta el momento de la sentencia, por lo que solo a excepción de delitos graves, quedará en desuso la figura de la prisión preventiva.

A su vez, se plantea la creación de cargos de jueces que tendrán a su cargo los expedientes hasta el procesamiento y otros que asumirán competencia para el dictado de la condena.