Es grave la denuncia del Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, quien dice ser hostigado por el gobierno y por el gremio de funcionarios del organismo. Según Ubiría, la persecución se inició bajo la administración anterior después que él se pronunció contra el cobro del impuesto a la renta a los jubilados. En ese tiempo fueron evidentes las ilegítimas presiones que intentó ejercer sobre la Fiscalía de Corte el entonces subsecretario de Educación, Felipe Michelini, en abierto desafío a las normas que consagran la independencia técnica de ese servicio. Ubiría reconoce ahora que con las actuales autoridades del ministerio se lleva mejor, aunque eso no le sirvió para lograr mejoras presupuestales, algo que en definitiva perjudica a la Fiscalía de Corte y a los ciudadanos que recurren a la Justicia.