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R. MERNIES / E. BARRENECHE

El gremio de Aduanas le ganó ayer la pulseada al Estado, luego de que el Ministerio de Economía aceptara seguir repartiendo el fondo de decomisos entre los funcionarios y quitarle los beneficios extra a los 50 paraestatales no aduaneros.

El preacuerdo al que llegaron la Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA) y los representantes del gobierno "contempla los principales requerimientos del sindicato", expresó Eduardo Lombardo, dirigente de la gremial, que ayer había expresado que el sindicato se disponía a denunciar al Estado uruguayo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e incluso iniciar una causa penal.

Los aduaneros reclamaban que se mantuviera un beneficio que perciben desde 1936 (un fondo de decomisos y multas que se reparte entre todos los funcionarios) y que se regularizara la situación de 50 funcionarios paraestatales que habían llegado de otras dependencias del Estado y que, percibiendo los incentivos de Aduanas, tenían haberes muy superiores, por tener topes salariales más elevados.

Según Lombardo, el preacuerdo de anoche "mantiene el fondo de decomisos hasta que comience la reestructura de Aduanas" y "elimina los beneficios de aduaneros para los paraestatales".

Hoy la asamblea general evaluará y votará la propuesta, aunque todo parece indicar que el paro podría levantarse después del mediodía.

Acciones legales. El abogado de la AFA Juan Pablo Decia, afirmó en horas de la tarde que "lo que hizo el gobierno es una medida claramente antisindical, violatoria de preceptos constitucionales y de leyes que protegen en libre ejercicio del derecho de huelga".

El gremio aduanero entendió que las medidas tomadas por la Dirección Nacional de Aduanas -utilizar funcionarios no sindicalizados y becarios para hacer el trabajo de los huelguistas- fueron un agravante, e incluso había denunciado "amenazas".

El sindicato también denuncia que "a los que no se adhieren al paro les van a pagar viáticos para que se trasladen a otros puntos", dijo Lombardo.

Decia agregó que las acciones de la Dirección Nacional de Aduanas "también violan todos los convenios internacionales de los cuales el Estado uruguayo es parte".

El gremio tenía pensado ayer ampliar su denuncia ante el Ministerio de Trabajo (reclamando su intervención inmediata), redactar el documento para presentar ante la OIT y reunirse con representantes de la Federación de Funcionarios de la Recaudación Fiscal y Aduanera del Mercosur (Frasur) y coordinar acciones con otras gremiales vinculadas a la operativa portuaria, en procura de agudizar las medidas ante la imposibilidad de diálogo.

"Lo más grave son los `rompehuelgas`. Esto es algo que nunca vivimos, totalmente innovador. Y nos sorprende mucho más tratándose de un gobierno de izquierda; nunca lo imaginamos. Y mucho menos después del discurso de Mujica diciendo que la posición del gobierno es negociar. Nadie se acercó a hablar ni nos propuso nada. Pedimos una reunión con el director nacional de Trabajo, pero no nos respondió", agregó.

Por su parte el director de Aduanas, Enrique Canon, aseguró a El País que siempre se "utilizaron todos los recursos dentro de la normativa vigente" y explicó que en la jornada de ayer hubo 11 dependencias funcionando con normalidad, mientras otras cinco no trabajaron (Colonia, Fray Bentos, Rivera, Aceguá y Chuy).

"Son administraciones que tienen un porcentaje significativo de funcionarios adheridos a la medida", explicó Canon.

El director también desestimó la acusación de la AFA: "Esa es una acusación muy seria que yo desmiento enfáticamente. No coacciono a los presupuestados ni a los pasantes. En Aduanas está garantizada la libertad sindical. Los que quieren detener sus tareas no reciben presiones de nadie, y los que quieren trabajar, tampoco sufren ninguna presión", afirmó Canon, quien también asumió plenamente la responsabilidad de haber tomado la decisión de "utilizar todos los recursos humanos posibles", desestimando las versiones que aseguraban que la orden había salido del Ministerio de Economía.

Fronteras. Ante la intervención de las autoridades utilizando becarios, la Asociación de Funcionarios de Aduanas se puso en contacto con sus pares de Argentina y Brasil, en procura de que la operativa también se interrumpa del otro lado de las frontera y así lograr el objetivo de cerrar el paso.

"Acaban de llamar de Livramento para avisar que la Aduana brasileña se solidariza y van a trancar todo lo que entra y sale de Uruguay", dijo Lombardo ayer por la tarde.

"Recibimos una moción aprobada en la federación de aduaneros y recaudadores de Brasil, donde nos comunican que iban a exhortar a los operadores a que no dieran trámite a operaciones con destino o desde Uruguay", puntualizó.

Otro dirigente del gremio que prefirió el anonimato agregó que el Sindicato Único de personal Aduanero de la República Argentina "también está con la misma posición".

Según Lombardo, Canon es quien tuvo a su cargo el análisis y la proyección de la reforma de Aduanas desde 2007. "Hoy, en 2010, todavía hablamos de una reforma sin contenido", soltó.

De continuar el conflicto en Aduanas, los camioneros iban a cortar los pasos fronterizos.

"No coacciono a presupuestados ni a pasantes. Esa es una acusación muy seria que desmiento enfáticamente".

"Los señores contrabandistas tratarán de aprovechar (esta situación conflictiva). Trataremos que el riesgo sea mínimo".

"En la Dirección de Aduanas estamos utilizando todos los recursos que disponemos dentro de la normativa vigente del país".

"Es alarmante que no haya instancia de diálogo. Seguimos parando y el director está agravando la situación".

"Nos amenazan con que vamos a ser trasladados. A los que no se adhieren al paro les van a pagar viáticos para que se trasladen y trabajen".

"Mujica dice que la posición del gobierno es negociar, pero acá no se abrió ninguna instancia de diálogo. Nadie vino a hablar con nosotros".

En el medio de la mayor confrontación laboral de los últimos años, los profesionales de la Dirección de Trabajo (Dinatra), que se encargan de la negociación colectiva y de asesorar personalmente a los trabajadores, comenzaron una serie de movilizaciones contra el decreto que los obliga a trabajar seis horas.

Los servicios de Dinatra se dividen en negociación colectiva y audiencias y consultas personales.

En la etapa final de las negociaciones por los convenios colectivos que vencieron el 30 de junio los negociadores profesionales del MTSS resolvieron trastocar el horario de las audiencias.

Reclaman que junto a la orden del Poder Ejecutivo de trabajar seis horas diarias se incluya un incremento salarial proporcional. Ayer la asamblea de profesionales solicitó una entrevista al director de Trabajo, Luis Romero, que los recibirá a las 11.30 de esta jornada.

Flavia Romano, vocera de los negociadores en conflicto, señaló que el convenio colectivo de 2008 señala expresamente que su jornada laboral es de cuatro horas. "No nos negamos a trabajar seis horas, lo que no aceptamos es hacerlo por el mismo sueldo que nos pagan por cuatro", dijo Romano.

En tanto, en el sector de audiencias y consultas la medida asumida por los abogados y técnicos en relaciones laborales de la Dinatra implica reducir a la mitad el volumen de trabajo.

Los profesionales de esa repartición trabajan tres horas diarias desde 1990 cuando acordaron con la entonces ministra Analía Piñeyrúa una reducción de la jornada laboral a cuenta de un aumento de salario.

Según los trabajadores de esa oficina los gobiernos siguientes entendieron que la tarea implica un alto nivel de estrés por lo que mantuvieron el régimen horario.

Ayer presentaron una carta al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y al director de Trabajo, Luis Romero, en la que intiman a formar una mesa de diálogo en 24 horas.

Romero señaló que piensa llamar a COFE para que se sume a la reunión con los funcionarios de Dinatra y aclaró que las medidas de los profesionales no están afectando las negociaciones.

"Los trabajadores están ejerciendo su derecho, nosotros no andamos corriendo atrás de ellos, pero lo vamos a arreglar. Le vamos a plantear cómo, sin alterar la medida de lucha, perjudicamos lo menos posible al público", manifestó Romero.