El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de conexión a la red de saneamiento y tipifica a las condiciones irregulares de conexión como delito.
"El objetivo de una red de saneamiento es la eliminación de formas de saneamiento individuales que por uso incorrecto o por falta de control, constituyen focos potenciales de constituyen focos potenciales de contaminación, y de riesgo sanitario, en particular en áreas de alta densidad de población", establece la exposición de motivos del proyecto.
La fundamentación del proyecto destaca, asimismo, los planes de obras de OSE para extender el saneamiento a lugares potencialmente críticos del país, tales como Ciudad de la Costa, Las Piedras, Maldonado y Punta del Este. La fuerte inversión que estas obras suponen para el Estado, argumenta el Ejecutivo, hacen necesaria la conexión obligatoria.
Basado en ello, el articulado prevé una escala de sanciones para los incumplimientos. "Asimismo la carga fijada para el caso de incumplimiento, es relativamente moderada, aunque significa un costo relevante para quien sea omiso en conectarse", se argumenta.
El proyecto establece un castigo mediante la aplicación de una figura penal, creando el delito de conexión irregular, para "la conducta no solidaria y abusiva de quienes se aprovechan en forma clandestina de la infraestructura existente". Para ello el Artículo 14 del proyecto propone la incorporación del Artículo 224 Bis al Código Penal, que para estos casos penaliza la conducta con tres a 24 meses de prisión. Y fija tres agravantes a este delito: que dicha conducta provoque daños a la red, que ocasione perjuicios al servicio o a otros usuarios, o que el causante sea funcionario de OSE o de la Intendencia de Montevideo.
Se prevé la expedición de un certificado válido para transacciones inmobiliarias.