Primero fue el canciller Luis Almagro quien levantó la bandera de la anulación de la ley de Caducidad. Invocaba para ello el cuidado de la imagen del país y la posibilidad de que se expusiera a una condena de organismos internacionales. Al obrar así, parecía que actuaba a nombre del Poder Ejecutivo, pero ahora dicen que no era así. De todos modos, su prédica obtuvo el voto mayoritario de Diputados aunque fracasó en el Senado en donde tres senadores oficialistas se negaron a anular la polémica ley.
Cuando todo hacía suponer que el tema estaba cerrado, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, aclaró que el Poder Ejecutivo nada tenía que ver con el proyecto de anulación. Todo fue obra de los legisladores del Frente Amplio, dijo. Según Breccia, lo de Almagro fue una cruzada personal no sustentada por el Poder Ejecutivo. El canciller quedó tan descolocado que salió a retrucar las declaraciones de Breccia.
El tercer acto de este gigantesco e interminable embrollo lo protagonizó José Mujica. En un comunicado se desmarcó de los dichos de Almagro y de Breccia. Ajeno a todos y a todo, también tomó distancia del proyecto de anulación. Según ese comunicado, el canciller de la República y el secretario de la Presidencia se movieron a su antojo y capricho en el tema sin el aval presidencial, algo difícil de creer para cualquier ser racional.
Broche de oro de este gigantesco embrollo, Mujica se declaró dispuesto a "obedecer y acompañar" las decisiones del Frente Amplio sobre la ley de Caducidad, actitud incorrecta pues un presidente no debe moverse al compás de las pulsiones partidarias sino en función de los intereses nacionales. ¿Habrá más noticias para este boletín?