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Lo que comenzó en forma auspiciosa pese al recelo previo, se vino a pique en pocos meses. Los militares ya no confían en los gobernantes y las fuerzas se desmoralizan: una condición negativa para el militar.

Dos semanas después de asumir la Presidencia, bajo el caliente techo de zinc del hangar del Escuadrón de Ataque 1 de la Fuerza Aérea en Durazno, el presidente José Mujica se plantó ante los militares con el fin de hacerles llegar de primera mano su modo de ver la relación.

En su mensaje concreto, de pocas pero profundas frases, les dio señales que los halagaron.

En esa charla al mediodía del 16 de marzo, ante unos 300 oficiales de todas las fuerzas y en presencia de los comandantes en jefe, las palabras del mandatario trasuntaron que no habría revanchismo por los hechos de casi 40 años atrás, y adelantaron algunas pautas "auspiciosas", según la interpretación que hicieron los jefes castrenses tras el encuentro.

Por ejemplo, en esa reunión el presidente reconoció la "postergación salarial" de los uniformados, según sus propias palabras, y adelantó otros aspectos sociales que permitieron bajar tranquilidad a la tropa, como la posible inclusión de los subalternos en el plan de emergencia habitacional. Otro tema fue el de los derechos humanos, en donde el presidente les dijo a los militares que se mantendría la política vigente sobre la ley de Caducidad tal como él mismo se comprometió a lo largo de la campaña electoral de 2009.

Mujica invitó entonces a las Fuerzas Armadas a construir con el gobierno la "unidad nacional" y les dejó claro a los militares que no está para cobrar viejas cuentas del pasado. Fuentes castrenses dijeron a El País que el mensaje de Mujica fue "superlativo" y "conciliador", y destacaron la receptividad del presidente a los planteos de los jefes militares.

La reunión fue tan amena que hasta almorzaron juntos gobernantes y militares. La Fuerza Aérea, anfitriona, sirvió un menú bien austero consistente en un guisado compuesto por maíz, porotos, zapallo, carne de ave, cerdo y vacuna. Bebieron agua mineral y una sola jarra de vino de una bodega de la zona por mesa.

Pero a poco de eso, la relación entre el gobierno y los militares comenzó a deshilacharse por las señales "contradictorias", a juicio de los uniformados, que el Poder Ejecutivo ha enviado.

REDUCCIÓN. Uno de los primeros mensajes que se deslizó fue la idea de reducir las Fuerzas Armadas para adecuarlas al "nuevo rol" que definirá, de aquí a un año, el Estado Mayor de la Defensa (Esmade) creado por la ley marco de defensa.

Aunque nunca se ha dicho con precisión la cifra, esta semana se conoció un estudio de impacto sobre las consecuencias de una disminución de los efectivos hecho por el presidente de la comisión de Defensa del Senado, el senador frenteamplista Jorge Saravia (Espacio 609).

Ese documento habla de 6.500 efectivos menos en una fuerza total de 31.000 hombres, y que alerta, a la vez, de que con estos planes se puede convertir a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional.

Poco más tarde, se conoció otro elemento de discordia. El presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo para las Fuerzas Armadas molestó enormemente a los uniformados que dijeron sentirse "postergados", más aún que al comienzo del gobierno. Los aumentos salariales fueron considerados menores frente a los otorgados al Ministerio del Interior por segunda administración de gobierno consecutiva.

Además, el articulado que está a estudio del Senado desplaza de cargos estratégicos en diversos servicios de las Fuerzas Armadas a oficiales y coloca allí a dirigentes políticos de particular confianza.

CADUCIDAD. No menos sorpresa causó entre los militares la actitud del Poder Ejecutivo frente a los intentos de la bancada del Frente Amplio por anular la ley de Caducidad, lo cual aún se discute.

Más aún cuando vinculado a una investigación reactivada a partir de un caso antiguamente comprendido en esa ley terminó con el procesamiento del general Miguel Dalmao, el primer oficial en actividad que es recluido por la muerte de una militante de izquierda en dictadura.

El caso Dalmao provocó incluso algo infrecuente: el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, fue llamado al Comando del Ejército para hacerle ver el "malestar" y "desánimo" que ha ganado a los soldados con estas medidas, dijeron a El País participantes de la reunión. Una protesta, según fuentes de la comisión de Defensa del Senado, se vio como "una muestra de debilidad" y de "afectación de la verticalidad del mando" por parte del gobierno, dado que en esa reunión se le llegó a plantear al ministro que "nadie" defiende a los militares en el Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, la decisión sobre el cambio del jefe de la Fuerza Aérea provocó algo nunca antes visto en las Fuerzas Armadas: la designación del brigadier general Washington Martínez como comandante causó el pedido de retiro de todos los oficiales generales con mayor antigüedad que él en el grado, una regla no escrita pero que se sigue con fidelidad entre los militares.

6.500 Es una cifra estimada de bajas que el gobierno piensa conseguir con el plan de reducción de las tres Fuerzas Armadas.

1.800 Es la cantidad de personal militar que las cuatro divisiones de Ejército envían afuera del país a las misiones de paz de la ONU.

Debido a su problemática situación financiera, el Hospi- tal Militar espera la concreción de un acuerdo con ASSE para venderle servicios. El tema viene siendo negociado desde hace más de un mes pero aún no se ha producido el acuerdo necesario.

Semanas atrás, un grupo de usuarios del Hospital Militar realizó una manifestación pública que llegó hasta la sede del Ministerio de Defensa Nacional, en procura de que el ministro Luis Rosadilla atendiera los reclamos del hospital. Los usuarios denunciaron falta de profesionales y técnicos, que emigran en masa hacia la salud pública y privada donde a igual función tienen una remuneración notoriamente mejor.

Fue a partir de ese planteo público y de los reclamos de legisladores de la oposición que el gobierno ideó la posible venta de servicios a ASSE, dadas las características técnicas que tiene el centro asistencial de las Fuerzas Armadas.

En la ley de Presupuesto no hay una atención financiera para el nosocomio, algo que esperaban los militares.

Pese a que en su momento se barajó como otra posibilidad, hasta ahora no se ha arbitrado una solución para el Hospital Militar por medio de la transposición de rubros entre Incisos en la ley de Presupuesto.

El posible cierre de unidades militares en la zona oeste del país es visto con preocupación por un oficial superior de la Armada, que admitió a El País que tal circunstancia "tendría tantas o más repercusiones que si se cerrara la comisaría del barrio". La referencia del militar viene a cuenta de que en las ciudades del interior del país los militares colaboran en numerosas tareas sociales como alimentación y salud a la población, construcción, así como en funciones de policía aeronáutica y marítima.

Un oficial subalterno de la División Ejército 4, con sede en Tacuarembó, destacó que los soldados colaboran en varios eventos locales. Por ejemplo, lo han hecho en la Fiesta de la Patria Gaucha con el cercado del predio. "Nos piden que hagamos una empalizada de 1.500 metros y en minutos tenemos 90 hombres trabajando para un evento con cuya organización nada tenemos que ver", dijo a El País. Este año, el martes de Carnaval, a las 2 de la mañana y a causa de una inundación, rescataron a 45 personas de las aguas del río Tacuarembó chico.

En Paso de los Toros, el Ministerio de Defensa genera 520 fuentes laborales en una población de 14.000 personas. Se estima que la disminución de soldados generará una fuerte baja en el movimiento comercial de la ciudad. "El cierre de unidades puede repercutir muy fuerte en lo social. Es solo preguntar en Paso de los Toros qué pasó con la ciudad cuándo se perdieron las fuentes laborales de AFE y UTE. Ahora pasará lo mismo o peor", confió a El País un oficial superior del Ejército. "Además, hoy en día el soldado y su familia acceden a atención sanitaria a bajo costo, y eso no se le puede sacar", resaltó.