Hoteles se bajan de negociación por cambio en régimen de descanso

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PABLO MELGAR

El sindicato hotelero logró que Diputados diera media sanción a un proyecto de ley que le otorga 52 horas de descanso por semana. Los empresarios recibieron la noticia como una "puñalada" y se retiraron de los Consejos de Salarios.

Cuando empresarios y trabajadores de restaurantes y hoteles estaban negociando el acuerdo que venció el 30 de junio, Diputados aprobó un proyecto de ley que regula el horario de descanso en el sector.

Ante ello la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU) se retiró de la mesa de diálogo de los Consejos de Salarios. Según su criterio, la norma modifica el régimen de francos y los obliga a pagar la diferencia de los últimos cinco años.

"Esto es una puñalada. Estamos negociando en un ámbito y se apuesta a otro para solucionar las cosas. Estamos deteniendo las negociaciones para poder informar a las autoridades sobre el verdadero impacto que puede tener esta ley", dijo ayer a El País el secretario de AHRU, Juan Martínez Escrich.

El empresario calificó como "chantaje" que se presente una ley cuando se está buscando un acuerdo en el "ámbito que fijó el gobierno para negociar".

La norma viene a interpretar una serie de decretos que regulan la actividad. Mandata que el descanso de los trabajadores sea de 36 horas y deberá comprender la jornada íntegra del día siguiente a haber cumplido 44 horas semanales de labor. Además señala que el mínimo de horas de descanso referidas no será inferior a 16 por cada 24 trabajadas.

Según los empresarios, el problema está en que se utiliza el término "declárese" en el comienzo del texto, lo que abriría la posibilidad de eventuales acciones legales por parte de los trabajadores.

"El gran impacto es que la ley tiene un efecto retroactivo. Puede determinar demandas por la diferencia salarial de los últimos cinco años a la fecha", señaló Martínez.

El diputado frenteamplista y ex sindicalista Luis Puig -uno de los promotores del proyecto- dijo a El País, que el objetivo no es aplicar la retroctividad. No obstante, señaló que no está dispuesto a que se saque el término "declárese" en el Senado.

"El objetivo es que se cumpla el descanso semanal y entre jornadas de los trabajadores. En la actualidad no está establecido a partir de qué momento se computa el régimen de descanso. Un trabajador sale a las 8 del lunes y puede ser convocado el martes a las 22, porque cumplió con las 36 horas. Por lo que el descanso semanal queda sin efecto", indicó el legislador.

El proyecto, que fue aprobado con un solo voto en contra en la Cámara Baja (el nacionalista Jaime Trobo), modifica la ley 12. 468 del 12 de diciembre de 1957.

Según Puig, el Partido Colorado habría manifestado su interés en votar el proyecto en el Senado. "Esto va a tener una rápida aprobación porque nadie puede negarse a votar el derecho al descanso de los trabajadores", dijo Puig.

Uno de los principales hoteles de Montevideo ganó en primera instancia una demanda por el descanso de sus trabajadores a la Inspección de Trabajo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo sostuvo que no hay normativa que establezca el comienzo del descanso de los funcionarios.

Martínez Escrich manifestó que el descanso dispuesto no es el mismo que se maneja en otros sectores de actividad como el comercio y la industria.

"Queremos mantener las 36 horas actuales, con esta ley en los hechos el descanso queda en 52 horas por semana, algo inédito en nuestra legislación", explicó el empresario.

El tesorero de AHRU, Rafael Gómez, reclamó "respeto para una industria que genera más divisas que la carne".

Según Gómez, con los reclamos se está generando un ambiente "complicado" que no es "bueno" para la forma de trabajo del sector de los servicios.

Los hoteleros manifestaron su preocupación por el efecto que pueda tener la norma en el comienzo de la temporada estival en los establecimientos más pequeños.

"Yo no sé cómo van a hacer dentro de un mes para aplicar este régimen de descanso en Punta del Este y Piriápolis, donde se trabaja de lunes a lunes durante dos meses. Tendrán que salir corriendo a buscar gente que los cubra porque de lo contrario se llenarán de reclamos judiciales. Se terminará dando un mal servicio", aseveró Gómez.

En 2008 el sector hotelero fue el primero en alcanzar un acuerdo. Los empresarios sostienen que el nivel de afiliación sindical es mínimo y que el sindicato maneja cifras de salarios que se pagan en algunos hoteles. El sindicato dice que los sueldos promedio son de $ 6.500, en cambio los empresarios sostienen que la generalidad de los salarios es de $ 10.000. La diferencia, según AHRU, es que hay algunos establecimientos del interior que pagan lo que denuncia el sindicato pero que no es la generalidad del mercado.

Según los indicadores de actividad del BPS y la DGI, la industria hotelera y gastronómica ocupa en forma directa a unos 20.000 trabajadores.

La recaudación del sector cayó un 2% en el último año móvil, según la DGI. No obstante, realizó más servicios. La diferencia en la facturación radica en el valor del tipo de cambio, según las empresas.

Trabajadores y empresarios habían alcanzado un acuerdo de reducción en las horas de trabajo que pasaba de 48 a 44 semanales. "Eso es en los hechos un aumento salarial del 8%, a eso hay que agregarle incrementos por recuperación y por inflación", dijo Martínez.

Para el Pit-Cnt aún resta acordar el salario y las condiciones de trabajo para unos 980 mil trabajadores entre las dos rondas de negociación colectiva.

El gobierno sostiene que en la primera ronda se llegó a un 40% de acuerdo. El Ministerio de Trabajo votó solo en uno de los grupos, según el subsecretario de la cartera, Nelson Loustanau.

La primera ronda implicó al 39% de los sectores. Corresponde a los grupos cuyo convenio venció el 30 de junio.

La siguiente etapa está compuesta por 133 grupos cuyo convenio vencerá el 31 de diciembre. Algunas unidades acordaron adelantar la negociación. Tuvieron que dejar por escrito su voluntad de hacerlo a pedido del MTSS a fin de que las cláusulas de paz laboral concluyan en el tiempo previsto.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentará a inicios de la próxima semana una acción de amparo para suspender la aplicación del decreto que obliga a trabajar un mínimo de seis horas en las oficinas del Estado.

Esta acción legal, a cargo de los abogados de COFE Daniel Parrilla y Alicia Artigas, se presentará ante un juzgado letrado de lo Contencioso Administrativo entre el lunes 15 y el martes 16, dijo Parrilla a El País.

La acción de amparo plantea la "inaplicación" del decreto ante el cambio "unilateral" por parte del Estado de las condiciones de trabajo de los estatales. La iniciativa abarca exclusivamente a los profesionales universitarios y técnicos (escalafones A y B), agregó Parrilla.

Esto se suma al recurso administrativo -suscrito por unos 3.000 trabajadores- que va contra el mismo decreto y que fue presentado por COFE este último jueves.

COFE argumenta que si el gobierno aumenta las horas de trabajo a sus funcionarios, también debe compensarlos económicamente, dijo a El País José Lorenzo López, secretario general del gremio.

En administraciones anteriores, cientos de estatales lograron reducir su jornada laboral, mediante acuerdos, ante la imposibilidad de recibir ajustes salariales por parte del Ejecutivo.

El reclamo de la compensación económica que plantea COFE se refuerza para los trabajadores del Estado con salarios sumergidos.

El principal argumento de los sindicatos de la Administración Central es contra el régimen de sanciones a quienes violen el nuevo régimen horario establecido, agregó López.

Según el dirigente, la nueva legislación habilita a los jerarcas la aplicación de hasta 180 días de sanción sin que medien procesos que dan garantías al trabajador.

En caso que la Justicia se expida favorablemente ante el recurso de COFE, el fallo tendrá efecto suspensivo en la aplicación del decreto de las seis horas para los profesionales y técnicos.