PILAR BESADA
El Ministerio del Interior reconoció que la totalidad de los establecimientos de reclusión del país carece de la habilitación de Bomberos. La información fue brindada ayer a un diputado colorado que intimó judicialmente al Ministerio.
El diputado Juan Manuel Garino, de Vamos Uruguay, recibió ayer en un juzgado de lo Contencioso Administrativo los datos del Ministerio del Interior, luego de que intimara el 27 de octubre al ministro Eduardo Bonomi para que le brindara esa información.
En respuesta a esa demanda, el Ministerio afirmó que "tanto los centros de reclusión dependientes de la Dirección Nacional de Cárceles, como los que dependen de las Jefaturas de Policía Departamentales, han sido asesorados técnicamente por Bomberos, en su mayoría en el año 2009", pero señaló que "carecen de habilitación la totalidad de los centros".
La respuesta agrega que las cárceles de Punta de Rieles y de Rivera, que están en construcción, "se encuentran en trámite de habilitación por la Dirección Nacional de Bomberos".
Tras el incendio en la cárcel de Rocha, adonde murieron 12 reclusos calcinados en julio, Garino presentó ante el Ministerio del Interior una acción de solicitud de informes para saber cuáles centros de reclusión estaban habilitados por Bomberos y cuáles no.
Al vencerse el plazo legal el diputado no había recibido contestación, por lo cual intimó por vía judicial al Ministerio, según lo que dispone la ley 18.381 de acceso a la información pública.
Garino se preguntó "qué está esperando el Ministerio del Interior para habilitar los centros". Además del episodio de la cárcel de Rocha, el diputado recordó que otros cinco reclusos murieron a consecuencia de un incendio en el Comcar en agosto de 2009. "¿Cuál es el valor de la vida para Bonomi? Hay cárceles adonde hay reclusas con sus hijos", afirmó.
Además, el legislador afirmó que "llama poderosamente la atención que se llegue a esta instancia judicial para obtener una simple respuesta de si las cárceles tienen o no habilitación de Bomberos, requisito indispensable para funcionar de acuerdo con la ley".
La ley de acceso a la información pública, aprobada durante la legislatura pasada, habilita a cualquier ciudadano a pedir información a organismos públicos, que están obligados a contestar en un plazo no superior a 20 días.
Garino señaló que prefirió utilizar este mecanismo en lugar de recurrir al pedido de informes que habitualmente realizan los legisladores, porque un alto porcentaje no son respondidos. "En la legislatura pasada, el 40% de los pedidos de informes no fueron contestados y hoy se continúa con esta política de desinformación", indicó Garino.
La cárcel de Rocha -que será clausurada cuando esté terminada la ampliación de la cárcel de Las Rosas-, no contaba con la habilitación de Bomberos al momento del incendio y tenía extintores pero estaban vacíos.
La cárcel funciona en un edificio de 150 años, construido para albergar a 60 reclusos, aunque había 133 presos en julio cuando se incendió.
Las cifras
17 Son los reclusos que murieron a raíz de incendios en cárceles entre 2009 y 2010. Fallecieron 12 en la cárcel de Rocha y 5 en Comcar.
20 Son los días de plazo para contestar la solicitud de información pública, según la ley 18.381, a la que puede recurrir todo ciudadano.