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DANIEL ISGLEAS

El Frente Amplio rechazó un pedido de exoneración tributaria del Centro Militar como entidad cultural y social, alegando que esa institución "no fomenta la democracia". Hubo reuniones y llamado del Ejército a Rosadilla por el caso Dalmao.

La situación con el Centro Militar, una entidad que agrupa a oficiales militares en actividad y retirados, se produjo ayer en la Junta Departamental de Montevideo cuando se analizó un pedido de una exoneración del tributo de contribución inmobiliaria entre 2003 y 2007, expediente que llegó avalado por la última administración comunal de Ricardo Ehrlich y la actual, a cargo de la comunista Ana Olivera, en base a un informe favorable de Jurídica de la Intendencia.

El hecho se inscribe en la polarización que se está dando a nivel político por la iniciativa del Frente Amplio para aprobar una ley interpretativa de la ley de Caducidad.

Ayer martes 9, en la comisión de Hacienda de la Junta Departamental, representantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) fundaron su negativa a acompañar la exoneración tributaria sosteniendo que el Centro Militar "no fomenta la democracia ni tiene una función cultural", y afirmando que desde la revista El Soldado, órgano oficial de esa entidad, se han manifestado "posiciones contrarias a la declaración de inconstitucionalidad" dictada por la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de Caducidad, dijeron a El País fuentes políticas.

Lo ocurrido en la Junta con el Centro Militar, se produjo 24 horas después que la Justicia procesara con prisión al general del Ejército en actividad Miguel Dalmao por el homicidio en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. En el auto de procesamiento se acusó al general como coautor de ese homicidio.

Cuando se analizó el pedido del Centro Militar, ediles del MPP, la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista impusieron su mayoría y rechazaron la propuesta de exoneración.

"se acabó". Como única voz del Poder Ejecutivo sobre el procesamiento del general Dalmao, el presidente José Mujica envió un escueto mensaje ayer desde Punta del Este, donde cumplía una actividad oficial. "Es una decisión de la Justicia, no es opinable, se acata", afirmó el presidente.

La situación derivada del procesamiento de Dalmao provocó una reunión del comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, con los trece generales en actividad (Juan Giorello pidió el retiro hace algunas semanas y Dalmao está en prisión), para analizar la situación. Fuentes militares dijeron a El País que a la reunión celebrada en el Comando se invitó al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien concurrió sobre el mediodía de ayer con el subsecretario Gabriel Castellá.

En ese encuentro se le hizo escuchar al ministro el punto de vista de los jefes militares en torno al procesamiento de Dalmao. Rosadilla escuchó y explicó cuál había sido el proceso seguido desde que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de Caducidad para el caso Sabalsagaray.

En el Ejército cundió un profundo malestar por el procesamiento, lo cual "no se esperaba", dijeron los informantes.

También ayer, el comandante Rosales -que se llamó a silencio- emitió una circular interna que se hizo llegar a todas las unidades de la fuerza en el país, en la que informó sobre tres puntos: el procesamiento, el inicio de un proceso judicial sobre el caso, y que Dalmao fue alojado en Coraceros. No hubo otras valoraciones o exhortaciones a la unidad, dijeron los informantes.

El ministro Rosadilla evitó ayer cualquier contacto con los medios, dado que suspendió toda su actividad oficial fuera de la sede del Ministerio.

Rosales suspendió una reunión prevista con los centros de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas.

Por orden del Ministerio del Interior, el general Miguel Dalmao fue alojado ayer en la sede de la Guardia de Coraceros, en José Pedro Varela y José Batlle y Ordóñez. Se consideró que Dalmao, al estar en actividad, no debía ser alojado junto a los militares retirados detenidos en la cárcel de Piedras Blancas.