P. MELÉNDREZ / D. ISGLEAS

Por primera vez, un general en actividad fue enviado a prisión por un crimen ocurrido en la dictadura. Se trata de Miguel Dalmao, hasta ayer, jefe de la División IV del Ejército. En ámbitos castrenses, la decisión judicial cayó "muy mal".

En momentos en que se discute políticamente una posible anulación de los efectos de la ley de Caducidad, la Justicia procesó a dos militares por un caso emblemático de la dictadura: el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, una profesora de literatura que murió el 29 de junio de 1974 estando detenida en el Batallón de Transmisiones N° 1.

Junto con Dalmao, el juez Rolando Vomero también procesó con prisión al coronel (r) José Chialanza. En los dos casos, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, el magistrado les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado" en grado de "coautoría".

Los abogados de ambos militares se notificaron en el juzgado sobre la decisión del magistrado, y rato después los oficiales se presentaron voluntariamente en la sede de Interpol, donde quedaron detenidos para el inicio de los trámites correspondientes. Se estima que serán alojados en la cárcel para militares de Piedras Blancas.

Chialanza era el jefe del Batallón de Transmisiones N° 1 y Dalmao (que en 1974 tenía el grado de alférez) era el responsable interino de Inteligencia de esa unidad, ubicada en el barrio Peñarol.

El cuerpo de Nibia Sabalsagaray apareció sin vida en su celda, horas después de haber sido detenida. El caso se hizo pasar como suicidio, pero el juez Vomero, en base a los testimonios de ex presos y algunos militares, concluyó que la joven militante y profesora de literatura falleció durante una sesión de tortura.

Si bien no se inculpa a Dalmao y Chialanza por haber sido los autores materiales de la muerte, su vinculación surge a raíz de que, según las pruebas recolectadas durante la investigación, permitieron y avalaron la tortura en el interrogatorio en el que murió Sabalsagaray.

En su fallo, el juez señala que los militares incurrieron en "contradicciones" y que buena parte de sus declaraciones no son creíbles, en función de las pruebas recabadas.

En relación a Chialanza, quien negó la existencia de torturas, Vomero señala que quiso "convencer" de que en la unidad militar "el trato a los detenidos era más que correcto".

Respecto a Dalmao, el juez sostiene que el general modificó en dos ocasiones su versión de cómo halló el cuerpo de Sabalsagaray. Incluso, el fallo sostiene que en su momento, entre algunos militares y presos, circuló la versión de que Dalmao fue el autor material del homicidio, aunque ese extremo no se pudo comprobar.

INTERNA. En el Ejército, la noticia de los procesamientos (en particular de Dalmao, quien se encuentra en actividad) cayó "muy mal", aseguraron a El País fuentes castrenses. El teléfono del comandante en jefe, Jorge Rosales, no paró de sonar durante la tarde de ayer con llamadas que testimoniaron la solidaridad personal de camaradas con el general Dalmao.

Los informantes estimaron que la situación podría tener nuevas manifestaciones en la interna de la fuerza de tierra, con el pedido de retiro de más de un jerarca.

Ayer, el general Rosales no hizo comentarios públicos. El viernes 5, había manifestado su esperanza de que la situación se resolviera "de la mejor manera" e insistió en su plena confianza en los dichos de Dalmao alegando su inocencia.

En esa ocasión reiteró que a Dalmao se lo acompaña moralmente y que existe preocupación sobre este caso en toda la fuerza, pero subrayó que "será la Justicia quien tenga la última palabra y se deberá acatar su pronunciamiento".

NO DISPONIBLE. Dalmao fue ascendido a general el 1° de febrero de 2005, el último mes de la Presidencia de Jorge Batlle. Sin embargo, fue su sucesor, Tabaré Vázquez, quien le dio destino con su nuevo grado, que fue como director de Sanidad Militar. En 2008 fue designado como jefe de la División del Ejército IV, con asiento en Minas, Lavalleja.

Al haber sido procesado, Dalmao deja el estado de servicio activo y pasa a situación de "no disponibilidad", de acuerdo con el artículo 104 de la ley 14.157, Orgánica de las Fuerzas Armadas. En tal situación, verá afectados sus ingresos porque según lo que prevé la misma ley en su artículo 104, percibirá el 50% de sus retribuciones.

Sin embargo, la ley también establece que si el oficial resulta absuelto, se le deberán reintegrar las retenciones efectuadas durante el juicio penal.

Según dijeron fuentes militares, en primera instancia y de forma interina, la comandancia de la División del Ejército IV quedará a cargo del segundo comandante, el coronel Fernando Romero.

A futuro, el cargo le podría ser ofrecido al general Wile Purtscher, actual director del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen).

"Es increíble", dijo el teniente general retirado Raúl Mermot, que fue comandante en jefe del Ejército entre 1995 y 1997, y también ex presidente del Círculo Militar. Mermot rechazó el fallo de la Justicia sobre el general Miguel Dalmao. El militar retirado admitió que pensó que el procesamiento "no iba a llegar". La Justicia "tiene un manejo que no es creíble", aseguró a El País, y añadió que los magistrados actúan "en base a testimonios y no a pruebas". Mermot, considerado un militar que despierta gran respeto dentro de las Fuerzas Armadas, comenzó a militar en política después de su retiro del Ejército. Conduce el sector Identidad Oriental adentro del Partido Colorado.

"Esto prueba que la Justicia funciona. Y me da la razón a mí en cuanto a que no es necesario violentar la decisión de la opinión pública para que se actúe. Es un ejemplo bien claro que me da razón en cuanto a que no hay que interpretar la ley de Caducidad", dijo a El País el presidente de la comisión de Defensa del Senado, Jorge Saravia. "Este es un caso donde por primera vez va a prisión un oficial en actividad, más allá de que ahora comenzará todo el proceso y que puede haber apelaciones. Recién ahora empieza un proceso penal que puede llevar varios años. La sentencia del juez muestra que la ley de Caducidad está vigente", añadió el senador del Espacio 609.

El abogado de la familia de Nibia Sabalsagaray, Juan Errandonea, destacó la contundencia del fallo del juez Vomero, que "marca que sin lugar a dudas" la joven militante no se suicidó sino que falleció durante la tortura. Errandonea dijo a El País que el tenor de la resolución judicial marca claramente que el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, "cometió un error enorme" al hacer declaraciones públicas en defensa de Dalmao, porque "comprometió institucionalmente al Ejército al defender a un individuo sobre quien pesaba un pedido de procesamiento". "Si Rosales hubiera querido darle su apoyo a Dalmao podía llamarlo por teléfono", señaló.

En la resolución, de 28 páginas de extensión, el juez Rolando Vomero plantea detalles de cómo fueron las horas de reclusión de Nibia Sabalsagaray en el Batallón de Transmisiones N° 1 y cómo se gestó el operativo mediante el cual fue detenida la joven militante comunista.

El magistrado señala que antes de que Sabalsagaray fuera trasladada a la unidad militar, otros reclusos fueron llevados desde el carcelaje hacia unos vagones, con el objetivo de permitir el nuevo ingreso. Según Vomero, eso demuestra que la detención "no fue producto de la casualidad, sino de una actividad planificada".

De esa forma, el juez desestima los dichos del coronel (r) José Chialanza y del general Miguel Dalmao, quienes dijeron que no se enteraron de la detención prácticamente hasta el momento que se supo que la joven había muerto.

Por otro lado, Vomero resalta declaraciones de un médico pediatra que trabajaba en la unidad militar a quien se le dio aviso cuando fue hallado el cuerpo de Sabalsagaray. El profesional, que declaró como testigo, dijo que por las características del cuerpo, el fallecimiento tuvo lugar a media mañana del 29 de junio de 1974, y no sobre el mediodía como lo dijeron Chialanza y Dalmao.

El testimonio del médico prueba que la muerte "ocurrió antes de la hora indicada por los indagados", dice la resolución judicial. Como testigo también declaró el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, que era amigo de la familia Sabalsagaray, y en su condición de médico comprobó que la joven había recibido golpes de distinto tipo, lo que le permitió deducir que no se había suicidado tal como se le había indicado a sus familiares.