La primera legítima defensa

María Julia Pou

Vivimos días de inseguridad con episodios que conmueven a la opinión pública en forma creciente. A pesar de que algunos medios de comunicación han disminuido la información con respecto a los hechos de violencia y muerte que ocurren en nuestro país, las noticias corren rápidamente y los ciudadanos van cambiando su modo de reaccionar frente al clima que nos envuelve a todos.

Hemos visto la manifestación de familiares y amigos por la muerte del joven que fue agredido para robarlo en su flamante quiosco; leemos cartas de los lectores a los diarios compartiendo situaciones de violación de la propiedad en circunstancias muchas veces insólitas por la audacia o la creatividad de los procedimientos. Nos conmueven los relatos de vecinos de todos los barrios de sus propias peripecias y tragedias que nos llegan a través de la radio cuando abren sus micrófonos a los escuchas. En fin, que de una manera u otra estamos todos en permanente estado de alerta por nuestra seguridad y la de los seres queridos. Hasta aquí lo que podríamos llamar la seguridad desde el punto de vista subjetivo, personal, familiar, que esta íntimamente ligado al de la legítima defensa.

Pero hoy queremos referirnos, con este telón de fondo en el que todos somos actores, a la seguridad desde el punto de vista institucional, del gobierno, de quienes tienen la misión prioritaria de velar por la misma. El concepto de legítima defensa que actualmente está siendo considerado como pasible de un "aggiornamento" no nos impide apuntar a que la primera defensa legítima a que todos tenemos derecho es aquella amparada en el artículo 7° de la Constitución donde reza que todos los habitantes de la República tenemos derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, el trabajo y la propiedad. Compete pues al gobierno la acción preventiva y la represión del delito como forma de garantizarnos nuestros derechos.

Por estas consideraciones es que hoy queremos alertar acerca del desconcierto que provocan las respuestas de algunos gobernantes.

Seguramente abrumados por los hechos cotidianos, al no tener una posición firme y contundente a la pregunta sobre si los ciudadanos deberían armarse para su defensa propia no encuentran mejor respuesta que mostrar sus dudas: no saben si decirles que se armen o no. Esto es realmente grave pues todos miramos y oímos al gobierno y sus voceros para tomar decisiones, los hayamos votado o no, pues ellos son quienes marcan el rumbo de la vida institucional del país. Y honestamente, las dudas del ministro cuyo consejo ha sido tan vago nos resulta más que inquietante y desconcertante, un nuevo motivo de inseguridad.

Aunque pueda parecer de perogrullo la primera defensa legítima es la acción responsable de quienes ejercen desde el gobierno la autoridad, que los obliga a garantizarla a todos los ciudadanos. Y la respuesta que debemos esperar de los gobernantes es que de nuestra defensa legítima se hacen cargo ellos…