La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) estableció que el Poder Judicial está obligado legalmente a informar al público en general sobre los expedientes judiciales, incluyendo la identificación de las partes y el juzgado donde se tramita el expediente.
El dictamen de la UAIP, que depende de la Presidencia de la República, fue emitido en el marco de una denuncia presentada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) que pidió información sobre las demandas judiciales iniciadas al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero la Suprema Corte de Justicia se negó a dar esos datos.
La UAIP sostuvo que "el Poder Judicial se encuentra alcanzado por las obligaciones" de transparencia de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2008.
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