Poder a la gente

Pablo Da Silveira

En un mundo donde los gobiernos toman decisiones que afectan a millones y donde casi todas las iniciativas son ejecutadas por grandes burocracias, los ciudadanos corren el riesgo de quedar reducidos a la insignificancia. No alcanza con otorgar garantías formales para que todos puedan ejercer sus libertades. Puede ocurrir que un ciudadano esté protegido por una larga lista de derechos y al mismo tiempo esté permanentemente sometido a decisiones que toman otros.

Dar poder a los ciudadanos (según un anglicismo atroz, "empoderarlos") es una manera de combatir este peligro. La idea es proporcionarles armas para que recuperen cierta capacidad de control sobre sus propias vidas y puedan tener más influencia sobre las decisiones colectivas. Una opinión extendida sostiene que los diseños institucionales participativos contribuyen a este objetivo. Según esta visión, la mejor manera de evitar, por ejemplo, que las instituciones educativas se vuelvan insensibles a las necesidades y deseos de la gente, consiste en crear espacios de participación donde se encuentren los padres, los docentes y los alumnos. Pero esta idea no resiste un análisis cuidadoso.

Imaginemos un padre que está insatisfecho con lo que ocurre en el liceo al que va su hijo. Si debe seguir el camino participativo, sólo podrá generar cambios en la medida en que convenza a los demás padres, a los docentes y alumnos. Esto plantea ante todo un problema en términos de libertad: si ese padre no consigue convencer al resto, deberá renunciar a lo que considera lo mejor para su hijo. ¿Qué derecho tiene la mayoría para imponerle algo semejante? ¿Qué derecho tiene, en particular, una mayoría local, ya que puede ocurrir que ese padre esté en minoría en ese instituto pero en mayoría a escala de la sociedad?

Supongamos ahora que ese padre tiene éxito en convencer al resto. Aun así, el debate insumirá largos meses y el proceso de construcción de acuerdos será trabajoso. Como resultado, la instalación de los cambios consumirá buena parte de los seis años que (con suerte) su hijo pasará en el liceo.

Además, esta posibilidad de impulsar cambios sólo estará al alcance de los padres que son capaces de hablar en público y están habituados a argumentar. Los que se intimidan, los que tienen dificultades para expresarse y los que no tienen cultura de debate se verán en inferioridad de condiciones. Esta dificultad se hará aun más grave si sus inquietudes o propuestas no coinciden con las prioridades de los militantes políticos o gremiales que probablemente controlarán la asamblea.

Si realmente se quiere dar poder a los padres, hay mejores soluciones. Por ejemplo, crear un Fonasa educativo que combine el financiamiento público con la libre elección de institutos. ¿Esta solución eliminaría todos los espacios de participación de la sociedad? De ningún modo. Tal como ocurre hoy con quienes tienen dinero, algunos padres elegirían institutos que funcionan con una lógica participativa y otros elegirían opciones más tradicionales. En una palabra: habría tanta participación como quisiera la gente, sin imposiciones ni paternalismo.