Gobierno enfrenta a COFE: rechaza planteo de frenar reforma estatal

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PABLO MELGAR

El gobierno no acepta quitar los 70 artículos del proyecto de presupuesto sobre los funcionarios del Estado como quiere el Pit-Cnt. COFE desempolvó la denuncia ante OIT por lo que entienden es una violación a la ley de negociación colectiva.

"Bajo ninguna manera se va a retirar ese capítulo del presupuesto", dijo ayer a El País una alta fuente de Presidencia de la República. Como mucho, aceptó que "algún artículo" pueda salir del proyecto si está vinculado a la negociación colectiva o las licencias, "pero los cambios de fondo no".

La fuente recordó que lo que está incluido en el proyecto de presupuesto es "solo una parte" de la reforma del Estado, y que por una ley posterior se regularán las carreras administrativas.

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, fue en el mismo sentido. Frugoni admitió en declaraciones a radio Uruguay que esos artículos son parte de la reforma del Estado y que no consideran una "marcha atrás".

El martes el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, anunció que a pedido de COFE la semana próxima solicitarán al Parlamento que se quite la Sección II del proyecto, que consta de 70 artículos.

El ítem hace referencia a las "reestructuras organizativas y de puestos de trabajo" de los públicos, a los contratos temporales, los ingresos, los ascensos y el régimen de redistribución de funcionarios; también regula los contratos de becarios y pasantes.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) tiene previsto, dentro de su plan de acción, que si no prosperaran los acuerdos en los ámbitos de negociación, denunciar al gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplimiento de la ley 18.508, de negociación colectiva.

"Queda claro que no quieren negociar colectivamente lo que habían planteado en un principio sobre la reforma del Estado. El artículo cuarto de la ley de negociación colectiva dice que todo eso debe ser negociado con los trabajadores", dijo el secretario general de COFE, Joselo López.

Mientras la central no presente oficialmente la solicitud al Parlamento, COFE no va a accionar la denuncia ante la OIT. "Nuevamente nos enteramos por la prensa de la opinión del Poder Ejecutivo, lo que demuestra que no hay negociación colectiva con el sector público", dijo López.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, señaló que el proyecto de presupuesto cuenta modificaciones que fueron aportadas por la Oficina de Servicio Civil y la OPP, que son los encargados de las relaciónales laborales con los estatales. "El proyecto está en el ámbito más democrático posible como es el Parlamento. Creo que se continuará discutiendo en el ámbito de la negociación pero también hay un trámite parlamentario en marcha donde serán recogidas las opiniones de los trabajadores", dijo el ministro.

Brenta consignó que se debe seguir negociando en esos ámbitos mientras se discute en el Parlamento. "Las modificaciones pueden ser acordadas en el marco del proceso de discusión en el Parlamento", manifestó.

La asesoría jurídica del Pit-Cnt elaboró un documento para ser presentado a la comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, en el que consideran que los 70 artículos cuestionados "no resultan funcionales a la marcha de las relaciones laborales en el sector público", en relación a la aplicación de la ley de negociación Colectiva.

El documento, al que accedió El País, manifiesta que tal como ocurriera en períodos anteriores al año 2005, se "desmantelan derechos de los funcionarios públicos" mediante leyes presupuestales. Además, dice que el gobierno asume un papel "prescindente" y que se implementan en el presupuesto asuntos que deberían ser parte de las negociaciones colectivas de los públicos.

El texto señala que no se cumple con la obligación de informar a las organizaciones de trabajadores acerca de los avances del proyecto de presupuesto como se le prometió a los representantes sindicales.

Define como "escasas e improductivas" las reuniones del Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público, por lo que califica como "una práctica de discriminación y violación del sistema de relaciones laborales", amparados por convenios internacionales de la OIT que fueron ratificados por Uruguay.

Por otro lado, mencionan que los trabajadores no han recibido respuesta sobre la agenda temática que plantearon en el Consejo Superior de Negociación Colectiva.

Los asesores legales de la central sindical consideran que existe una conducta "ilegítima" cuando el Poder Ejecutivo interviene en las definiciones de la Oficina del Servicio Civil.

En el documento los abogados del movimiento sindical señalan que en diciembre de 2009 la OIT "resaltó, reivindicó e impulsó el sistema de relaciones laborales privadas y públicas del modelo uruguayo como medidas a tomar como ejemplo". En ese sentido, sostienen que no solo se referían a las bondades de un texto legal, "sino a la aplicación práctica de las soluciones democráticas y participativas que su efectiva implementación propicia e impulsa". Advierten que el desconocimiento de las reglas implicaría una política "injusta, retardataria, y violatoria de las normas de derecho que le dan vigencia y fundamento".