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BUENOS AIRES | LA NACIÓN / GDA Y ANSA

Los diarios Clarín y La Nación rechazaron ayer en duros términos la denuncia penal presentada por el Gobierno argentino ante la Justicia para que investigue si hubo crímenes de lesa humanidad en la compra de la empresa Papel Prensa.

El gobierno argentino presentó ayer una denuncia penal para que se investigue si directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, así como funcionarios de la dictadura (1976-83) cometieron delitos de lesa humanidad en la compra de acciones de la empresa Papel Prensa a la familia Graiver en 1976, meses después del golpe militar.

Los diarios Clarín y La Nación rechazaron en un comunicado la denuncia presentada y, tras negar nuevamente irregularidades, advirtieron que la actitud oficial entraña "un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales". A su juicio, el Gobierno "sigue buscando criminalizar a directivos de Clarín y La Nación, ambos diarios, accionistas de Papel Prensa", dijeron en un comunicado.

Los diarios reiteraron que "pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia".

"Pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico", dijeron.

La presentación judicial sigue a la divulgación, hace casi un mes, del informe "Papel Prensa, la verdad", hecho por la presidenta Cristina Fernández, en el que se lanzan acusaciones en este sentido contra los dos principales diarios argentinos. También se afirma que ambos medios disfrutaron con la propiedad de Papel Prensa de una posición monopólica en la producción de su principal insumo, el papel, en detrimento de los otros periódicos.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó una querella ante un juzgado federal por "apropiación ilícita" de Papel Prensa.

La querella se basa en el hecho de que la principal propietaria de las acciones de la papelera en 1976, Lidia Papaleo de Graiver, denunció haber sido amenazada para forzar la venta. Pocos meses después de la operación, la viuda de Graiver fue secuestrada y torturada por la dictadura.

En nombre del gobierno, Duhalde pide que sean indagados los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, ya condenados por crímenes de lesa humanidad, y José Alfredo Martínez de Hoz, que era ministro de Economía de la dictadura.

También pide indagatoria para Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto -propietaria y CEO del grupo Clarín- y para Bartolomé Mitre, propietario del diario La Nación, entre otros directivos.

En la querella, Duhalde sostiene que "aquellas acciones fueron concertadas por los directivos de las empresas junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto".

"Este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial", afirma el comunicado difundido por los dos diarios involucrados.

El gobierno de Cristina Fernández y el Grupo Clarín -un conglomerado que incluye al diario, una agencia de noticias, canales de televisión y radios, entre otras empresas- mantienen un duro enfrentamiento desde hace ya dos años.