Juez, parte y jurado

No sorprendió. El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento creando la Agencia para la Promoción y el Aseguramiento de la Educación Terciaria (Apacet) fue defendido en el seno de la Comisión por el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, por más que viola el acuerdo multipartidario de educación impulsado por el Presidente Mujica. Parecería que -por lo menos en esta materia- la palabra empeñada o aún los documentos firmados son de escasa validez si no son funcionales a los mecanismos de control absoluto que determinados sectores despliegan sobre la enseñanza.

Como contrapartida, la intervención de la senadora Lucía Topolansky en el reciente seminario organizado por el Instituto Manuel Oribe abre una puerta al camino contrario, apunta a la sensatez y coincide con la importancia del contenido de ese acuerdo.

La aparición en 1985 de la Universidad Católica fue, sin lugar a dudas uno de los hitos en la historia educativa del país, puso fin a un siglo largo de monopolio de la enseñanza terciaria por parte de una institución estatal, y abrió un panorama de nuevas oportunidades en un sector cerrado a cal y canto, donde predominaban las apetencias hegemónicas altamente politizadas. A la Católica la siguieron luego la ORT, la Universidad de la Empresa, la Universidad de Montevideo y varios institutos universitarios, que crearon nuevas carreras de grado y posgrado, plantearon una competencia beneficiosa (la competencia a diferencia del monopolio siempre es beneficiosa) y contribuyeron a generar cambios positivos en la misma Universidad de la República para hacer frente a los desafíos.

Pero, como siempre ocurre, los monopolios no quieren perder su condición de tales. Cuando se ven amenazados, reaccionan y buscan, primero eliminar y, si no resulta, dificultar o controlar esos brotes de opciones diferentes que surgen en la sociedad.

El contraataque de la Universidad de la República se concreta ahora de manera clara a través de la Apacet, que prevé una suerte de auditoría de la calidad académica de todas las instituciones universitarias (que está muy bien), excepto la Universidad de la República (que está muy mal). Es decir, que la Institución que nuclea al 80% de los estudiantes terciarios queda fuera de control, salvo que en forma voluntaria acepte que se le haga. Con un agravante, el Apacet estará integrado por dos representantes de la UdelaR, dos designados por el gobierno y solo uno por las universidades privadas lo que hace pensar -sin mucho esfuerzo- que el 4 a 1 está cantado. Es decir, que la Universidad de la República juega un rol fundamental en la acreditación y evaluación de las restantes instituciones universitarias, pero ella se ubica por encima del bien y del mal: no queda comprendida en ese control. Se convierte directamente en Juez, parte y jurado.

En el Grupo de Trabajo multipartidario sobre Educación se estableció expresamente la necesidad de "promover y asegurar la calidad de las instituciones públicas y privadas. Con ese propósito existe acuerdo en la creación de una Agencia independiente del sistema político, de las propias instituciones educativas y de las corporaciones, que cuente con recursos y personal técnicamente capacitado …para asegurar la calidad de la educación terciaria". Bien claro dice "públicas y privadas", pero el ministro Ehrlich tiró al trasto el texto firmado por su fuerza política.

Uruguay pasa a ser así el único país de América Latina donde la universidad pública no admite evaluaciones externas de su calidad, ya sea por parte del Ministerio de Educación, por organismos autónomos o por agencias independientes. ¡Flaco favor le hacen! Encerrada en su autocrítica y su autocomplacencia la Universidad de la República corre el riesgo de desconectarse con los estándares de calidad que cada día el mundo exige más, en un caso más de la archiconocida "trampa al solitario".

Esta es la segunda vez que el oficialismo desprecia el acuerdo multipartidario por la educación (cabe recordar que las limitaciones que en el 2005 impuso Vázquez a la presencia de la oposición en la ANEP fue uno de los detonantes para que ésta rechazara la posibilidad de integrar los directorios de Entes y Servicios). Allí están todavía pendientes los nombramientos de representantes técnicos (observadores) en los consejos desconcentrados de la ANEP (Primaria, Secundaria y UTU). Consideran a la enseñanza como propiedad privada, se resisten a compartirla. Y piensan que los acuerdos existen para poder incumplirlos.