PABLO DA SILVEIRA
Si creemos que la democracia participativa es superior a la democracia representativa tradicional, ¿cómo organizar su práctica en una sociedad grande y compleja?
Desde los tiempos de Rous-seau, esta pregunta ha complicado a los defensores de la participación. La idea de organizar la vida política en torno a pequeñas asambleas de ciudadanos pudo haber funcionado en el pasado, pero es inviable en cualquier sociedad medianamente grande que haya generalizado los derechos políticos. Y el recurso a las estructuras piramidales de cuño leninista ha demostrado ser una mala alternativa porque, lejos de profundizar la democracia, terminan por destruirla.
En los últimos años, sin embargo, el desarrollo tecnológico parece haber aportado una solución: la aparición de las computadoras personales, luego de Internet y más tarde de las redes sociales está haciendo cada vez más viable la utopía de reproducir en el ciberespacio las condiciones del ágora griega. ¿Finalmente encontramos la solución al problema?
Un error frecuente consiste en abordar esta cuestión como un problema tecnológico. En realidad, este es el aspecto menos interesante. Si el ágora electrónica no es tecnológicamente posible hoy, lo será en un plazo breve. La pregunta que importa consiste en saber si la idea es viable en términos políticos.
Lo primero que parece claro al respecto es que ganaremos muy poco si nos limitamos a dar una base electrónica a las estructuras piramidales tradicionales. Si sigue habiendo alguien que hace las preguntas y los demás simplemente responden, quien tenga la capacidad de controlar la agenda tendrá un poder desmesurado. Si todos pueden opinar pero alguien monopoliza la tarea de sistematizar los aportes, las posibilidades de manipulación serán casi infinitas.
La única manera de construir una auténtica "ágora electrónica" consistiría en lograr que todos los ciudadanos ejerzan todo el gobierno en forma directa. Eso implica que todos participen activamente en la confección de la agenda, intervengan en la discusión de los asuntos y tomen decisiones colectivas (lo que incluye el desafío de armonizar las soluciones a diferentes problemas). Pero esta tarea sólo podría ser debidamente cumplida por una ciudadanía muy informada, mucho más educada que la actual, con muchísimo tiempo libre y con una voluntad constante de dedicar largas horas por día al estudio y al debate público.
Si estas condiciones no se cumplen, corremos el riesgo de caer en una de dos trampas posibles: o bien ocurriría que una parte importante de la ciudadanía se automargine, y en ese caso volveríamos a una forma de democracia de elites, o bien ocurriría que la mayoría tome decisiones sin contar con la información ni reflexión suficientes, lo que llevaría a una pérdida de racionalidad colectiva.
Las redes sociales son extremadamente ricas y estimulantes, pero sólo funcionan como ámbitos de participación en contextos relativamente sofisticados y reducidos. Pretender extenderlas a escala de una sociedad es demandarle al ciudadano común mucho más de lo que estamos exigiendo a los parlamentarios profesionales.