Aceleran en el Frente la investigación de Fernández

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EDUARDO BARRENECHE

El caso de Gonzalo Fernández ha impactado en la interna socialista y "daña al Frente Amplio". La conducta del ex secretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez "deberá ser examinada por una comisión disciplinaria del Partido Socialista".

El dirigente socialista Guillermo Chifflet expresó a El País que el proceder de Gonzalo Fernández deberá ser examinada por un tribunal de ética del Partido Socialista y que, en caso de que se constate que hubo algún desliz del ex canciller, ésta deberá adoptar alguna medida disciplinaria.

Anoche sesionó por primera vez la comisión especial del Frente Amplio que investiga todo el proceso parlamentario sobre la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, y la participación de Gonzalo Fernández en ese trámite.

El ex ministro y secretario de la Presidencia durante la administración de Tabaré Vázquez fue cuestionado por no informar al Parlamento y al Partido Socialista de que su bufete defendía a uno de los implicados en la causa penal vinculada con los hermanos Peirano, en el momento en que fue votada la derogación que trajo como resultado la clausura del expediente judicial.

"Se trata de acciones que no son ilegales. Sin embargo, tienen implicancias éticas, sobre todo en el Partido Socialista", expresó Chifflet.

El ex legislador, quien por razones de salud no ha participado en los órganos del sector, recordó que, en el período anterior de gobierno, el Partido Socialista adoptó una resolución que impedía que Fernández llevara adelante la defensa de los hermanos Peirano mientras ocupaba un cargo oficial. "La Facultad de Derecho enseña que un abogado debe defender la ley. Pero también integra un partido que tiene determinados códigos", dijo.

Advirtió que el Partido Socialista "no justificó ni va a justificar nunca" que Fernández defendiera a un individuo involucrado en uno de los mayores escándalos financieros que sufrió el país. "Si yo fuera el cuestionado, era el primero en pedir un tribunal de ética en el Partido Socialista", dijo.

Por su parte, la senadora del Partido Socialista Mónica Xavier afirmó que la nueva información surgida sobre Fernández -que co-defendía junto a su pareja, Cecilia Salom, a un ex director del Banco de Montevideo -"va a ser motivo de estudio de algunas de las comisiones investigadoras resueltas", en el interior de la fuerza política y en el ámbito parlamentario. "Lo que no puede haber es 800 ámbitos de investigación".

"El próximo lunes, en el Comité Central del PS, no vamos a prejuzgar. Sí queremos investigar", agregó Xavier.

El dirigente socialista José Díaz se mostró más inclinado a cargar responsabilidades en los legisladores. Dijo que la derogación del artículo 76 fue realizada por los parlamentarios y señaló que estos "no llamaron a sus asesores" ni a las respectivas comisiones legislativas. "Si hablamos de responsabilidades, fueron ellos los que la votaron", sostuvo.

Preguntado acerca de la omisión de Fernández de informar en 2008, y recientemente en el Senado, su participación en el proceso del ex director del Banco de Montevideo, Díaz dijo que "ningún abogado revela los nombres de sus clientes" a su fuerza política o al Parlamento. "¿Por qué se le exige eso a un abogado y no a todos? Habrá que hacer una ley de incompatibilidades, que no existe hasta hoy en Uruguay", advirtió.

SANCIONES. El diputado del MPP Álvaro Vega fue el único que sacudió las aguas en las que se agita el barco socialista.

Vega dijo a El País que "sentía "desazón" por enterarse de que Fernández y Salom asumieron la defensa del ex directores del Banco de Montevideo. "Fernández debió decir cuál era su situación. Eso es básico. Si me lo ocultás, me estás mintiendo. Y si eso se comprueba, Fernández debería ser sancionado", indicó.

"El Frente tenía sus reglas cuando era oposición. Ahora es gobierno. Dentro del MPP no hay código de ética. Pero si sos sospechoso de una cuarta parte de lo que es Fernández, estás afuera", explicó.

Vega dijo que el manto de sospechas que cayó sobre el Frente Amplio le genera "un daño político. Las cuestiones morales son las más importantes porque nos distinguen de los partidos tradicionales", aseguró el legislador del MPP.

INTERNA. Cuando comenzaron a surgir las informaciones de lo que se dio en llamar "el caso Fernández", hace dos semanas, dirigentes del PS de la línea mayoritaria -liderados por el ex gremialista bancario Eduardo "Lalo" Fernández- defendieron" a capa y espada" a Gonzalo Fernández.

En un comunicado de prensa fechado el viernes 20, el Partido Socialista respaldó oficialmente a Fernández. Cuatro días antes, el lunes 16, el Frente declaró "su satisfacción" por la información brindada por Fernández (en el Senado) y expresó "el respaldo" a la actuación del ex canciller como frenteamplista y como gobernante.

Sin embargo, en la reunión del Comité Ejecutivo del PS, el lunes 23, el ex canciller Reinaldo Gargano -integrante de la línea minoritaria- entregó un documento que mostraba que Fernández y su pareja eran co-defensores de un ex directores del Banco de Montevideo, dijo un participante del encuentro.

Agregó que Gargano manifestó una posición crítica sobre Fernández, al omitir informar ese detalle..

Tras la intervención de Gargano, los socialistas se llamaron a silencio en el marco de una situación política calificada como "complicada" por algunos dirigentes.

En la reunión del 23, el Comité Ejecutivo del PS resolvió impulsar una comisión investigadora para esclarecer los hechos. Ese mismo día, Mónica Xavier dijo en la Mesa Política del Frente Amplio que Fernández y Salom estaban "a las órdenes" de la fuerza política para evacuar dudas. Al otro día, la propia Xavier impulsó en la bancada de senadores del Frente -junto con Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Constanza Moreira (Espacio 609)- el inicio de una investigadora. Esa posición resultó minoritaria. Al día siguiente, el FA cambió y resolvió impulsar la investigación en el Parlamento.

Gargano, consultado por El País, se limitó a decir que los dirigentes del sector "se comprometieron a no emitir opiniones personales sobre el tema".

La comisión investigadora parlamentaria será aprobada el miércoles en el Senado, a donde llegarán dos informes distintos. El del Frente, presentado por Ernesto Agazzi y Mónica Xavier, dice que la solicitud de investigación del senador Ope Pasquet "describe situaciones que es conveniente aclarar" pero "no sintetiza denuncia de ilegalidad o delito". Así, el Frente propone instalar la investigadora para "esclarecer si la actividad del Senado", al derogar el artículo 76 de la ley 2.230, se hizo con "la intención de beneficiar a particulares" y "si se observan mecanismos engañosos" hacia los senadores.

El informe presentado por el senador blanco Carlos Moreira plantea una investigación más amplia. La comisión tendrá dos meses para actuar, si prospera la postura de la izquierda, y se instalará de inmediato. Todavía no se ha definido la cantidad de miembros, pero es probable que sean cinco (tres del Frente y uno por cada partido de la oposición) o siete (cuatro del Frente y tres de la oposición).

Pasquet, el senador denunciante, no puede integrar la comisión y será uno de los primeros convocados.