P. MELÉNDREZ / E. BARRENECHE
La iniciativa oficial de crear un sistema de cupo carcelario fue rechazada en el Poder Judicial y en la oposición. El proyecto prevé que los jueces, para procesar con prisión a una persona, "deberán tener en cuenta el número de plazas disponibles".
La propuesta fue enviada la semana pasada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en los próximos días brindarán su opinión por escrito mediante una nota dirigida al secretario de Estado.
Sin embargo, ayer, el presidente de la Corporación, Jorge Chediak, adelantó la posición del máximo órgano del Poder Judicial: dijo que los magistrados, "en esencia", consideran que los jueces penales no pueden estar condicionados para procesar con prisión a una persona a que haya o no lugar en las cárceles.
Chediak también hizo referencia a las "dificultades operativas" que presentaría el sistema propuesto por el Ministerio del Interior. "En Montevideo hay 21 jueces penales y otros 41 en el interior, por lo que estamos hablando de 62 jueces con competencia penal en todo el país a cuya disposición están diversos integrantes de la población carcelaria", dijo Chediak ayer en radio Carve.
El anteproyecto de ley impulsado por el ministro Bonomi, prevé que los jueces penales "al disponer los procesamientos con prisión deberán tener en cuenta los cupos carcelarios existentes".
Para eso, según la iniciativa del Ministerio del Interior a la que tuvo acceso El País, se creará una Comisión de Control y Seguimiento de Cupo Penitenciario -integrada por el ministro del Interior, representantes policiales y miembros de la SCJ y de la Fiscalía de Corte- que deberá administrar las plazas disponibles en cada centro de reclusión.
Según la iniciativa, en las cárceles en las que haya una superpoblación de entre 10 y 20%, se considerará como una situación "aceptable". Cuando se supere la capacidad locativa entre 30 y 50% será un estado de hacinamiento "alto", y por encima de ese porcentaje se evaluará como una situación "crítica".
SIN CUPO. La propuesta indica que cuando los jueces dispongan nuevas privaciones de libertad "y se halle superado el cupo asignado con declaración de hacinamiento crítico, el juez debe adoptar medidas para generar la plaza penitenciaria a través de la derivación de los reclusos que se hallen en condiciones de ser derivados a detención domiciliaria, o le sean aplicables medidas alternativas a efectos de generar la plaza penitenciaria correspondiente", dice el anteproyecto.
Ese aspecto de la normativa proyectada, que fue cuestionado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también fue rechazado por varios jueces penales que consultó El País. Los magistrados, que prefirieron no ser identificados, dijeron que una medida de este tipo es una vía indirecta de hacerlos responsables por el hacinamiento carcelario, situación ante la cual debe responder el Poder Ejecutivo.
"No lo veo viable. Y si me apuran, creo que es algo de dudosa constitucionalidad porque, en definitiva, el juez para procesar a alguien, tiene que liberar a otro recluso", dijo uno de los magistrados.
Los jueces penales sostienen que no será posible aplicar el método de consulta con la Comisión de Control y Seguimiento de Cupo Penitenciario durante los turnos semanales. "La persona que redactó eso no tiene idea cómo funciona un turno. Hay cosas que se escriben en el papel, pero es imposible llevarlas a la práctica", disparó una magistrada.
El juez penal y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Carlos García, declinó realizar comentarios debido a que no conoce el proyecto y porque pretende que el tema sea analizado por la Comisión Directiva de la gremial.
El anteproyecto del Ministerio del Interior, en su exposición de motivos, explica que la intención es generar "un mecanismo regulatorio del ingreso de nuevos reclusos con el propósito último de establecer límites y controlar el hacinamiento existente en el sistema penitenciario nacional".
RECHAZO político. El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) afirmó que la intención del Ministerio del Interior de establecer cupos en las cárceles "está por fuera del ordenamiento jurídico uruguayo. Si un juez para procesar a una persona debe consultar a una comisión integrada por representantes del Ministerio del Interior, viola la independencia de poderes existente en el país".
El legislador nacionalista señaló que esta iniciativa, que se encuentra a estudio de la Suprema Corte de Justicia, es "una confesión de impotencia" del Ministerio del Interior en resolver los problemas de hacinamiento carcelario.
En varias oportunidades, el ministro Eduardo Bonomi dijo que el sistema carcelario está al borde del colapso. "En unas 6.000 plazas se alojan cerca de 9.000 presos", advirtió el secretario de Estado.
En tanto, el diputado Germán Cardoso (Vamos Uruguay) quien convocó a una comisión parlamentaria a Bonomi para que brinde más detalles sobre las iniciativas sobre liberaciones masivas de reclusos, también se opuso a los cupos.
"La función del Ministerio del Interior es garantizar el orden público y el cumplimiento de las órdenes. Una sociedad no se ordena de esta manera. Si una persona comete un delito, debe ser penada por la ley", enfatizó Cardoso.
El diputado colorado coincidió con Moreira en cuanto a que si no hay suficientes plazas en el sistema carcelario es obligación del Ministerio del Interior proveerlas.
A juicio de Cardoso, el sistema de cupos "es permisivo" con la actividad delictiva.
"Mientras tanto, se sigue acorralando a la sociedad y a la gente de bien con la inseguridad. Parece que todas las medidas del Ministerio del Interior van en aras de solucionar los problemas de aquellos que cometieron delitos", indicó a El País. "Las señales son que a quien comete delitos le vamos a acortar las penas u ordenarle medidas alternativas a la prisión. Es una señal muy peligrosa. Se está minimizando los efectos de su conducta delictiva", dijo.
El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) se abstuvo de opinar sobre el proyecto porque lo desconoce. La próxima semana Bonomi se reunirá con la bancada del FA.
Las cifras
9.100 Es la cantidad de presos alojados en penales de la Dirección de Cárceles y de jefaturas, según el comisionado parlamentario.
159% Es la tasa estimada de hacinamiento carcelario, dijo el comisionado Álvaro Garcé. Hay 5.700 plazas en cárceles, agregó.
Celdas con dos internos
El anteproyecto de ley de cupos elaborado por el Ministerio del Interior, en su artículo 1°, define que "se considera plaza, el espacio a ser ocupado por un recluso en condiciones de dignidad en un centro penitenciario". El cálculo de cupos carcelarios "se establece a partir de la suma total del número de plazas con que cuenta el sistema penitenciario nacional para el alojamiento de reclusos". La iniciativa especifica que "las celdas o cuartos no podrán ser ocupados por más de dos reclusos, con condiciones de ventilación, superficie mínima, alumbrado e higiene", señala la propuesta.
Chediak: "Se condiciona la decisión jurisdiccional"
Presidente de la Suprema Corte
"El mecanismo genera un condicionamiento de la decisión jurisdiccional del magistrado penal en el momento de dictar un procesamiento con prisión a la existencia de cupos en las cárceles".
Moreira: "El hacinamiento se arregla con más cárceles"
Senador del Partido Nacional
"La existencia o no de cupos en las cárceles no debe depender de los jueces. Se arregla con más cárceles. Este sistema de cupos es digno de una convención de hoteleros".
Bonomi: Se creará `colchón` de 150 plazas libres
Ministro del interior
"Unas 150 plazas libres las usaremos como `colchón`. Luego haremos un estudio más detenido de quiénes de los 9.000 presos están en condiciones de salir rápidamente".
Cardoso: "Estas medidas generan mayor caos social"
Diputado de vamos uruguay
"Me parece muy peligroso que desde el gobierno se esté alentando medidas de este tipo que generan mayor caos social e inquietud en una población que está muy sensible con la inseguridad".
Relevan presos en la órbita judicial
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó a los 62 juzgados penales del país que le informen la cantidad de detenidos a disposición de cada sede que permanecen en prisión sin sentencia de primera instancia, informó ayer el presidente de la Corporación, Jorge Chediak.
Ese relevamiento se realiza con miras a la iniciativa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de otorgar la libertad a los internos que hayan cumplido dos tercios de la pena mínima que les correspondiera, a los primarios y a las reclusas embarazadas.
Chediak aclaró que la SCJ no conoce formalmente la iniciativa del Ministerio del Interior, pero dijo que la Corporación "tomó la precaución" de solicitar los datos para saber cuántos reclusos estarían en condiciones de ser liberados. Agregó que la cantidad de internos en esa situación "es mucho más baja de lo que se ha manejado públicamente", pero todavía no tiene las cifras. Según Bonomi, por los distintos casos que podrían aspirar a la libertad anticipada hay unos 2.500 reclusos.
Stirling criticó a diputado colorado
El ex ministro colorado del Interior, Guillermo Stirling acusó al diputado de Vamos Uruguay, Germán Cardoso de actuar con "vedettismo político" por citar a comisión al ministro Eduardo Bonomi por las liberaciones masivas.
"Esos personalismos o vedettismos atentan contra la propia política de seguridad", advirtió.
A juicio de Stirling, Cardoso debió concurrir al despacho de Bonomi e interiorizarse de la situación antes de opinar sobre un tema tan crítico como lo es el hacinamiento carcelario. "El rol de la oposición es tratar de reafirmar la política de Estado sobre seguridad que siempre se practicó en este país", dijo.
A juicio del ex jerarca gubernamental, el diálogo entre el gobierno y la oposición deben darse "sin la aparatosidad" de las interpelaciones o los llamados a comisión.
Stirling recordó que, cuando fue ministro del Interior nunca fue interpelado porque había conciencia de parte de la oposición sobre que la seguridad "era un tema muy delicado. El oficialismo y la oposición tratábamos de resolver esos temas paulatinamente".