Legalizando lo ilegal

En el último año de su gobierno, el entonces presidente Tabaré Vázquez remitió al Parlamento un proyecto de ley en el que planteó la necesidad de combatir el juego clandestino en el país.

La iniciativa presidencial ponía el foco en "la proliferación de máquinas tragamonedas" que, en forma "ilícita", operaban sin control alguno en comercios, bares, centros nocturnos, almacenes e instituciones sociales y deportivas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Vázquez pidió entonces a los legisladores de todos los partidos, y en especial a los de la coalición que le había llevado al poder, un impulso decidido para detener la avanzada del juego ilegal. Propuso tipificar como delito esta actividad, llamó la atención sobre la "falta de garantías" para el apostador que volcaba dinero a esa modalidad de juego, llegó a hablar de la posibilidad de que en estas tragamonedas se "adulteraran" los resultados y advirtió sobre la enorme cantidad de menores de edad que, con la entrada prohibida a las salas de juego autorizadas, apostaban en estas maquinitas sin control alguno.

Era año de elecciones. Por eso no extrañó que en el Parlamento nadie dijera esta boca es mía. El proyecto de Vázquez se guardó en un cajón y no sólo no se trató, sino que hubo legisladores frenteamplistas que se encargaron de que eso sucediera.

Cambió el gobierno. Se fue Vázquez, y con él su director de Casinos, Fernando Nopitsch. Nadie más habló de aquel proyecto. Por el contrario, el nuevo director de Casinos, Javier Chá, comenzó a trabajar pacientemente para desandar el camino iniciado por Vázquez y elaboró un proyecto de ley que, se dice, apunta a legalizar estas máquinas tragamonedas.

La iniciativa de Chá -que por fortuna el nuevo gobierno no ha apoyado públicamente hasta el momento- supondría que el Estado no sólo renunciaría a combatir una actividad ilegal sino que pasaría a dar luz verde a quienes la desarrollan, a cambio de cobrarles un canon mínimo. Los que hoy violan la ley pasarían a ser dueños de un negocio millonario, que nadie controlaría, que podrían controlar solos por tiempo indeterminado y que competiría abiertamente con el de quienes, para operar el juego en asociación con el Estado, han debido realizar millonarias inversiones en hotelería y turismo.

¿Qué clase de señal es ésta? ¿Cómo deben leer esta iniciativa de Chá los que ya invirtieron fuerte en el Uruguay y los que están pensando en hacerlo? ¿Qué opinan el presidente Mujica y quienes le rodean de esta "originalidad" del nuevo director de Casinos? ¿También en este tema que hace al juego, como en la política antitabaco, se va a desandar el camino encarado por el ex presidente Vázquez? ¿Y los legisladores? ¿Van a permitir que nuestros hijos y nietos tengan el juego ilegal y sin control alguno al alcance de la mano, o van a ponerse de una vez por todas los pantalones y a hacer cumplir las normas, que están vigentes y que sólo deben cumplirse?

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