Jueza bloquea parte de la ley deArizona

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PHOENIX | AP Y EL PAÍS DE MADRID

Cuando faltaban apenas unas horas para la entrada en vigencia la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, una jueza atendió la demanda del gobierno de EE.UU. y bloqueó sus partes más polémicas.

La jueza federal Susan Bolton emitió un fallo que se constituye en una importante victoria legal de los opositores a la medida, al tiempo que abrió el camino para una larga batalla legal en el país.

La magistrada lleva la denuncia presentada por el gobierno federal contra la ley de Arizona, y basó su decisión en la consideración de que algunos de los artículos contenidos en esa iniciativa "perjudican a extranjeros legalmente residentes en EE.UU., incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado".

La ley no sólo permite sino que "requiere" que la policía compruebe el estatus migratorio de una persona retenida por cometer cualquier falta o delito cuando esta resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al país ilegalmente. Este pedido de documentos podría suceder a partir de una infracción del tráfico o la violación de una ordenanza municipal.

De acuerdo a la norma de Arizona, la policía puede, asimismo, mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer esa comprobación.

Bolton, ex jueza de condado elevada al distrito federal por el presidente Bill Clinton, paraliza también otros tres artículos polémicos, como el que acelera los procesos de deportación o el que convierte en delito el hecho de no portar papeles.

Deja vigentes a partir de hoy sólo aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes ilegales en las calles para llevarlos a trabajar o el que crea los mecanismos de reclamo en el caso de que alguien se sienta víctima de algún tipo de discriminación racial.

A partir del momento en que la jueza emitió su fallo y hasta la entrada en vigor de la ley, el Estado de Arizona habría tenido tiempo para presentar un recurso ante un tribunal federal de apelaciones y una petición de que paralice la reciente decisión. Pero los expertos creen que una maniobra así hubiera surtido poco efecto.

Lo que sí es seguro es que esta decisión judicial será elevada a un tribunal de apelaciones, probablemente por las dos partes implicadas: Arizona, para defender el conjunto de su ley, y la Administración central, para conseguir su completa revocación. El gobierno de Barack Obama recurrió la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre una materia, como la inmigración, reservada en exclusiva a las autoridades federales.

También es altamente probable que la batalla, larga y costosa en los tribunales -esto acabará quizá dentro de unos años ante el Tribunal Supremo-, será encarnizada en la arena política.

Obama asumió un alto riesgo al denunciar la ley de Arizona, que cuenta con el apoyo de un 60% de los norteamericanos, según distintas encuestas. Al hacerlo, el presidente se sitúa frente a una mayoría de ciudadanos que dan prioridad a la seguridad fronteriza sobre el respeto a los Derechos Humanos, pero se reconcilia con los votantes hispanos, que pueden tener un papel relevante en las próximas convocatorias electorales. Para compensar su decisión, Obama ordenó el envío a la frontera con México de 1.200 soldados de la guardia nacional que comenzarán a llegar desde principios de agosto.

El asunto será uno de los temas estrella de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Obama y algunos congresistas demócratas impulsan la elaboración de una ley migratoria que aborde en conjunto los problemas de la seguridad fronteriza y de la permanencia de 12 millones de inmigrantes sin papeles, pero es poco probable que en los meses que restan se alcance el consenso necesario para su aprobación.

12 Son los millones de inmigrantes que las autoridades estiman que no tienen papeles en todo el territorio de Estados Unidos.

El gobierno de México saludó, en un comunicado, la resolución de la jueza Susan Bolton como un "primer paso en la dirección correcta``.

Los expertos estiman que esta decisión judicial agudizará la polémica migratoria sobre el terreno. De hecho, en Arizona se habían registrado en las últimas semanas algunas señales alarmantes sobre el nivel de tensión al que este debate está llegando; una de ellas fue el patrullaje fronterizo nocturno que realizan periódicamente grupos extremistas armados.

Las organizaciones hispanas están preocupadas por que los brotes racistas puedan hacerse más frecuentes y más peligrosos como consecuencia de la frustración por la paralización de la ley de Arizona, y han convocado para los próximas días a manifestaciones y actos en defensa de la convivencia racial y los derechos de los inmigrantes. Un grupo de niños, hijos de inmigrantes ilegales nacidos en EE.UU., se concentró ayer en Washington frente a la Casa Blanca para pedir que sus padres no sean deportados.

En tanto, la policía aumentó su patrullaje en algunos suburbios de Nueva York debido a la ola de agresiones contra hispanos que se está registrando allí, que creen que aumentará apenas entre en vigor la ley de Arizona. En este Estado hubo 11 asesinatos de latinos en lo que va del año.