Incluir afuera

ALEJANDRO NOGUEIRA

Tenemos un problema institucional serio y creciente: la intención de los sindicatos de participar en la formulación de políticas públicas y de cogestionar las empresas. Es natural que cualquier corporación quiera incrementar su poder; es propio de los sindicatos defender los intereses de sus afiliados. Solo que, en un sistema democrático-representativo que funciona razonablemente bien, que celebra multipartidariamente la recuperación democrática, que permite a la oposición acceder a puestos de gobierno que los gremios, -sea de trabajadores o de empresas-, obtengan poder de decisión en las reformas públicas es darle autoridad sobre el conjunto de los ciudadanos.

En el sector privado el debate parece planteado en la facultad de una empresa de despedir a uno o a 70 empleados. La defensa de las fuentes de trabajo es, por antonomasia, un asunto sindical; de igual manera que la gestión de los recursos humanos es asunto del patrón mientras se realice en el marco de la legalidad. Hoy se está abusando del régimen de seguro de paro -que no se inventó para resolver conflictos privados a costa del erario público-, sino para atender ceses laborales circunstanciales. No es un premio adicional al pago del despido legal ni un recurso para enfriar partidos, como se jacta el MTSS. Cargar a las rentas públicas el despido en Conaprole o las cesantías de Paycueros es una salida facilonga. Si sobraran recursos, no estaría tan mal, pero si, del otro lado, se le paga un máximo de $ 6.000 mensuales a un trabajador enfermo, lo que demuestra que siempre que se viste a un santo otro queda desnudo, amén de que hay desnudeces más ofensivas que otras.

Si -Consejos de Salarios mediante- hay empresas o ramas que acuerdan formas de cogestión, en las que las empresas se obligan a dar a los sindicatos información de facturación o de gestión interna, allá ellos. Los efectos positivos en la relación laboral o negativos en el resultado empresarial son asunto de los propietarios y de sus trabajadores, salvo que, ante una crisis, la empresa pida salvatajes económicos y los empleados un seguro de paro a costillas ciudadanas.

Muy distinto es el asunto de las políticas públicas. Ya quedó implantado el grave antecedente de permitir a los sindicatos docentes participar del gobierno de la enseñanza sin que para ello tengan otras credenciales técnicas o políticas que el apoyo de un puñado de afiliados. A los sindicatos les interesa solamente el salario y el bienestar de sus afiliados (lo que es lógico) y se desentienden de la deserción estudiantil, de la baja calificación educativa, de la gestión eficiente de los recursos, que son los temas de los representantes políticos en el gobierno de la enseñanza.

Que los gremios estatales opinen, participen, influyan, tuerzan o veten aspectos de la llamada reforma del Estado, es la apoteosis del dislate. Es soltar al zorro en el gallinero y pedirle que mantenga limpias y cuidadas a las gallinas. Si no hay buenas razones para confiar en que la verborragia presidencial devenga en decisiones, menos las habrá si el zorro cogobierna.