Reforma "verde" con varias interrogantes

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Eduardo Delgado

La oposición recibió sin mayores cuestionamientos el primer borrador de reforma del Estado, aunque dice que el tema aún está "muy verde" y dejó planteado algunas dudas sobre su aplicación.

El borrador se divulgó el viernes tras la sesión de un Consejo de Ministros especial en la Torre Ejecutiva y en medio de un agite de los sindicatos de funcionarios públicos que reclamaban participar del proceso de reforma del Estado.

El secretario general del Partido Colorado y senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, salió a apoyar la reforma que impulsa el presidente José Mujica, si bien manifestó preocupación respecto a que la flexibilización en los contratos se transformen "en una herramienta de persecución a los buenos funcionarios para colocar a otros afines al partido del gobierno de turno".

"El presidente tiene nuestro respaldo, me parece que está encarando un tema bien difícil y merece ser apoyado", dijo Bordaberry a El País.

El líder colorado agregó que es "buena la iniciativa del gobierno" de Mujica, a diferencia del de Tabaré Vázquez "que la llamó la madre de todas las reformas y no hizo nada". También destacó como positivo que se haga por partes (en la propuesta del Ejecutivo la reforma comienza con planes pilotos en dos o tres ministerios).

El líder de Vamos Uruguay espera que "las adecuaciones de grados tampoco se conviertan en una herramienta de beneficio a los afines al gobierno de turno", por eso dijo que "es sano que se abra a todos los partidos" la discusión de la reforma estatal.

Bordaberry resaltó que se utilice el concepto de "servidor público" para referirse a los funcionarios estatales, establecer los derechos y obligaciones de estos, y también de los funcionarios de confianza política.

Para Bordaberry, el problema central en el Estado "no está en los funcionarios sino en quiénes alguna vez los dirigimos o los dirigen".

"De eso nunca se habla y me parece bueno que se hable de los que cada cinco años llegan al gobierno y ocupan cargos", acotó.

El líder colorado consideró que falta un capítulo más importante para la gestión por resultado y su control. "Es una buena oportunidad para ampliar las facultades del Tribunal de Cuentas que no sólo sea de control de la legalidad sino también de la gestión y de los resultados".

verde. Para el líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, la propuesta de reforma del Estado del gobierno "está muy verde" y seguramente "va a tener agregados muy importantes". Larrañaga opinó que la voluntad política es clave para concretar una verdadera reforma. "O se enfrenta con mucha decisión y mucha voluntad política o se termina en una reformita", señaló a El País digital. Según Larrañaga, que aclaró que quiere analizar en profundidad el borrador, el nombre que se otorgue a las medidas "no hace mucho a la cosa". Y dejó planteada una interrogante: "Los funcionarios públicos son servidores públicos; que después un funcionario público sirva o no...".

En tanto, en los sindicatos públicos se mantiene la molestia por la forma en que el Poder Ejecutivo procesa esta reforma del Estado, lo que sostienen violenta la ley de negociación colectiva.

El dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Pablo Cabrera, dijo que los sindicatos públicos "no tenemos en mano el borrador" de reforma del Estado acordado por el gabinete ministerial. "Se lo entregaron a la prensa pero a nosotros no. Hay espacios formales que se deberían mantener y respetar", sostuvo.

Según Cabrera, "es hora de revisar las conductas y caminos que se tienen. Es preocupante la metodología con que se hacen las cosas desde el gobierno, lo que también tiene su importancia".

El gobierno citó para el próximo miércoles al Consejo Superior de Públicos (que incluye a todos los funcionarios estatales). "Se supone que ahí formalmente tendremos conocimiento" del documento, pronosticó Cabrera.

Las medidas que se anuncian en el borrador hecho público el viernes por el gobierno incluyen la prohibición que los funcionarios contratados pasen a ser presupuestados; establece definiciones sobre "omisión e ineptitud" (que junto con el delito son las causales de destitución para los funcionarios públicos) que se apliquen en todos los organismos del Estado; y crea niveles de responsabilidad en vez de grados y escalafones.

Las medidas también incluyen el rediseño integral de la carrera administrativa, con una nueva escala salarial donde el grueso de la remuneración refleje el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de responsabilidad asociado a ella.

El gobierno prevé identificar puestos de trabajo excedentarios, pero no se cesará al funcionario, sino que se le redistribuye, y cuando se jubile se eliminará el cargo vacante.

Mediante la simplificación de los vínculos laborales con el Estado, habrá una carrera administrativa presupuestada con funcionarios públicos, y contratos temporales que se regirán bajo normas de derecho privado, y que "no habilitarán bajo ningún concepto ingresar a la carrera administrativa, tampoco adquirir el carácter de funcionario público", expresa el documento.

Además, se creará un estatuto específico para los cargos políticos y de particular confianza, los que cesarán cuando el ministro que los designó deje su cargo.

La primera medida en el marco de la reforma se adoptará en agosto, obligando a los funcionarios a cumplir jornadas mínimas de 6 horas.